La decisión de Alicia Sánchez-Camacho, líder del PP catalán, de renunciar a la escorta de los Mossos d'Esquadra para encomendar el trabajo a la Policia Nacional ha levantado ampollas en las distintas formaciones políticas catalanas y sobre todo en la Generalitat, que interpreta el movimiento de Camacho como una voluntad de tensar las relaciones entre ambos cuerpos de seguridad. La dirigente popular comunicó sus intenciones en una carta enviada al conseller de Interior, Ramon Espadaler, en la que expresaba sus dudas sobre una policia cuyo director, Manel Prat -o al menos, su coche-, había sido visto frente a la sede de Método 3 justo antes de que se detuviera al director de la agencia, Francisco Marco, según informaciones aparecidas en la prensa.
La dirección de los Mossos d'Esquadra negaron inmediatamente, por medio de un comunicado, que el coche de Prat hubiera permanecido estacionado frente a la empresa de detectives, y lo corroboró horas más tarde el conseller de Interior, Ramon Espadaler, quien expresó de forma “explícita y clara” su confianza en Prat y reiteró que “no es cierto” lo publicado.
El conseller no dudó en calificar el giro de Camacho de un “uso político de la Policía”, por lo que pidió que “cuanta menos distorsión les pongamos encima, mejor iremos en conjunto”. Así adelantó que, por parte de la Generalitat, no añadirán “más leña al fuego” en las relaciones ya de por sí “complejas” entre los cuerpos de seguridad.
Más contundente se mostró el exresponsable de los Mossos d'Esquadra, ahora conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig, que consideró “una grave irresponsabilidad” que Camacho prescinda de los Mossos d'Esquadra para acudir a la Policia Nacional. Puig negó los hechos en los que se apoya la dirigente popular, y por eso aseguró que trata de hacer Camacho es “atacar las posiciones políticas” de Cataluña.
El polémico exjefe de los Mossos trató de desmontar también el segundo argumento que esgrimió Camacho para tomar la decisión. La líder del PPC incluía en su carta a Espadaler que, en su condición de senadora y presidenta del comité electoral del Partido Popular, necesitaba servicio de seguridad en sus desplazamientos por España, algo que la Generalitat le denegó en nueve ocasiones durante los últimos dos años. Sin embargo, Puig aseguró que “sabía que si quería protección [fuera de Cataluña] la podía pedir a la Policía Nacional, que tiene competencias en todo el resto del Estado”.
ERC y PSC se suman a las críticas desde la marcha contra el paro y la corrupción
Enmedio de la manifestación que este domingo recorrió las calles de Barcelona -y de otras ciudades del Estado- para protestar contra la falta de empleo, los recortes y la corrupción, los dirigentes del PSC y de ERC se sumaron a la tormenta de críticas hacia Alicia Sánchez-Camacho. Pere Navarro, primer secretario de los socialistas catalanes, afirmó que la líder popular practica “un discurso separador”, y aseguró que él nunca pondría en duda “la tarea de los cuerpos y fuerzas de seguridad”. A su juicio, lo que hay que desear es que “las personas que deban ser protegidas lo sean con la profesionalidad de siempre”, y ha agregado que poner en duda la tarea policial “no es una buena práctica para una responsable política”.
Por su lado, el portavoz de ERC en el Parlament, Oriol Amorós, lo calificó de “deslealtad institucional, no propia de un partido de gobierno”. Amorós, además, quiso recordar que precisamente el PP “ha tenido una actuación en lo que respecta al tema de las escuchas muy dudosa y, en todo caso, si de alguien se debería dudar es de la Policía Nacional”.