El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha recibido este jueves un segundo revés por parte de los magistrados de la Sala de lo Penal por haber ocultado pruebas clave a los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por conformar una supuesta organización terrorista.
Hace diez días el juez García Castellón ya recibió un tirón de orejas de los magistrados que revisan sus decisiones. Los jueces atendieron los argumentos de una de las defensas y le obligaron a entregar los autos por los que acordaba los pinchazos telefónicos del caso así como los archivos de audio originales “sin editar”, que hasta entonces había vetado a los letrados de Alerta Solidària.
Ahora la sección 2ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional da un paso más e insta directamente al juez instructor a proporcionar a las defensa el conjunto de la causa secreta de la que partió el caso de los CDR, tal y como había pedido el letrado David Aranda, que defiende a uno de los procesados.
Las defensas de seis de los trece CDR procesados pidieron la nulidad de la causa, iniciada formalmente en 2018, después de conocer que bebe directamente de una investigación judicial previa, abierta un año antes y que permanece bajo secreto de sumario desde entonces. El secreto implica que la causa solo la conocen el juez y el fiscal, y no las defensas. Es en esa causa donde constan los indicios que motivaron las intervenciones telefónicas de los procesados, una de las principales pruebas del caso.
Los letrados argumentaron que el no haber tenido acceso a la investigación judicial secreta de la que deriva el caso merma su derecho a la tutela judicial efectiva y su derecho de defensa, ya que no saben los motivos que llevaron al juez a acordar los pinchazos telefónicos y el resto de medidas de seguimiento a los investigados. Sin embargo el juez García Castellón se había negado a proporcionarles la causa.
La resolución de los magistrados de la Audiencia Nacional es muy contundente contra el instructor. Su rechazo a facilitar a las defensas de los CDR la causa secreta, argumentan los magistrados, “vulnera” el derecho a la tutela judicial efectiva de los procesados reconocida tanto en la Constitución como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ninguna ley “justifica en modo alguno la práctica de ocultar parte de los elementos esenciales del proceso de investigación”, resuelven los jueces.
“La investigación a los procesados”, remarcan los jueces, “se inició palmariamente antes” del año 2018 mediante la causa secreta abierta en 2017. Este hecho provoca que se esté “ocultando toda la información” a los procesados, algo incompatible con la doctrina que exige “ineludiblemente” que los acusados tengan acceso a todas las diligencias instruidas en su contra.
No existe ninguna circunstancia que justifique “el ocultamiento a los procesados de ciertas diligencias”, pues según los jueces García Castellón “no razona” que entregar la causa secreta a las defensas provoque “una amenaza grave a los derechos fundamentales de otra persona o el menoscabo de la seguridad social”.
Es más, los togados afean al instructor que “se limite lacónicamente a declarar que las diligencias solicitadas se encuentran en estado de tramitación y secretas, a pesar de reconocer que el presente sumario [la causa de los CDR] tiene origen en una de dichas diligencias”.
“No puede justificarse –abundan los magistrados– que todavía subsistan diligencias sumariales a las que no tengan acceso [los procesados]”. Sin poder acceder a la causa secreto y al resto de pruebas vetadas por el instructor, argumentan los jueces, los CDR no pueden presentar la prueba de descargo que crean conveniente en el futuro juicio. La falta de entrega de la causa secreta a los procesados, concluye la Audiencia Nacional, incumple las disposiciones legales sobre derecho a la tutela judicial efectiva y genera “una palmaria indefensión” a los CDR.