¿Dónde está el límite en la negociación entre propietario e inquilino ante una subida de alquiler? A esta pregunta tendrá que dar respuesta una jueza de Barcelona, que este miércoles ha tomado declaración como imputados por un presunto delito de coacciones a dos arrendatarios y a dos activistas, entre ellos el portavoz del sindicato de inquilinos, Jaime Palomera, tras la denuncia de la propietaria de la vivienda en que residen. Ante la jueza, los investigados han negado que tanto en la negociación para intentar frenar la subida del 30% del alquiler propuesta por la propietaria como en la campaña de apoyo a los inquilinos se coaccionara a la dueña del piso.
Según han informado fuentes presentes en la declaración, los cuatro investigados han enmarcado su actuación en un mero conflicto entre propiedad e inquilinos para intentar rebajar la subida del alquiler planteada por la dueña. Sin coacción –delito que requiere de violencia o intimidación– de ningún tipo. De hecho, remarcan las mismas fuentes, en las reuniones para renegociar la subida del alquiler los inquilinos ni se reunieron con la propietaria, sino que lo hicieron con sus agentes inmobiliarios.
Fue frente a la sede de la inmobiliaria, mientras se celebraban las reuniones, que el sindicato y activistas del barrio de Gràcia celebraron concentraciones de apoyo a los inquilinos. En ningún caso, indican fuentes de la defensa, frente al lugar de trabajo o el domicilio de la propietaria, que al contrario que el sindicato ve una campaña de acoso en contra suya a raíz del conflicto por el alquiler. Ante la Ciudad de la Justicia de Barcelona se han concentrado este miércoles decenas de personas en apoyo de los investigados.
Al final la propietaria decidió no renovar el contrato y activar el desahucio de los inquilinos. El sindicato emprendió una campaña para evitar el desahucio e intentar que la propietaria –que tiene otras ocho viviendas– negociara un nuevo alquiler para los inquilinos. En el marco de esta campaña, la diputada de Unidas Podemos Irene Montero publicó en Twitter un vídeo de apoyo a los afectados en el que mencionaba con nombres y apellidos a la dueña del piso. La polémica tuvo lugar el 23 de octubre, poco antes de que arrancase la campaña electoral.
La familia de inquilinos, que cuenta con tres menores, vive en el piso de Travessera de Gràcia desde hace unos 12 años, aunque desde 2018 sin contrato. Aconsejada por la entidad de defensa de los inquilinos, esta familia ha permanecido todo este año en el piso abonando en el juzgado los 1.000 euros de alquiler de su contrato extinguido, y evitó el intento de deshaucio el pasado mes de octubre.
En paralelo, el sindicato realizó varias protestas contra la dueña alegando que se trataba de una multipropietaria que tenía más de cinco pisos en propiedad, asumiendo por ello que estaba haciendo negocio con la vivienda. En una entrevista en El País, la propietaria alegó no tenía que dar explicaciones a nadie sobre un piso suyo. “¿Qué importa los pisos que tenga, qué quieren, que se lo regale?”, se exclamaba.