Un Gobierno socialista, que cuenta con ERC como socio prioritario en el Congreso, presenta una ley de memoria histórica que es recibida con escepticismo y finalmente rechazada por parte de sus socios. Aunque lo parezca no es el año 2021, sino 2007, y a quien se dirige con tono bronco un Joan Tardà en su primera legislatura en el Congreso no es otro que a José Luís Rodríguez Zapatero. “Que no se engañe el señor presidente, hoy ausente, con su texto ha condenado a una segunda muerte a las víctimas del fascismo y, atendiendo a las referencias contenidas en su discurso de investidura, me parece, francamente, muy, pero que muy deplorable”.
Han pasado 14 años de aquel episodio y Joan Tardà, hoy ya retirado de la primera línea de la política, sigue encargándose de todo lo referente a la memoria. El Gobierno ha presentado una nueva ley que está en trámite en el Congreso con el objetivo de ampliar el reconocimiento y protección de las víctimas de la dictadura. Pero la nueva norma sigue sin convencer a Esquerra, que presentó una enmienda a la totalidad y 65 parciales. No han sido los únicos. Unidas Podemos también tiene diferencias con el texto, que ha prometido “mejorar” en el cauce del Congreso, al igual que Bildu, la CUP, el BNG, Junts y el PDeCAT. Entidades memorialistas como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica también reclaman cambios.
Los republicanos destacan como uno de los grupos más beligerantes en esta materia y se han mostrado dispuestos, incluso, a no apoyar la ley, como ya hicieron en 2007, si no se modifican algunas cuestiones de calado. “Preferimos dejar la herida abierta a blanquear lo que se hizo en la Transición y seguir sin declarar ilegal la dictadura”, explica Tardà en declaraciones a elDiario.es. El exdiputado no tiene empacho en calificar el texto actual de “fraude” porque, a su juicio, apenas cambia la anterior norma.
“El proyecto que ahora presentamos da continuidad a aquella ley, introduciendo mejoras”, afirmó el ministro Félix Bolaños para presentar el nuevo texto ante el Congreso. El Gobierno destaca que la nueva norma dará un impulso a las exhumaciones, creará una Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, así como un banco de ADN y registro completo de las víctimas. En el plano jurídico, la ley introducirá una condena explícita del golpe de Estado y la dictadura. En la Moncloa consideran que todos estos son avances importantes y plantearon a los republicanos hacer un encaje “equilibrado” entre sus demandas y el proyecto de ley.
De entre la cincuentena de enmiendas presentadas, dos cuestiones son de mínimos para ERC. Por un lado, consideran que debe declararse ilegal el régimen franquista, con todo lo que ello comporta, como la anulación de pleno de derecho de todas sus sentencias. “En el año 2007 ya tuvimos esta discusión”, rememora Tardà. “Se decía que valía con declarar las sentencias ilegítimas. Pero lo que ha pasado después es que los tribunales militares han rechazado revocar esas sentencias y, por lo tanto, lo que hay que hacer es anularlas, declararlas ilegales”, indaga el republicano, que pone como ejemplo ejecuciones como la de Julian Grimau o Puig Antich.
Vinculado a lo anterior, el segundo punto indispensable es la derogación de la Ley de Amnistía. “Estamos dispuestos a hacerlo más fácil: no hace falta derogarla entera, únicamente el artículo 2, que exime de responsabilidades a los altos cargos de la dictadura”, ilustra Tardà, para quien la ley pudo tener un encaje en el final de la dictadura, pero debió modificarse para incorporar los valores democráticos tras la aprobación de la Constitución. Sobre esta petición ha habido un amplio debate jurídico, desde la cuestión formal de si una norma ordinaria puede modificar el régimen penal hasta la más política, sobre si el problema es la ley en sí o su interpretación posterior.
Pero la pretensión de los republicanos choca de lleno con el Gobierno, que ya ha garantizado que no tocará de ninguna forma la Ley de Amnistía. Para el PSOE esta norma forma parte del pacto de la Transición, al mismo nivel que la monarquía o el primer acuerdo constitucional, y por lo tanto la considera intocable. Lo más lejos que ha aceptado llegar la Moncloa fue la enmienda que presentó el Partido Socialista junto a Unidas Podemos el pasado 17 de noviembre, en la que se apuntaba a la necesidad de una interpretación de la Ley de Amnistía conforme a los estándares democráticos internacionales. Un texto que sin embargo el Gobierno admitía que no cambiaba por sí mismo la ley de 1977.
Reclamaciones patrimoniales y víctimas hasta 1982
La pretensión de ERC de dar vía libre a la reapertura de casos judiciales de la dictadura y la transición se combina con la cuestión económica. El Gobierno ya ha previsto, gracias a la enmienda pactada entre el PSOE y Unidas Podemos, hacer una extensión sin precedentes en España de las indemnizaciones para todos los trabajadores forzados de la dictadura que levantaron, entre otras obras, el Valle de los Caídos. Pero ERC ve esta medida insuficiente y reclama que se abra la posibilidad de presentar reclamaciones patrimoniales ante los juzgados o instituciones análogas, es decir, que la propia ley habilite los mecanismos para asegurar el cobro de indemnizaciones.
Además, los republicanos entienden que estas compensaciones deben ir más allá y afectar a todo el conjunto de las víctimas. Y, junto a eso, una cuestión de enorme importancia para el partido es la devolución de bienes y patrimonio, tanto a los partidos políticos y sindicatos como a cualquier persona jurídica. Para estimar el gran alcance económico que esto podría tener, ERC recuerda que el Gobierno concedió a UGT cerca de 150 millones de euros en 2006, coincidiendo con una deuda del sindicato con el Instituto de Crédito Oficial. Tardà se pregunta por qué ese sindicato ha sido el único que ha tenido acceso a esa reparación, que reclama para todos, incluyendo su propio partido.
Por último, los republicanos exigen que la condición de víctima se extienda hasta más allá del año 1978 y llegue hasta 1982, cuando según ERC puede considerarse que España comenzó a vivir un régimen plenamente democrático. “La democracia no llegó de un día para otro y muchas de las personas que luchaban por la democracia en el año 75 también lo hacían en el año 79. ¿Acaso son por eso menos víctimas?”, se pregunta Tardà. El Gobierno, en cambio, es absolutamente renuente a considerar que pudiera haber víctimas una vez entró en vigor la Constitución.