El Sindicat de Llogaters de Barcelona y la Oficina d'Habitatge de Gràcia han conseguido parar un desahucio planificado para este miércoles en el barrio de Gràcia. Más de un centenar de personas se han concentrado a las nueve de la mañana delante del edificio donde residen los denunciados y, tras la llegada de la comitiva policial, se ha acordado parar el desalojo.
Los afectados, Juan y Lívia, son un matrimonio con tres hijos, uno de ellos todavía menor de edad. Son originarios de Perú, de donde llegaron hace 18 años. Llevan más de 12 años en su piso actual, cuyo primer contrato de alquiler era de cinco años a razón de 1.100 euros mensuales, pero durante la crisis consiguieron rebajarlo a 1.000 euros. Sin embargo, el contrato terminó el octubre del año pasado y para renovarlo la arrendadora del piso pedía un aumento del 30%.
La noche anterior a la fecha del desahucio, la portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Irene Montero, publicó un polémico vídeo en su cuenta de Twitter en el que pedía a la propietaria del inmueble, a la que citaba con su nombre y apellido, que negociara una solución para esta familia. Otros dirigentes de Unidas Podemos siguieron ese mismo camino. Montero ha explicado este miércoles en un hilo de Twitter intentando aplacar las críticas que la campaña hacia la propietaria la iniciaron porque “no hablamos de cualquier persona que alquila su segunda vivienda sino de un negocio” porque esta se dedica “al negocio inmobiliario”.
“La propietaria no quiso negociar: nos dijo que o pagábamos o dejábamos las llaves del piso”, relata Juan Hernández, el padre de la familia, de 57 años. El matrimonio intentó contactar con la propietaria por teléfono y correo electrónico, desde donde les remitió a la inmobiliaria, que no dio su brazo a torcer. Ante esta situación, Lívia y Juan contactaron con el sindicato de inquilinos y la oficina del barrio de Gracia, quienes han ayudado a la familia a llevar el caso.
Los afectados han estado realizando durante nueve meses una huelga parcial de alquiler, una práctica que según el Sindicat d'Habitatge consiste en seguir abonando la cantidad acordada en el contrato anterior a pesar de que haya terminado, como una muestra de voluntad a pagar. Sin embargo, ante la negativa de la propietaria a negociar un nuevo acuerdo, la familia ha decidido aplicar la huelga total de alquiler, es decir, dejar de pagar. “Hoy estamos aquí, oficialmente, por una situación de impago, pero esto no es así”, denuncia Juan Hernández.
Aumento de desahucios por parte de particulares
En el discurso posterior al paro del desalojo, los portavoces del Sindicat de Llogaters y de la Oficina d'habitatge de Gràcia han querido denunciar el aumento de casos de desahucios de pisos por parte de propietarios particulares. “Sabemos que los grandes fondos buitres fueron la punta de lanza en los aumentos de alquileres, pero quienes están manteniendo la burbuja son estos multipropietarios con nombres y apellidos”, resalta el portavoz del sindicato. “Muchas veces son más beligerantes incluso que los fondos buitres, ya que ni siquiera quieren sentarse a negociar”, añade el representante de la Oficina.
Este caso es singular porque la propietaria del piso trabaja en la Diputación de Barcelona. De acuerdo con varios de los manifestantes y miembros del sindicato, la funcionaria posee otros otras viviendas que también tiene alquiladas. “Se le debería caer la cara de vergüenza tener esa codicia cuando trabaja en el sector público”, opinaba una de las manifestantes, que también se ha visto afectada por un caso de desahucio.