Un hombre y una mujer se pasaron toda la tarde del jueves frente a la Delegación del Gobierno en Barcelona. Antes habían ido al Palau de la Generalitat. Su objetivo: intentar hablar con Pedro Sánchez, o que al menos el presidente del Gobierno viera la camiseta con la que Juanjo Álvarez denuncia desde hace 27 años que el asesino de su hijo anda suelto. La guerra contra la impunidad en el caso del asesinato de Pedro Álvarez libra ahora su última batalla. La familia ha pedido la reapertura de la causa que prescribirá definitivamente en septiembre de 2020.
Pedro Álvarez fue asesinado de un tiro en la cabeza disparado por el conductor de un coche que estuvo a punto de atropellarle a él y a su novia la noche del 15 de diciembre de 1992 en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Después se dio a la fuga en su Opel Vectra blanco. El principal sospechoso del caso fue un agente de la Policía Nacional de Barcelona, J.M.S. Fue detenido como el presunto autor de los hechos y permaneció en prisión provisional una semana, pero la falta de pruebas concluyentes llevaron a su puesta en libertad y al posterior archivo de la causa.
“Yo lo que quiero es que el caso se investigue, saber qué es lo que pasó esa noche. Y si fue ese policía, que lo cojan, pero yo no puedo decir al 100% que fuera él”, explica Juanjo Álvarez. Preguntado por si a día de hoy sabe algo sobre el principal sospechoso del caso, Álvarez se muestra rotundo: “Ni lo sé ni me interesa”. eldiario.es ha localizado a J.M.S., que ha declinado contestar a las preguntas de este diario. La familia del policía reitera su inocencia y recuerda que fue exonerado del crimen de Pedro Álvarez.
Las otras líneas de investigación que se siguieron en los 90 condujeron a un mismo callejón sin salida. La familia no logró hasta cinco años después del crimen que la investigación dejara de estar en manos de la Policía Nacional y que pasara a manos de la Guardia Civil. Juanjo Álvarez denuncia que permitir investigar el caso al mismo cuerpo policial al que pertenecía el principal sospechoso es uno de los motivos que ha impedido establecer una verdad judicial en torno al asesinato de Pedro y perpetuar la impunidad del crimen.
Este jueves el actual titular del juzgado de instrucción 4 de L'Hospitalet resolvió la última petición de la familia de reabrir el caso, formulada por el abogado Benet Salellas. El auto fue agridulce para la familia. En línea con el criterio de la Fiscalía, el juez consideró prescrito el caso para el policía J.M.S., si bien reconoció tener “dudas” al respecto. Igualmente con dudas, el instructor también ve prescrito el caso para cualquier autor del crimen que no fuera sospechoso o investigado del caso tras su reapertura en 1997.
No obstante, el juez sí ha pedido a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que digan “si sería viable” alguna diligencia de tipo biológica o química con las técnicas de investigación actuales que no existían en los noventa. Pero el juez rechaza practicarlas sobre la bala y la vaina halladas en la calle de L'Hospitalet donde asesinaron a Pedro Álvarez que continúan bajo custodia judicial ni sobre el Opel Vectra blanco del policía investigado, que el juez tilda de “inviable”. “Al menos el juez deja una vía de esperanza”, expresaba Juanjo Álvarez el jueves por la tarde, cuando se acababa de enterar del auto judicial.
Álvarez se muestra muy crítico con el criterio de la Fiscalía respecto a la prescripción del caso para el principal sospechoso. “La Fiscalía siempre ha sido renuente a la hora de investigar el caso de Pedro, en 1992 y ahora. ¿Tienen algo que esconder?”, se lamenta el padre del joven asesinado. Fuentes fiscales consultadas defienden que la solicitud de prescripción se ha formulado en estricta observancia de la ley tras un análisis riguroso y extenso del expediente judicial.
Las “dudas” que muestra el juez alrededor de la prescripción son la esperanza de la familia y el letrado Salellas para que la Audiencia de Barcelona estime su recurso contra el rechazo del instructor a reabrir la causa respecto al policía sospechoso. “Era casi imposible, pero el juez ha accedido a hacer algo en este caso. Hay mucho camino por recorrer, tenemos argumentos jurídicos y morales. La partida sigue abierta en la Audiencia de Barcelona”, asevera Salellas.
Portazos judiciales y políticos
Además de los portazos que ha recibido del sistema judicial, la familia de Pedro Álvarez tampoco ha hallado a lo largo de estos 27 años apoyo en políticos de todos los signos. La memoria prodigiosa de Juanjo Álvarez recuerda con claridad todas y cada una de las muestras de desdén por parte de Jordi Pujol, Heribert Barrera o el equipo del entonces alcalde Pasqual Maragall en los noventa, y ya en pleno siglo XXI de parte del president de la Generalitat, Quim Torra, y el presidente del Parlament, Roger Torrent.
Luchador nato, Juanjo Álvarez llegó a realizar una huelga de hambre en el año 1996 mientras pedía a los políticos que le escucharan. “Ningún político nos recibió nunca, siempre que hablamos fue en la calle, casi a escondidas”, rememora. A Jordi Pujol lo tuvo que ir a buscar en una ofrenda floral del 11 de septiembre frente al monumento de Rafael Casanovas. Obtuvo evasivas por respuesta del entonces president. Cuando Álvarez se concentró frente a la Delegación del Gobierno, el entonces delegado Ferran Cardenal “se fue a un partido amistoso del Barça y le dio el marrón a una chica muy joven de su gabinete que no se enteraba de nada”, rememora.
Cuando el caso de Pedro Álvarez llegó al Parlament en los noventa, la entonces consellera de Gobernación Maria Eugènia Cuenca dijo a la familia que no podían hacer nada al tratarse de un policía nacional el investigado. “Yo entonces salté, lo reconozco, ¿para qué tenemos aquí un Parlament si no me pueden ayudar con algo tan grave? Y Heribert Barrera [entoncs presidente de la Cámara] me dijo no 'te pongas así hombre'... ¿cómo quería que me pusiera?”, rememora Juanjo Álvarez
“A mi casa ningún político ha llamado nunca para interesarse del caso ni por nada”, tercia la madre de Pedro, Carmen Peso. Lo que sí recibieron durante los noventa Juanjo y Carmen fueron llamadas anónimas en su casa, que nunca fueron rastreadas pese a sus peticiones a las autoridades. Solo en 2016 el entonces teniente de alcaldía de Barcelona Jaume Asens abrió las puertas del Ayuntamiento a la familia y se reunió con la familia, para después aprobar una declaración institucional en el pleno que pedía la reapertura del caso. “Se hicieron la foto y punto”, lamenta Juanjo Álvarez.
En diciembre de 2018, Juanjo y Carmen registraron un escrito en la Generalitat y el Parlament para reunirse con Torra y Torrent. “Todavía estamos esperando a que nos respondan, igual están muy ocupados”, sentencia Juanjo Álvarez, que también recuerda cómo en septiembre del mismo año fue a un acto público en L'Hospitalet y habló con la actual delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, para agendar una reunión. “Nada más he sabido de ella”, critica este vecino de la Verneda.
“Mientras las piernas y la cabeza funcionen, no voy a rendirme. Y el día que falte, al menos habremos sembrado la semilla para que la gente siga peleando el caso de Pedro. Las batallas a lo mejor las perdemos, pero la guerra de denuncia social de los abusos del poder no nos la puede quitar nadie y la hemos ganado”, concluye Juanjo Álvarez mientras los Mossos d'Esquadra le indican a él y a Carmen Peso que deben abandonar la esquina frente a la Delegación del Gobierno ante la salida de la comitiva presidencial. No podrán ver a Pedro Sánchez, pero pese a todos los motivos para haber perdido la esperanza, Juanjo y Carmen mantienen su objetivo de encontrar justicia por el asesinato de su hijo.