Reguant defiende su negativa a contestar a Vox en el juicio al procés: “El fascismo no puede tener cabida en una sociedad justa”

El juicio contra la diputada de la CUP en el Parlament de Catalunya, Eulàlia Reguant, ha quedado visto para sentencia en el Tribunal Supremo con la Fiscalía pidiendo cuatro meses de cárcel para ella por negarse a contestar a las preguntas de los abogados de Vox durante el juicio al procés independentista. En su turno de última palabra, la parlamentaria ha afirmado que su negativa a contestar al partido ultraderechista, que ejercía la acusación popular, respondió a “la voluntad colectiva de señalar que aceptar la presencia de aquellos que niegan derechos fundamentales en el juicio era una declaración de intenciones por parte del poder judicial, era imposible obtener Justicia en aquel tribunal y aquel procedimiento”.

Su defensa ha solicitado su absolución mientras que el fiscal ha hecho definitiva su petición de cuatro meses de cárcel por un delito de desobediencia. Ella ha insistido en el turno de última palabra en que la defensa de Jordi Cuixart también pidió al tribunal la expulsión de Vox como acusación popular. “La respuesta siempre fue una negativa no argumentada”, ha reprochado.

Para Reguant, la presencia de Vox como acusación popular fue “una herramienta más del Estado para construir un juicio político, un elemento más del engranaje represivo del Estado contra personas que defienden el derecho de autodeterminación”, ha explicado. En un momento dado el presidente del tribunal ha cortado a la parlamentaria de la CUP, explicando que “este no es sitio para hacer un alegato de contenido político”.

Ha sido entonces cuando Reguant ha finalizado su última palabra antes de que el juicio quedara visto para sentencia: “Vamos a actuar en conciencia y defendemos el derecho a hacerlo y a desafiar la ley y las autoridades en la base de un sentimiento: el fascismo no puede tener cabida en una sociedad que se pretende justa, ejercer el antifascismo es la base de la democracia y ese es el nuestro argumento para hacer lo que hicimos”.

En su declaración, Reguant ha explicado por qué no contestó a las preguntas de la acusación popular que encarnaba Vox. “Asumir la presencia de aquellos que niegan derecho fundamentales es abrir la puerta, aquellos que no defienden derechos fundamentales es imposible que impartan justicia”, ha dicho a preguntas de su abogado Daniel Amelang. Contestar a sus preguntas sería, ha dicho, “legitimar a aquellos que hacen políticas en contra de la igualdad de género, de las personas, y va en contra de mis principios y valores”. Ha destacado que ella no habría tenido ningún problema en que las preguntas de los abogados de Vox se hicieran a través de una tercera persona como el presidente del tribunal o también otro de los letrados.

Su letrado ha explicado en su exposición final que el suceso protagonizado por Reguant en el juicio del procés no se corresponde con los cuatro requisitos de este delito de desobediencia que le atribuye la Fiscalía: que la orden del Supremo fuera expresa, que se hiciera dentro de sus competencias, que se hiciera revestida de formalidades legales y finalmente que la negativa de Reguant a obedecer fuera contumaz.  “La actuación de la acusada fue un ejercicio de la libertad de expresión y conciencia que no merece reproche penal alguno”, dicho.

“La existencia de ese mandato resulta cuanto menos dudosa. Ella creía fervientemente que responder a las preguntas de Vox podía suponer un menoscabo en su dignidad personal y el presidente de la sala no indagó más, en ningún momento se advirtió de las consecuencias del incumplimiento”, ha especificado el letrado.

“No tenía derecho a negarse a declarar”

El fiscal del caso Carmelo Quintana, después de oponerse a las cuestiones previas planteadas por el abogado de la defensa, ha hecho definitiva su petición de cuatro meses de prisión para Reguant por un delito de desobediencia. “No tenía derecho a negarse a declarar”, ha explicado tras afirmar que Vox era una “parte legítima” del juicio del procés y que, en todo caso, había que proceder “dentro de los cauces legales” pero no negándose a contestar a sus preguntas.

También ha afirmado el fiscal que la posición de la política de la CUP es “contradictoria” al tener en cuenta que en el juicio afirmó que no contestaba a los abogados del partido ultraderechista “asumiendo las consecuencias”. “Todos los elementos concurren”, ha dicho el fiscal para solicitar una condena por un delito de desobediencia grave a la autoridad judicial.

La autoridad a la que desobedeció, ha destacado el fiscal, fue el Tribunal Supremo, “el órgano jurisdiccional supremo en todos los órdenes”. Sucedió, además, en “un juicio relevante” y sus alegaciones fueron “de orden ideológico” y “no tenían ninguna consistencia”, según el representante del Ministerio Público.