Los servicios mínimos de personal debido al estado de alarma y el aumento de muertes por el coronavirus ha llevado a una situación de colapso el registro civil de Barcelona y el depósito de cadáveres de la Ciudad de la Justicia de la capital catalana. Así lo constata el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en su acta diaria de evaluación de la crisis, a partir de los datos proporcionados por la Generalitat y el Instituto de Medicina Legal y Forense.
En un informe, al que ha tenido acceso este diario, la subdirección general de planificación de la administración de Justicia de la Generalitat revela que la sección de defunciones del registro civil de Barcelona no está practicando inscripciones de defunciones desde el pasado 17 de marzo ya que sus servicios mínimos se centran en expedir libros de familia y licencias de enterramiento debido a la “elevada carga de trabajo” que soportan.
El registro –que depende del poder judicial– incrementó sus servicios mínimos presenciales desde el 30 de marzo, pasando a cinco funcionarios en el turno de mañana y tres en el de tarde. Sin embargo, el personal en Barcelona no da abasto.
Esto se traduce en que no se inscriben los nacimientos de los recién nacidos –ni las que se intentan presencialmente ni las que llegan por comunicación electrónica desde los centros hospitalarios– sino que tan solo se expide el libro de familia, pese a que “en teoría”, reconoce la Generalitat, el orden es el inverso: primero registrar el nacimiento y luego otorgar el certificado del libro de familia.
Respecto a las defunciones, desde el pasado 17 de marzo no se inscriben los fallecimientos y solo se expiden las licencias para enterrar a los muertos debido al aumento de la carga de trabajo. Todo ello pese a que el Ministerio de Justicia, en su protocolo de cobertura de los servicios esenciales de los registros civiles, establece que, cuando sea necesario expedir licencia de enterramiento antes que inscripción de defunción, ésta debe practicarse “lo más rápido posible”.
Ante el “agravamiento” de la situación en el registro civil de Barcelona, la Generalitat ha propuesto al TSJC “valorar nuevas soluciones o alternativas para evitar el colapso de un servicio esencial”. La comisión de seguimiento del TSJC ha recogido la petición y ha concluido que es “indispensable” que de forma “efectiva e inmediata” el Ministerio implante los medios telemáticos necesarios para que esas inscripciones puedan ser formalizadas por los letrados de la administración de justicia y funcionarios que están confinados en su domicilio aunque disponibles para trabajar.
Por otro lado, la comisión del TSJC también ha constatado la “saturación” que presentan las neveras del depósito de cadáveres del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, con capacidad para albergar 176 cuerpos y que a día de hoy cuenta con 117 cámaras ocupadas, en su mayoría por cadáveres de muerte natural en vez de violenta pero con una previsión de que los nuevos ingresos superen a las salidas de cadáveres.
Como la mayoría de esas muertes son naturales, la Comisión ha pedido a los médicos forenses, a las Fiscalías competentes y a los jueces de instrucción de la provincia de Barcelona que “agilicen lo antes posible” los trámites para desjudicializar esos casos. El objetivo del acuerdo de la Comisión es evitar la “saturación” de las cámaras del depósito de cadáveres para procurar que las neveras queden reservadas para casos de muertes violentas.