Toda la voracidad para saquear se ha convertido en lentitud cuando ha tocado devolver el dinero. Un juez de Barcelona investiga a los expoliadores del Palau de la Música, Fèlix Millet y Jordi Montull, por ocultar ingresos para eludir el pago de las indemnizaciones al auditorio. Es la segunda causa abierta a Millet y Montull por el mismo motivo. En esta nueva investigación se les han sumado sus hijas, Laila y Clara Millet, y Gemma Montull –también condenada pero que nunca ha llegado a entrar en prisión– así como su madre, Mercè Mir.
El del Palau es el mayor caso de corrupción de la historia de Catalunya hasta la fecha. Afectó a una de las instituciones más emblemáticas de la burguesía catalana, y al todopoderoso Fèlix Millet, expresidente del auditorio y heredero del selecto club de patricios barceloneses. Además del expolio, la Justicia certificó que el Palau fue la cañería a través de la que Convergència ingresó comisiones ilegales de Ferrovial a cambio de obra pública.
La causa del Palau también muestra que la sentencia firme de un caso no es ni mucho menos su final. Empieza entonces la denominada fase de ejecución, en la que se llevan a la práctica las condenas firmadas sobre el papel. En los casos de corrupción, es el momento de que los condenados devuelvan el dinero saqueado y paguen las correspondientes multas a Hacienda, si no lo han hecho ya antes. El del Palau de la Música es un ejemplo práctico de las dificultades que puede encontrar un tribunal para cerrar definitivamente una causa.
La fase de ejecución del caso Palau, iniciada hace dos años, ha sido un campo de minas. Para empezar, la liquidación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ha impedido recuperar los 6,6 millones de euros que el partido cobró en comisiones ilegales de Ferrovial a través del auditorio. La Justicia ha descartado por ahora que Junts devuelva las comisiones ilegales cobradas por Convergència.
La otra pata del expolio tampoco está siendo fácil de recuperar. El antiguo mandamás del Palau y su segundo también han traído de cabeza a la Justicia para intentar recuperar el saqueo de 23 millones que perpetraron al auditorio y dedicaron a gastos personales, viajes de lujo y obras en sus casas. Ya se han vendido diversas fincas y quedan varias por subastar, pero el monto recuperado no alcanza todavía la mitad del expolio.
Pese a que desde 2009, cuando estalló el escándalo, Millet y Montull tienen los bienes embargados, la recuperación del saqueo está siendo difícil. Las negociaciones entre los condenados y el Palau para la devolución del expolio han fracasado. Hace unos meses, la Audiencia de Barcelona, encargada de ejecutar la sentencia desde que el Supremo la confirmara en 2020, descubrió que parte de los bienes de lujo embargados a Millet habían desaparecido y que Montull había declarado a Hacienda (pero no al tribunal) el alquiler de una vivienda pese a que antes había asegurado que su único sustento era su pensión de jubilación.
Ahora a ambos se les ha abierto una tercera causa por presunto alzamiento de bienes después de que la acusación del Palau de la Música, que ejercen los letrados Laura Parés y Marc Molins, haya descubierto que Millet y Montull habrían ocultado a la Justicia ingresos que obtendrían de alquilar a sus respectivas hijas viviendas de su propiedad que estaban embargadas.
En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez cita como investigados a los Montull para el próximo 16 de noviembre y a los Millet para una semana más tarde.
Los contratos de alquiler habrían dado a las hijas supuestos derechos de adquisición preferente cuando las casas fueran subastadas y además los alquileres se habrían pactado a precios más bajos para ralentizar las indemnizaciones al auditorio. Fuentes de la defensa alegan en cambio que Gemma Montull no ha obtenido beneficio alguno de ese alquiler y que en caso de haber querido comprar la casa todo el dinero también habría terminado en el Palau, ya que también tiene todos sus bienes e ingresos embargados para hacer frente a las indemnizaciones.
Aunque solo Gemma Montull fue sentenciada a una pena de cárcel (que logró eludir) por su papel más destacado en el saqueo, tanto las dos hijas de Millet como la esposa de Montull, ahora imputadas, también fueron condenadas a indemnizar al Palau por beneficiarse del expolio de sus familiares. Célebre fue el caso de la boda de Clara Millet, celebrada y pagada con dinero del Palau pese a que después su padre pidió la mitad del dinero a su consuegro.
Fiscalía pide dos años de cárcel para Montull
Millet y Montull, de 86 y 80 años respectivamente, permanecen en prisión desde junio de 2020 y constituyen dos de los presos de mayor edad del sistema penitenciario. La Generalitat concedió a Montull la semilibertad a finales del año pasado, pero la Justicia lo revocó. Antes de las nuevas pesquisas en el juzgado de instrucción 12 de Barcelona, los dos antiguos responsables del Palau, a quienes el Gobierno denegó el indulto, ya tenían abiertas dos causas por eludir la devolución del saqueo.
La de Millet por los bienes desaparecidos de su mansión todavía sigue en fase en instrucción, pero en la de Montull la Fiscalía ya ha presentado su escrito de acusación. Anticorrupción solicita dos años de cárcel para Montull y Mir por eludir la devolución del saqueo ocultando a la Justicia el cobro de 31.500 euros de alquiler de una de las fincas embargadas en la causa del expolio del auditorio.
La fiscal mantiene que Montull y su mujer decidieron alquilar la vivienda de El Masnou (Barcelona), propiedad de Mir desde 2001 pero cuyo arrendamiento se repartía el matrimonio, “sin poner en conocimiento” de la Justicia el cobro del alquiler. El matrimonio, según la acusación, tuvo “evidente intención de no hacer frente” a la devolución del saqueo del Palau, y por ello ocultó el alquiler de la vivienda “puestos de común y previo acuerdo y teniendo pleno conocimiento de las cantidades económicas a las que fueron condenados, y con evidente intención de no hacer frente a las mismas”.
“Con pleno conocimiento de que la finca estaba embargada y que ésta sería ofrecida en subasta pública”, agrega la fiscal, Mir firmó el contrato de arrendamiento de la vivienda advirtiendo al inquilino de la situación judicial de la casa. Desde enero de 2020 a septiembre de 2021 el matrimonio percibió un alquiler por valor total de 31.500 euros. El contrato se rompió a instancias del inquilino ante la subasta de la vivienda y de las sucesivas notificaciones judiciales que recibía.
La línea roja legal que según la Fiscalía traspasó Montull es que no puso a disposición de la Justicia los 31.500 euros que cobró de alquiler, pese a que sí lo hizo constar en su declaración de IRPF. En el mismo periodo en que no dijo nada del alquiler, Montull presentó un “plan de pago” a la Audiencia de Barcelona, desvelado por este diario, en el que se ofrecía a pagar al Palau 500 euros al mes para devolver su parte del saqueo de 23 millones. En ese plan Montull alegó que sus únicos ingresos provenían de su pensión de jubilación.
El dinero, para el Palau
Ahora la Fiscalía reclama que el matrimonio devuelva como indemnización los 31.500 euros cobrados como alquiler y que ese dinero vaya a la sección 10ª de la Audiencia de Barcelona, que juzgó el caso Palau, para que el auditorio pueda resarcirse del saqueo. Para Montull y Mir la Fiscalía pide dos años de cárcel y multa de 9.720 euros por un delito de frustración en la ejecución, y una pena alternativa de seis meses si la condena se impone por el mismo delito de alzamiento de bienes pero en su modalidad menos grave.
Por su lado, Millet está a la espera de si resulta procesado por el mismo delito tras la desaparición de varios objetos de valor que habían sido embargados para resarcir a la entidad cultural por el expolio. La Audiencia de Barcelona autorizó la entrada de peritos en la mansión de L'Ametlla del Vallès (Barcelona) donde vive Millet para tasar las 44 obras de arte que se le embargaron durante la instrucción de la causa y descubrieron que faltaba un piano de cola, un cabezal de cama del siglo XVIII, dos colmillos de marfil labrados y una decena de figuras de animales también de marfil.
Posteriormente, la defensa informó al juzgado de que había encontrado el piano y el cabezal de cama en la casa de la esposa de Millet, fallecida en 2018, y el exmandamás del Palau alegó ante la jueza que el resto de piezas le fueron sustraídas en un robo.
En el juicio del Palau, Millet y Montull delataron a Convergència, en un acuerdo con la Fiscalía para que les rebajara las penas por la confesión, y explicaron que la constructora Ferrovial pagaba comisiones de hasta el 4%, de las que el partido se quedaba un 2,5% y el resto Millet y Montull como intermediarios. Ahora no hay manta de la que tirar y para lograr un pacto con la Fiscalía tendrán que reconocer que eludieron la devolución del saqueo.