La renta mínima catalana alcanza a menos de la mitad de las familias en pobreza severa

La renta mínima catalana, aprobada en 2017, sigue lejos de llegar a todas las familias vulnerables de Catalunya. En un último informe encargado por el propio Departamento de Economía de la Generalitat se constata que la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) alcanza el 40% de los 285.196 hogares que están sumidos en una situación de pobreza severa. 

Por otro lado, el informe, que ha sido elaborado por el Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (Ivàlua), también llega a la conclusión de que esta renta sirve a sus beneficiarios para salir de su situación de pobreza o mitigarla. Esto ocurre en el 66% de los casos, constata la evaluación. 

En el capítulo de recomendaciones, Ivàlua propone que para llegar al total de las familias pobres debería empezar por modificar algunos requisitos para dar acceso a la prestación. Por ejemplo, hacerlo compatible con la actividad laboral. Además, propone que se facilite la tramitación conjunta de esta ayuda con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) estatal. 

La evaluación del diseño ha revisado si la prestación es adecuada para atender y cubrir las necesidades económicas de la población en severa pobreza. Se han realizado estimaciones a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2020 y 2021. Por su parte, la evaluación de la implementación ha revisado el funcionamiento del RGC para el período de enero de 2020 hasta abril de 2022. 

Los resultados de esta evaluación, encargada por el Área de Evaluación Económica de Políticas Públicas de la Dirección General de Presupuestos de la Generalidad de Catalunya, tienen como objetivo proponer al Departamento de Derechos Sociales ajustes que podrían incorporarse para mejorar la prestación social así como el acceso a las personas que lo necesiten. La evaluación tiene el objetivo de analizar si el diseño y la implementación de esta política de enero de 2020 a abril de 2022 son los adecuados para atender a los hogares vulnerables y revertir la situación de pobreza severa de sus beneficiarios, promoviendo a su vez su autonomía y participación activa en la sociedad.

En 2020, 285.196 hogares se encontraban en pobreza severa. Este conjunto representa el 9,32% de los hogares en Catalunya, un porcentaje muy similar al del 2021 (9,55%). De éstas, menos de la mitad son elegibles para recibir la renta garantizada. De entre el conjunto de hogares elegibles, un 95,77% eran pobres severos en 2020, y un 84,93% en 2021. Es decir, la gran mayoría de las personas que reciben la prestación, la necesitan. 

Sin embargo, la prestación no garantiza el mismo nivel de protección para todos los hogares perceptores: la gran mayoría de los hogares de tres o más miembros no salen de la situación de pobreza severa después de recibir la prestación.

La prestación no llega al conjunto de hogares en severa pobreza, según el informe, por el carácter restrictivo de los requisitos, especialmente por la incompatibilidad de la prestación con la actividad laboral, y la definición de los umbrales de ingresos. Se muestra insuficiente para los hogares de más de 3 miembros que no abandonan la situación de pobreza severa a pesar de percibir la prestación. 

Además, desplegar totalmente el Ingreso Mínimo Vital (IMV) representaría un ahorro presupuestario de la renta garantizada muy significativo, dice el informe.

Asimismo, se identificó un incremento relevante del número de solicitudes y hogares perceptores entre los años 2020 y 2021 por el efecto de la pandemia, pero luego se estabilizó en 2022. Existe también un bajo volumen de suspensiones y extinciones. La mayoría de suspensiones son por motivos laborales y las extinciones debido a que la prestación lleva suspendida más de 12 meses.

Tras analizar el informe de Ivalua, el Departamento de Derechos Sociales comparte las propuestas de mejora y reclama de nuevo al Gobierno español el traspaso de la gestión y los fondos del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Desde hace tiempo, la Generalitat apuesta por la gestión integral del IMV y evitar así “el infierno burocrático” al que se está sometiendo a las personas más vulnerables. Aunque el Estado ha respondido siempre que el Govern no tiene competencias para gestionar el IMV, la Generalitat sigue defendiendo lo contrario.

En este sentido, el director general de Prestaciones Sociales, Valentí Arroyo, explica que con la propuesta que se les hace, desde la Generalitat se podría gestionar el IMV tal y como se hace con las Pensiones No Contributivas (PNC), sin tener que transferir el presupuesto. “En estos momentos no existen argumentos jurídicos para no suscribir el convenio propuesto. Por tanto se trata de una cuestión de voluntad política”, lamenta.

Arroyo recuerda que la renta garantizada coincide en finalidad, tipología de prestación y población objetivo con el IMV y sus requisitos son bastante similares y que, por tanto, “no tiene sentido hacer lo mismo desde dos administraciones porque al final quien sale más perjudicada es la ciudadanía que debe recibir estas ayudas y se les dificulta el procedimiento para solicitarlas”. Asimismo, pone de relieve que si se consiguiera una gestión íntegra y unificada con la renta garantizada y el IMV se mejoraría en eficiencia, ya que utilizaría la misma estructura y organización para gestionar ambas prestaciones, se disminuiría el tiempo de resolución de expedientes, pasando de los 356 días de media a los 100, y se optimizaría la información al ciudadano, ya que habría un único canal de gestión.