El 6 de agosto de 1945 Estados Unidos lanzó una bomba nuclear sobre la ciudad de Hiroshima y, tres días más tarde, el 9 de agosto, lanzó una segunda sobre la ciudad de Nagasaki. En pocos días murieron más de 200.000 personas. En los años siguientes hubo muchas más víctimas mortales a consecuencia de las explosiones. Todavía hoy los hospitales de la Cruz Roja japonesa continúan atendiendo miles de supervivientes y de descendientes de esos supervivientes, ya que los efectos de la radiación se han transmitido a generaciones posteriores. En Hiroshima, después del 6 de agosto de 1945, el 90% del personal sanitario murió o quedó malherido; 42 de los 45 hospitales quedaron inutilizados... Aquella fue la única vez en que se han usado bombas atómicas contra la población civil, en el marco de un conflicto bélico.
Las armas nucleares actuales son entre 10 y 20 veces más potentes que las lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Por tanto, en caso de ser usadas, la catástrofe humanitaria sería mucho mayor.
Ante un panorama como el actual, en que el uso de armas nucleares no es descartable, es preciso recordar los diferentes informes de la Cruz Roja Internacional y de Naciones Unidas, y el trabajo de diversas conferencias internacionales que evaluaron los efectos humanitarios derivados de una explosión nuclear. De todo ello se concluyó que la explosión de una sola bomba nuclear sobre una ciudad provocaría una catástrofe humanitaria de tal magnitud que las infraestructuras sanitarias y de emergencia serían incapaces de atender a los supervivientes. Una situación aplicable incluso a los países con mayor grado de desarrollo. Si hoy explotase una bomba nuclear sobre una ciudad, gran parte del tejido de primeros auxilios ( hospitales, bomberos, organizaciones asistenciales) quedaría arrasado y, por tanto, no sería operativo. Una única bomba causaría esa situación dantesca. Es difícil concebir las consecuencias de la explosión de las 13.000 bombas que hoy en día constituyen el arsenal nuclear mundial.
Pruebas nucleares
La realización de pruebas con armas nucleares también ha tenido un impacto negativo sobre la población de la zona afectada y su entorno medioambiental. Los estados armados nuclearmente, salvo Israel, han querido probar sus armas con el doble objetivo de evaluar sus efectos y de demostrar una posición de fuerza ante sus rivales políticos y militares. No tuvieron ningún escrúpulo en exponer la población a los efectos directos de la radiación, a contaminar sus hogares y fuentes alimentarias y a dejar cantidades sustanciales de radionúclidos de larga vida bajo tierra y bajo el mar. El número total de pruebas se eleva a 2.055, de las cuales 1.032 fueron realizadas por Estados Unidos, 715 por la URSS, 210 por Francia, 45 por el Reino Unido y 45 también por China. India, Pakistán y Corea del Norte, menos de 10 pruebas cada uno de ellos.
Los daños para los habitantes y el medio se concretan en desplazamientos forzosos de la población, contaminación radioactiva de la tierra –subsuelo, acuíferos, mar, fauna, flora...– y consecuencias en la salud. Estas últimas pueden ser enfermedades cardiovasculares, cánceres, malformación de los fetos, alteraciones cromosómicas que se transmiten a las generaciones siguientes, disminución de la esperanza de vida, alteraciones del sistema nervioso, envejecimiento prematuro, malformaciones faciales...
Consecuencias de una guerra a pequeña escala
Como han demostrado diversos estudios científicos recientes, la detonación de menos del 1% del arsenal nuclear mundial provocaría (aparte de las víctimas humanas inmediatas y los destrozos materiales) un cambio sustancial del clima global no restringido a la zona de explosión, sino que afectaría todo el planeta. La enorme cantidad de humo y hollín generada por los incendios derivados de la explosión en una zona urbana y poblada, reduciría la radiación solar en la superficie terrestre y, por tanto, también la evaporación. Bajarían la temperatura y pluviosidad y, como consecuencia, disminuiría la producción agrícola de todo el planeta y podría poner más de 2.000 millones de personas en situación de riesgo alimentario.
Consideraciones finales
La catástrofe humanitaria como consecuencia de los bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki ha sido un argumento fundamental del movimiento antinuclear. Con la actual pandemia de la COVID-19, el sistema sanitario ha sido sometido a una tensión extrema hasta el punto de que, en algunos países, casi ha colapsado. Es fácil de imaginar que este mismo sistema sanitario reducido en una buena parte de su personal y de sus infraestructuras, no podría hacer frente, en absoluto, a una emergencia como la explosión de una bomba nuclear sobre una ciudad. El cuerpo de bomberos y de emergencias también quedaría afectado de una forma similar. Si se añade la destrucción de infraestructuras como el alcantarillado, las vías de comunicación, el suministro eléctrico, de agua, gas, telecomunicaciones, etc. se llega a la conclusión que sería imposible hacer frente a las repercusiones de una explosión nuclear. Los efectos (sanitarios, económicos, sociales, laborales...) de la pandemia de la Covid-19 en una ciudad grande serían insignificantes comparados con los que se derivarían de una explosión nuclear. Cabe destacar que nos estamos refiriendo a la explosión de una bomba nuclear, pero hay más de 13.000 en el mundo. Y no parece improbable que en una guerra nuclear hubiera más de una explosión.
Es inmoral e inaceptable que haya estados que tengan esta capacidad de destrucción y de generar sufrimiento en la población. La solución es la eliminación y prohibición del armamento nuclear, que es el que regula el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, aprobado en 2017 por la Asamblea General de la ONU y en vigor desde enero de 2021, después de que 50 estados lo firmaran y ratificaran. El Estado español ni siquiera lo ha firmado y no parece que tenga la voluntad de hacerlo. Inadmisible.
Esta publicación forma parte del lanzamiento de la campaña '10 Razones para firmar el TPAN', que une a entidades de la sociedad civil a nivel estatal con el objetivo de que España se adhiera al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN), que entró en vigor el 22 de enero de 2021.