La jornada del 1 de mayo va camino de convertirse en otro examen sobre la supervivencia de los derechos de reunión y manifestación en estado de alarma. Sindicatos minoritarios y entidades sociales han comunicado a la Delegación del Gobierno su intención de realizar una concentración de un máximo de 50 personas y con las medidas de seguridad adecuadas en la plaza de Sant Jaume de Barcelona con motivo del Día de los Trabajadores. A la espera de recibir el aval o el rechazo de la Delegación del Gobierno, los Mossos d'Esquadra ya han advertido de que levantarán acta de denuncia si se termina produciendo la concentración.
Colectivos como los sindicatos IAC, la CGT Enseñanza o la COS, el Sindicato de Inquilinos, la Marea Pensionista, Lluita Internacionalista o la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Catalunya (FAPAC) han pedido a la Delegación del Gobierno celebrar una concentración reducida –de 50 personas, todas ellas representantes de los convocantes– con motivo del 1 de mayo al mediodía en la plaza de Sant Jaume, sede del Ayuntamiento y de la Generalitat.
Según han dicho los convocantes en una rueda de prensa este miércoles, la Delegación del Gobierno todavía no ha contestado si permite o no la concentración, que de poder celebrarse sería la única en toda España después de que la Justicia vetara una marcha del 1 de mayo en Galicia. Los sindicatos mayoritarios, CC.OO. y UGT, han optado este año por una jornada de reivindicación virtual ante la imposibilidad de celebrar manifestaciones multitudinarias.
Pese a que debido al estado de alarma la Generalitat ha perdido la competencia para autorizar concentraciones, los Mossos d'Esquadra han avisado de que, si se produce la concentración del 1 de mayo en Sant Jaume levantarán acta de denuncia a las personas asistentes y actuarán con “congruencia, oportunidad y proporcionalidad”. “Lo que es seguro es que levantaremos un acta a todas las personas que estén”, han indicado fuentes del departamento de Interior a la agencia Europa Press.
El anterior intento de celebrar una concentración reducida y con guantes y mascarillas terminó siendo inviable. El departamento de Interior de la Generalitat prohibió a Lluita Internacionalista celebrar una protesta de 30 personas frente al Parlament el pasado viernes en contra de la aprobación de los presupuestos. La entidad recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que terminó por no permitir la protesta no por una cuestión de fondo sino de forma, ya que la concentración se había comunicado a la Generalitat en vez de a la Delegación del Gobierno, que es el órgano competente para decidir sobre una concentración pública en virtud del estado de alarma.
Cabe recordar que en la vista, la Fiscalía, además del argumento competencial, se mostró partidaria de poder celebrar concentraciones reducidas y bajo estrictas condiciones de seguridad ya que, según argumentó el Ministerio Público, el estado de alarma no impide manifestarse. Por contra, la Generalitat de Catalunya defendió prohibir la expresión de los derechos de reunión y manifestación ya que, a su juicio, el estado de alarma solo permite la “libertad deambulatoria” de los individuos, no de grupos reunidos para protestar.