El expresident catalán, Carles Puigdemont, también se ha dirigido por escrito al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, para recurrir su auto de procesamiento. La defensa del político entiende que no puede ser acusado de un delito de malversación, como pretende el instructor tras la derogación del delito de sedición, pide que su caso quede en manos de un juzgado de Barcelona y acusa al juez de “excederse” en sus críticas a la reforma legal impulsada por el Gobierno. Puigdemont solicita que se levanten las órdenes de detención que pesan sobre él desde 2017.
Hace unos días el juez Pablo Llarena decidió aplicar la derogación del delito de sedición y los cambios en el de malversación, y modificó el procesamiento de Carles Puigdemont y el resto de líderes políticos catalanes que se encuentran en el extranjero. En el caso del expresident, el intructor lamentó tener que retirar la acusación por sedición, mantenía la de malversación, añadía la de desobediencia y se negaba a imponerle un delito de desórdenes públicos como sí defienden la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
La defensa de Puigdemont, ejercida por el letrado Gonzalo Boye, entiende en primer lugar que no puede ser acusado de estos delitos. “Mi representado, ni antes de la reforma ni después de esta podía ni puede ser acusado del delito de sedición, mucho menos del de rebelión (...) lo mismo ha de suceder respecto del delito de malversación: los hechos que se les imputan son, a lo sumo, inexistentes”, razona su escrito de 131 páginas.
El expresident recuerda argumentos expuestos en previas peticiones de archivo: la falta de competencia del Supremo para investigarle y juzgarle, la importancia de la resolución de los tribunales alemanes de no entregarle a las autoridades españolas y la existencia de “dos investigaciones paralelas” sobre los mismos hechos contra él y otros imputados.
Puigdemont también carga contra el juez Llarena al cuestionar su imparcialidad por la crítica abierta que, en su auto, hace a la reforma del delito de sedición impulsada por el Gobierno. “Una clara e indebida crítica hacia el Legislador hace ineludible su apartamiento definitivo”, justifica. Llarena, según este recurso, “se excede en sus funciones jurisdiccionales al entrar en una crítica inasumible al Legislativo con el cual se puede estar más o menos de acuerdo pero al que, desde el estrado, no se le puede criticar de esa forma”.
El resultado es una petición por parte de Puigdemont para que Llarena levante las órdenes de detención nacionales e internacionales que pesan sobre él, y si no que remita una serie de cuestiones prejudiciales al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.