Carles Puigdemont ya ha presentado la petición de medidas cautelares ante la Justicia europea tras su detención en Cerdeña para recuperar su inmunidad. Los abogados del expresident de Catalunya han presentado el escrito ante el Tribunal de Justicia, que a finales de julio había dado por suspendidas las euroórdenes en tanto se decidía sobre las cuestiones prejudiciales solicitadas por el Tribunal Supremo en relación con el caso del ex conseller de Cultura Lluís Puig.
En aquel fallo del Tribunal General de la UE de finales de julio, Luxemburgo decidió mantener el levantamiento de la inmunidad de Puigdemont, cosa que había decidido en marzo el pleno del Parlamento Europeo. Contra aquella decisión de la Eurocámara, aprobada por el 57% de los votos, Puigdemont y los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí presentaron sendos recursos ante la Justicia europea. Inicialmente, el tribunal con sede en Luxemburgo concedió una suspensión cautelar de la decisión del Parlamento Europeo y les devolvió la inmunidad.
Sin embargo, en el fallo sobre las cautelares, el vicepresidente del Tribunal General concluyó, en la línea de lo argumentado por la Abogacía del Estado en sus alegaciones, que había que mantener levantada la inmunidad, en tanto que daba por suspendidas las euroórdenes por las cuestiones prejudiciales planteadas por el instructor, el juez Pablo Llarena, y descartaba que los eurodiputados pudieran ser detenidos.
Pero todo eso saltó por los aires hace una semana, cuando Puigdemont fue detenido en Cerdeña por la policía italiana como consecuencia de que el Supremo mantenía activas las euroórdenes y en contra de lo alegado por la Abogacía del Estado y de lo previsto por el TGUE en su fallo de julio.
Y, precisamente en esa contradicción entre lo alegado por la Abogacía del Estado en nombre del Reino de España, lo fallado por la Justicia europea en la misma línea y las actuaciones contrarias del Supremo y su instructor, el juez Llarena, que este jueves presentaba un escrito ante la Justicia italiana en el que insistía en que la orden europea de detención que pesa sobre él no estaba suspendida por la existencia de una cuestión prejudicial pendiente de resolver.
Llarena recuerda que él en ningún momento ha puesto freno a esta orden de detención. “Tras la presentación de la Cuestión Prejudicial, este magistrado instructor, en ejercicio de la potestad jurisdiccional recogida en la Recomendación 25, no ha emitido ninguna decisión que modifique o que suspenda la medida cautelar”, recuerda en esta comunicación. Entiende también que el expresident catalán no está protegido por ninguna inmunidad parlamentaria: “El Parlamento Europeo retiró la inmunidad a Carles Puigdemont por decisión de 8 de marzo de 2021”, recuerda.
Por su parte, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, explicaba este viernes en Twitter: “Tal cual anunciamos el sábado 25, y una vez comprobado que no existe voluntad por parte del juez Llarena de garantizar los derechos de los eurodiputados Puigdemont, Comín y Ponsatí, hoy [por este viernes] hemos presentado una solicitud de medidas cautelares, que no cautelarisimas. Esta petición, por su proceso de tramitación y duración, no afecta a la vista señalada para el próximo lunes ante los tribunales italianos toda vez que debería darse traslado de la misma tanto al Parlamento Europeo como al Reino de España para que se pronuncien al respecto. En la anterior ocasión en que solicitamos tales medidas, el Reino de España indicó que no existía riesgo de detención lo que se ha demostrado incierto a la luz de lo sucedido la semana pasada en Alghero y de la comunicación emitida en el día de ayer [por el jueves] por parte del juez Llarena”.
Como explica Boye, la solicitud es de cautelares, no de cautelarísimas, lo cual afecta a la urgencia de la resolución. Es decir, las cautelares llevan más tiempo, por lo que el fallo de Luxemburgo al respecto de ellas debería llegar más tarde que el de la Justicia italiana sobre la euroorden.