Socialistas y republicanos han vuelto a mostrar su sintonía la víspera de reactivar la mesa de diálogo que pactaron antes de la investidura de Pedro Sánchez. Año y medio después de la primera reunión de ese órgano, pensado para buscar una solución al conflicto político en Catalunya, Junts ha estado a punto de torpedear el encuentro al plantear que la delegación del Govern estuviera formada por personas ajenas al mismo, entre ellos los indultados Jordi Turull y Jordi Sànchez y la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras. Era una condición inaceptable para Moncloa y también para ERC, que había renunciado a la presencia de Oriol Junqueras, y que ha evidenciado una vez más la división en la Generalitat.
“No permitiré que desaprovechemos esta oportunidad histórica”. Con estas palabras dio Pere Aragonès un golpe sobre la mesa este martes y optó por dejar a sus socios de Govern fuera del diálogo con el Ejecutivo central. Una decisión con la que el líder republicano trató de cortar de raíz la maniobra con la que Junts pretendía rebajar el perfil político del espacio de negociación, que este lunes había conseguido el máximo aval cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que acudiría en persona a Barcelona para presidirlo.
Ese guiño de Moncloa hacia sus socios republicanos le fue devuelto a Sánchez precisamente con la negativa de Aragonès a que se sienten en la mesa de diálogo dirigentes que no forman parte de su Govern. Los dos presidentes han acabado mostrando en esta crisis un compromiso con la mesa de diálogo como nunca antes. Y sus cesiones mutuas han conseguido blindar un encuentro que debe servir para reemprender el diálogo entre ambas instituciones pese a que la presión ejercida por Junts ha sido máxima.
La composición de los equipos negociadores había sido una incertidumbre durante las últimas semanas, tanto por parte del Gobierno central como de Junts. Los primeros habían despejado la mayoría de los nombres en los últimos días, pero faltaba la confirmación sobre si Sánchez acabaría acudiendo o no. Por su parte, Junts esperaba a conocer qué haría el presidente del Gobierno para definir su propia alineación. Este martes finalmente en un comunicado han dado a conocer sus elegidos: el vicepresident, Jordi Puigneró; la líder de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras; y dos máximos dirigentes del partido, Jordi Sánchez y Jordi Turull, ambos indultados y aún inhabilitados para ocupar cargos públicos.
Que fueran estos los nombres y, para más inri, conocerlos a través de la prensa, ha generado un enfado monumental en Aragonès y ERC. Tanto, que solo una hora después de trascender la decisión de Junts, fuentes de la Presidencia del Govern ya remarcaban que estos de ninguna forma serían los participantes que se aprobasen en la reunión del gabinete. Finalmente así ha sido y el propio Aragonès ha vetado los nombres que no fueran miembros del Govern, firmando un decreto que solo incluye consellers de ERC, aunque deja abierta la puerta a sus socios siempre que elijan consellers.
En Junts, sin embargo, rechazaron rápido la posibilidad de cambiar a los miembros de su equipo y optaron por dejar que fuera ERC sola la que asumiera el peso de la delegación. Sin embargo el secretario general de la formación evitó disparar directamente contra sus socios de gobierno y prefirió asegurar que se trataba de una condición del propio Pedro Sánchez. “La Moncloa nos ha vetado, ha vetado una parte de la delegación catalana”, denunció Jordi Sànchez, quien negó que esta situación abriera una crisis de gobierno con ERC.
Un día antes, Junts ya había intentado poner a Aragonès en jaque cuando le había exigido que, si Sánchez finalmente no acudía, él también plantase la mesa. Una petición que Junts lanzaba como un reto a sus socios, pues dejaba en manos del presidente del Gobierno la opción de hacer descarrilar la mesa antes de que comenzara. El equipo de Aragonès, sin embargo, evitó la polémica y finalmente su estrategia se vio confirmada cuando Sánchez anunció que efectivamente viajaría a Barcelona. Una vez superado ese primer escollo, la formación de Carles Puigdemont dio un paso más y designó a cuatro delegados de los cuales tres no forman parte del Ejecutivo catalán.
Sánchez pide no ponerse plazos
Moncloa ya había anticipado hace semanas que en la mesa esta vez solo podrían sentarse miembros del Ejecutivo. El gran temor en aquel momento era que ERC pretendiera incorporar a Junqueras, al estar fuera de la cárcel tras el indulto. El mensaje del Gobierno ha sido el mismo este martes. “Son mesas de trabajo de los gobiernos. Nos sentamos quienes representamos a los gobiernos”, ha verbalizado la portavoz, Isabel Rodríguez.
En el Gobierno son conscientes de los complicados equilibrios que tiene ERC en la pugna del independentismo y, en buena medida, los detalles sobre la mesa se han retrasado hasta que pasara la Diada, una fecha clave en Catalunya. Moncloa aplaude haber superado el órdago de Junts e intenta rebajar la presión. La portavoz evitó contestar a la pregunta de si la ausencia de una parte del Govern quita legitimidad a la mesa: “El presidente es la persona legitimada para elegir a las personas que le representan en estos trabajos”. “Un Gobierno lo representa su presidente, estamos interlocutando con el Govern”, precisan fuentes gubernamentales.
“Tenemos buena impresión. Aragonès lo está dando todo para que el diálogo continúe”, señalan fuentes gubernamentales. Aunque en Moncloa celebran la actitud de president, Sánchez ha intentado rebajar las expectativas sobre la reunión de este miércoles. “Después de lo que ha ocurrido hoy tenemos claro que el diálogo va a ser largo”, ha expresado en la sesión de control en el Senado. “No nos pongamos plazo y menos aún dos años porque lo que ha ocurrido en diez años no lo vamos a arreglar en dos”, ha dicho sobre la intención de ERC de que en 2023 haya frutos.
El planteamiento de ERC es que la mesa culmine en la celebración de un referéndum de autodeterminación pactado con el Estado. Sin embargo, es una línea roja para los socialistas. “Su programa de máximos ya lo conocemos, es la autodeterminación y la amnistía, pero debemos avanzar”, ha contestado Sánchez a la senadora de ERC Mirella Cortès la víspera de sentarse con Aragonès antes de que las delegaciones empiecen los trabajos. “Vamos a sentarnos y vamos a hablar de las cosas en las que nos podamos sentir más cómodos”, ha apuntado el presidente.
En el Ejecutivo son conscientes de las dificultades de llegar a un acuerdo global con la Generalitat y más en un momento en el que uno de los socios del Govern ha mostrado su escepticismo sobre la política de diálogo emprendida por ERC y Moncloa. La intención de los socialistas es que la situación social en Catalunya se vaya desinflamando al ir alcanzando acuerdos puntuales en materia de infraestructuras o inversiones. “Este Gobierno ha levantado los peajes que ha sido una de las grandes demandas de la sociedad catalana en los últimos años”, ha dicho Sánchez en esa dirección.
Los equipos de Moncloa y el Palau seguían trabajando a última hora de la tarde del martes en los contenidos de la reunión. La intención de Sánchez es poner sobre la mesa la denominada Agenda del Reencuentro en la que ha recopilado 44 de las 45 exigencias que en los últimos años hicieron llegar a Madrid los presidentes Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra y que, a su juicio, “justifican” la existencia de un “conflicto político” entre Catalunya y el Estado. En esa propuesta se engloba la ampliación del aeropuerto de El Prat que el Gobierno paralizó la semana pasada ante las “desavenencias” en el seno del Govern tras haberlo pactado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, con el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró. En principio el Ejecutivo deja fuera ese asunto, pero fuentes gubernamentales sostienen que se abordará si la delegación de la Generalitat lo saca.