La jueza que investigó en primer lugar las causas del fallecimiento de un ciudadano francés en el Aeropuerto de El Prat el 14 de octubre de 2019 archivó el caso al constatar que se trató de una muerte natural por infarto sin relación con las protestas de ese día organizadas por Tsunami Democràtic.
La conclusión de la jueza que vio en primer lugar el caso se suma a la de los forenses que practicaron la autopsia, a los servicios de Emergencias que atendieron al hombre y a los Mossos d'Esquadra, y supone un revés a la tesis del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, quien más de cuatro años después de los hechos insiste en vincular el fallecimiento con las protestas.
“Muerte natural”. Estas fueron las conclusiones forenses definitivas sobre el fallecimiento del ciudadano francés por infarto, lo que llevó a la magistrada a archivar el caso un mes después al concluir que la muerte “no revistió caracteres de infracción penal”.
Tras más de cuatro años de tener abierta una causa propia sobre Tsunami Democràtic, el juez García Castellón, en plenas negociaciones sobre la amnistía, ha empezado a pedir datos sobre el muerto por infarto, pese a tratarse de un asunto prioritario en toda investigación al afectar a un fallecido.
Todos los documentos e informes que el magistrado ha pedido al juzgado de L'Hospitalet que investigó el caso, a los Mossos d'Esquadra y a los forenses han desmentido su hipótesis de que el muerto esté relacionado con las protestas, pese a lo cual el magistrado García Castellón ha insistido en ello en su petición de esta semana al Tribunal Supremo para que asuma el caso.
Forenses y médicos
Como muchas de las lesiones y fallecimientos que se tratan en los centros médicos, el Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) avisó al juzgado de guardia para que abriera una investigación sobre las circunstancias de la muerte del ciudadano francés en El Prat.
La muerte se produjo mientras el hombre estaba en el interior de la Terminal 2, cuyos accesos no se encontraban bloqueados por los manifestantes y los sanitarios pudieron acudir a atenderlo, si bien no pudieron salvarle la vida. Fue en el Hospital de Bellvitge, tras ser trasladado en helicóptero desde El Prat, donde se certificó su fallecimiento.
El primer examen forense ya fijó que se trató de una muerte natural por infarto, lo que confirmaron las pruebas complementarias que se hicieron entre octubre y noviembre de 2019. Todo ello llevó a la magistrada de L'Hospitalet a archivar el caso el 26 de noviembre de 2019.
En su auto de esta semana para que el Supremo asuma el caso, el juez discrepa de las conclusiones de la jueza y de los forenses. El magistrado García Castellón hace su propia interpretación de los dictámenes médicos, que son claros en determinar la “muerte natural” del ciudadano francés, y aboga por “esclarecer si el colapso del aeropuerto pudo intervenir de algún modo en el resultado letal”.
El movimiento del magistrado al incluir un muerto en el caso, coincidiendo con la recta final de las negociaciones entre el PSOE y Junts, generó dudas sobre si se podría incluir a los dirigentes soberanistas en la ley de olvido penal, si bien los partidos lograron salvar el obstáculo al dejar claro que los casos de supuesto terrorismo podrían ser amnistiados siempre que no tuvieran sentencia firme, como es la causa de Tsunami.
La Fiscalía rechaza la tesis del instructor y, en su recurso contra la decisión de García Castellón de imputar a Carles Puigdemont, señala que no es posible atribuir la muerte por infarto del ciudadano francés ni a los supuestos responsables de Tsunami ni a los participantes del bloqueo a los accesos al Aeropuerto.