Una jueza de Barcelona ha imputado al portavoz del sindicato de inquilinos, Jaime Palomera, y a otras tres personas por un presunto delito de coacciones a la propietaria de una vivienda, han informado a eldiario.es fuentes jurídicas. Además de a Palomera, las otras tres personas citadas a declarar como investigadas este miércoles son un activista de la Oficina Popular de Vivienda de Gràcia y los dos inquilinos que habitan ese piso.
El conflicto empezó cuando la propietaria planteó una subida del 30% del alquiler para renovar el contrato a la pareja peruana que reside en el piso. La pareja acudió al sindicato de inquilinos, que logró impedir el desahucio previsto para el pasado 23 de octubre. La pareja recurrió entonces al sindicato, que reclamó a la dueña poder negociar a la baja, sin éxito. Al final la propietaria decidió no renovar el contrato y activar el desahucio de los inquilinos, que vivían en el piso con su hijo menor de edad.
El sindicato emprendió una campaña para evitar el desahucio e intentar que la propietaria –que tiene otras ocho viviendas– negociara un nuevo alquiler para los inquilinos. En el marco de esta campaña, la diputada de Unidas Podemos Irene Montero publicó en Twitter un vídeo de apoyo a los afectados en el que mencionaba con nombres y apellidos a la dueña del piso. La polémica tuvo lugar el 23 de octubre, poco antes de que arrancase la campaña electoral.
La familia de inquilinos vive en el piso de Travessera de Gràcia desde hace unos 12 años, aunque desde 2018 sin contrato. Aconsejada por la entidad de defensa de los inquilinos, esta familia ha permanecido todo este año en el piso abonando en el juzgado los 1.000 euros de alquiler de su contrato extinguido.
En paralelo, el sindicato realizó varias protestas contra la dueña, que es funcionaria de la Diputación de Barcelona, alegando que se trataba de una multipropietaria que tenía más de cinco pisos en propiedad, asumiendo por ello que estaba haciendo negocio con la vivienda. En una entrevista en El País, la propietaria alegó no tenía que dar explicaciones a nadie sobre un piso suyo. “¿Qué importa los pisos que tenga, qué quieren, que se lo regale?”, se exclamaba.
El propio Palomera ha explicado en Twitter que la policía se ha presentado en su casa para notificarle la citación. “Me imputan un delito sin ninguna prueba”, ha expresado. Y ha sentenciado: “Nos quieren con miedo, pero seguiremos defendiendo el derecho a la vivienda como siempre: pacífica y alegremente. No nos callarán”.
“El hecho de que recurra a la vía penal responde a una voluntad de querer criminalizar los intentos de negociación del sindicato, no a hechos concretos”, sostienen desde el sindicato de inquilinos. Por su parte, Palomera ha declarado: “Nos quieren con miedo, pero seguiremos defendiendo el derecho a la vivienda como siempre: pacífica y alegremente. No nos callarán”.