Los polémicos métodos de Juli Carbó, el nuevo gurú del 'cohousing'

Cada vez que pasaba por delante del solar, a Fernando Pacheco le hervía la sangre. “Mi mujer y yo teníamos veintipocos años, invertimos en ese proyecto todos nuestros ahorros y nuestra ilusión”, explica este transportista de 41 años en una calle de Tarragona, frente al lugar en el que se iba a construir su casa. “Pero de un día para otro, el tipo que nos convenció a todos desapareció y nos dejó tirados”.

La historia se repite en términos similares en una decena de entrevistas. Algunos casos fueron hace 20 años, otros son actuales. Particulares que quieren comprar una casa invierten su dinero en un proyecto de vivienda cooperativa. Al cabo de unos años, sin haber terminado o incluso empezado las obras, la cooperativa quiebra y todo el mundo pierde el dinero invertido. El único beneficiado, apuntan los afectados, es siempre la misma persona: Juli Carbó y su equipo, que han cobrado por adelantado decenas de miles de euros por la gestión de un proyecto cooperativo que en diversas ocasiones se ha acabado yendo a pique. Él sin embargo asegura que en ninguno de estos casos se ha apropiado indebidamente de ni un euro.

La Federación de Cooperativas de Vivienda de Catalunya (FCHC, en sus siglas en catalán) alertó en 2003 de sus supuestas malas prácticas y la Generalitat, tras venderle terrenos para construir vivienda protegida en Tarragona, demandó en 2007 a lo que quedaba de su cooperativa para recuperar la finca tras el fiasco de una gestión que supuso la pérdida de todos los ahorros de decenas de familias humildes, como la del propio Pacheco.

El pasado julio ganó un concurso del Ayuntamiento de Barcelona para construir 27 viviendas de protección oficial en régimen de cesión de uso en el barrio de Trinitat Nova. “Cuando ganó el concurso en Barcelona la mayoría nos echamos las manos a la cabeza”, señala un antiguo directivo de la Federación de Cooperativas de Viviendas.

Carbó se había ausentado un tiempo después de la polémica en Tarragona y estuvo viviendo en Polonia durante años. Desde su vuelta, se presenta como uno de los impulsores de lo que ahora se llama cohousing. Consiste, a grandes rasgos, en viviendas gestionadas por una cooperativa en un régimen de cesión de uso.

Él y su equipo dibujan un discurso transformador, de vivienda ética, sostenible y con un modelo “autogestionado” y “democrático” que ha de permitir “resolver el problema de la vivienda” y “recuperar el suelo para los vecinos”. En los anuncios de sus charlas aparece el logotipo del Ayuntamiento de Barcelona. Le entrevistan en La 2, le citan en reportajes en El País y en el Ara y se le ha visto compartiendo cartel en conferencias con el actual presidente del grupo municipal de ERC en Barcelona, Ernest Maragall, cuando era eurodiputado. 

Sus métodos incomodan a las cooperativas que promueven el cohousing, un modelo de vivienda que el Ayuntamiento de Barcelona y otras entidades están promocionando como una alternativa al modelo tradicional. Numerosas organizaciones que impulsan proyectos de este tipo lamentan en privado que su irrupción en el sector de la vivienda ética les perjudica a todos. “Se aprovecha del discurso transformador de los que hacemos las cosas bien para ganar dinero”, afirma el impulsor de una cooperativa de la ciudad. 

elDiario.es ha entrevistado a diez pequeños propietarios que aseguran haber perdido decenas de miles de euros en proyectos liderados por Carbó a lo largo de 20 años. También ha consultado a media docena de expertos en vivienda cooperativa, que ponen en cuestión algunas de sus prácticas. Este periódico ha revisado, a su vez, documentación de diversos proyectos liderados por Carbó y grabaciones de sus reuniones con los socios de las cooperativas. 

De las entrevistas y la documentación revisada se desprende que la manera de funcionar de Cohousing Barcelona está lejos de los principios que dice representar. En primer lugar, la cooperativa está presidida por una fundación privada que está en poder de los propios directivos de Cohousing Barcelona, un aspecto que todas las fuentes consultadas consideran “inédito” e “irregular”. Todos los trabajos de gestión de los proyectos de la cooperativa se encargan a esta fundación.

Carbó atribuye este aspecto a un “error de registro” que se está subsanando y asegura que él no cobra ni de la cooperativa ni de la fundación. “Yo soy consultor de empresas y asesor fiscal, de ahí salen mis nóminas”, sostiene. Añade que los socios de la cooperativa son libres de elegir si la gestión de los proyectos se encarga a esta fundación privada o no. 

Carbó niega las afirmaciones que se hacen de él en este reportaje y lo atribuye a la “lucha de intereses” que hay entre las cooperativas de viviendas. “El pastel es tan pequeño que todos tenemos nuestros intereses”, asegura. “Cada vez que nuestra cooperativa obtiene algún éxito circulan cosas”, remacha.

El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, señala que el proceso de adjudicación de las 27 viviendas estaba liderado por un comité de expertos externos y que la propuesta de la cooperativa de Carbó es la que obtuvo el mejor resultado, especialmente en lo que refiere al proyecto arquitectónico y “sensibilidad ambiental”. Recuerda además que, como es habitual, la adjudicación se puede revocar en los casos que prevé la normativa. Sobre el uso del logotipo del consistorio en las charlas de Carbó, lo considera “inadecuado” y requerirá a la cooperativa que deje de utilizarlo.

Los problemas en Arenys

La nueva cooperativa presidida por Carbó, Cohousing Barcelona, también tiene en marcha dos promociones privadas de cohousing: una en el barrio del Poblenou y otra para gente mayor en Arenys de Mar (Barcelona), donde media docena de jubilados se han rebelado ante las presuntas malas prácticas de su equipo y la falta de transparencia de su gestión. Al menos cinco unidades familiares han abandonado el proyecto en el último año y están a la espera de recuperar su inversión. Tanto las familias que se fueron como las que se han quedado temen que su historia acabe como otras y terminen perdiendo los 45.000 euros que invirtieron cada una.

La Federación de Cooperativas de Vivienda, que agrupa a diez entidades de este tipo en Catalunya, ha abierto un expediente para estudiar el caso de Arenys y ha solicitado documentación a la cooperativa de Carbó antes de tomar ninguna decisión. “El caso se está estudiando y no podemos sacar conclusiones todavía”, se limita a responder Jordi Gálvez, presidente de la entidad.

Según un informe económico interno del proyecto de Arenys, la fundación de Carbó ha facturado a los jubilados más de 130.000 euros por su gestión cuando todavía no ha conseguido ni el permiso de obra para hacer los pisos. Carbó lo niega y dice que esta cantidad sale de “documentación incompleta y confidencial” e insiste en que es un “error de concepto”.

La misma documentación muestra que la fundación carga a los cooperativistas conceptos muy elevados -como por ejemplo 20.000 euros para hacer un vídeo promocional y captar nuevos socios para el proyecto-. También solicita en nombre de la cooperativa créditos a parientes de los directivos de la fundación a altos tipos de interés. Sobre estos préstamos, Carbó señala que su fundación costeará los intereses. En su informe económico, no obstante, figura una partida pendiente de 30.000 euros en concepto de intereses por préstamos.

En las grabaciones de las reuniones se percibe como se ponen trabas a los cooperativistas cuando piden determinadas informaciones de sus proyectos, a pesar de haberlos captado con un discurso de autogestión “mancomunada” y “democrática” donde en principio iban a tener el control de lo que sucedía.

“Ahora mismo no os voy a decir con qué banco estamos negociando el crédito”, se le escucha a Carbó decir a los cooperativistas de Arenys de Mar, ante las quejas de falta de transparencia. En conversación con este periódico, el presidente de Cohousing dice no haber pronunciado esta frase porque el proyecto aún está en una fase muy preliminar en la que no intervienen bancos.

Carbó también se niega a mandarles por correo electrónico la documentación que le solicitan los cooperativistas. “No voy a mandar nada. Si queréis ver los papeles, venid a Barcelona a la sede porque últimamente circulan muchos correos que llegan a los Ayuntamientos y se malinterpretan”, les responde, desconfiado. 

“Yo ya avisé en 2003”, recuerda Josep Miró, en ese momento presidente de la Federación de Cooperativas de Vivienda cuando la entidad alertó a la Generalitat de sus malas prácticas. “Él siempre quería cobrar primero antes de hacer nada y luego se quedaba sin el dinero necesario para acabar la promoción”.

20 años de polémicas

Carbó empezó en el mundo de las cooperativas de vivienda en los 90, presidiendo una entidad que surgió del movimiento vecinal llamada Port Font. Por aquel entonces el modelo de cohousing no estaba extendido y sus promociones estaban diseñadas de otra forma: una vez pagados los pisos, se disolvía la cooperativa y los socios retenían la propiedad de los inmuebles. Ya en esa época, su gestión causó controversia y, según diversas fuentes, se le acabó expulsando de Port Font. “Utilizaba el dinero de la cooperativa para hacer otras cosas”, recuerda una de las personas que compartió la gestión con él.

El relato de Carbó sobre lo ocurrido es totalmente distinto: “Me fui porque me negué a crear puertas giratorias con los partidos políticos que formaban parte del consejo”, se defiende en conversación telefónica. “A veces va bien cargarle a alguien el muerto cuando todos tenemos muertos en el armario”. Carbó recuerda que la propia Port Font fue condenada en 2011 por el TSJC por actuar como falsa cooperativa cuando tenía una “estructura de Sociedad Limitada”, según afirma la sentencia. 

Después de Port Font, Carbó fundó la cooperativa Ítaca Habitatges, que desembarcó con varias promociones en la zona de Tarragona. Buena parte de los proyectos eran en terrenos públicos -propiedad del Incasol, el instituto catalán del suelo dependiente de la Generalitat- y tenían como objetivo la construcción de viviendas de protección oficial en barrios desfavorecidos.

En la primavera de 2001, 17 familias del barrio de Campclar, en Tarragona, denunciaron a Carbó por una presunta estafa en su gestión de la cooperativa. Se sentían víctimas “de un entramado de empresas societarias” y le acusaban de cobrar por sus trabajos antes de hora. También denunciaban que encargó las obras a dos constructoras de las que él mismo era socio. La denuncia fue finalmente sobreseída.

En 2003 se repitió una situación similar en el barrio de Sant Ramón, también en Tarragona y también con terrenos públicos del Incasol. Más de 30 familias de clase trabajadora que habían invertido todo su dinero -unos tres millones de pesetas (18.000 euros) por unidad familiar- vieron cómo la cooperativa quebró sin que apenas se hubiera construido nada. De nuevo, las obras se habían encargado a una sociedad limitada de la que Carbó era socio.

“Siempre nos daba largas, pasábamos por delante del solar y ahí no había nadie trabajando”, recuerda Cristina Tudela, administrativa de 46 años. Ella también perdió todo su dinero en el proyecto, donde en principio se iba a construir el piso en el que se instalaría después de casarse. “Ninguno de nosotros teníamos conocimiento sobre el tema, éramos jóvenes y no era como ahora que hay mucha información en internet”.

Tanto Tudela como Pacheco, dos de los afectados por esta promoción, recuerdan cómo Carbó les convenció. “Al principio era muy amable, muy campechano y encantador”, explicaban en una entrevista en Tarragona con elDiario.es. “Cuando las cosas se complicaron, la actitud cambió y las reuniones de la cooperativa se convirtieron en un gallinero”.

Según Carbó, lo que ocurrió en esa promoción fue que gente de su equipo “gastaba más de lo que realmente se hacía” y cuando lo detectaron, la cooperativa quebró. “Lamento mucho lo que ocurrió con estas familias”, afirma. “Se hubiese podido solucionar continuando la promoción y acabando de captar a todos los socios”.

El 14 de febrero de 2003, las secretarias de Ítaca Habitatges en Tarragona llamaron a los socios de la cooperativa por teléfono. Estaban nerviosas. Les habían dado instrucciones de destruir toda la documentación y llamaron a los cooperativistas para que acudieran a rescatarla, según explican distintos afectados. Los cooperativistas acudieron a la sede, firmaron entre todos un acta improvisada y se llevaron todo lo que pudieron. Ítaca Habitatges acababa de quebrar y no vieron nunca más a Carbó, que fue inhabilitado para gestionar la entidad.

Desde el Incasol han rechazado hacer comentarios para este reportaje y han recordado que pusieron una demanda en 2007 para recuperar la propiedad del terreno de Sant Ramón. Finalmente llegaron a un acuerdo en el que la cooperativa se comprometía a velar para que en los terrenos se acabara haciendo vivienda protegida. 

El terreno no se vendió hasta 2018, cuando otra promotora lo adquirió por 400.000 euros. La empresa acabó haciendo las viviendas y los cooperativistas que invirtieron su dinero hace 20 años no han recuperado ni un euro. Ahora los pisos están acabados y empiezan a llegar los primeros vecinos ante la estupefacción de los que invirtieron su dinero dos décadas atrás. “Cada vez que paso por delante pienso en la oportunidad perdida, en todo lo que nos hizo sufrir”, señalaba Tudela mirando el edificio.

Los años en Polonia y el regreso a Barcelona

Carbó se fue a Polonia después de los fiascos en la zona de Tarragona, donde se dedicó a sus negocios. Allí impulsó el casal catalán y acompañó a delegaciones oficiales polacas en visitas a ciudades de Catalunya. En septiembre de 2014 acompañó al alcalde de Jaroslaw y a su teniente de alcalde en una recepción en el Ayuntamiento de Vic. También colaboró en la organización de charlas con el Instituto Cervantes en Varsovia y con la cámara de comercio polaco-española.

Según el registro mercantil español, tiene 22 cargos activos y 20 históricos en 30 sociedades que se dedican a todo tipo de actividades: elaboración de vinos, agencias de colocación, construcción de edificios, compraventa de inmuebles, comercio al por menor, actividades de impresión y artes gráficas, contabilidad, estudios de mercado y realización de encuestas, elaboración de comidas para eventos…

No fue hasta 2016 que Carbó, ya de regreso, fundó Cohousing Barcelona con algunos socios, entre los que figura el abogado Miguel Borrego, concejal en Canet de Mar de Units per Avançar -formación que se presentó en coalición con el PSC y de la que forma parte el teniente de alcalde de Barcelona Albert Batlle-. Borrego es secretario y patrono de la fundación que preside la cooperativa y que factura los trabajos. La Fundación asegura impulsar “proyectos por el bien común y la economía solidaria” con el objetivo de hacer posible la “fraternidad”.

A pesar de las quejas que su gestión había generado lustros atrás, la nueva entidad de Carbó se unió de nuevo a la FCHC. Preguntados por este aspecto, desde el consejo rector de la entidad en esa época responden que toda la documentación estaba en regla. Añaden, además, que en ese momento no tenían conocimiento de que Carbó iba a liderar esa nueva cooperativa. 

Cohousing Barcelona empezó entonces a hacer charlas en distintos barrios, ciudades y universidades catalanas en busca de grupos que quisieran unirse y emprender un proyecto de cohousing. Insistían en los valores “ecológicos” y “participativos” de su modelo de vivienda allá donde iban.

Aparte de un grupo en Poblenou, del que a día de hoy no hay quejas (Carbó y varios miembros de su fundación han invertido su propio dinero en ese proyecto), se formó el mencionado grupo en Arenys de Mar. El proyecto, de “cohousing senior” reunió a una docena de personas jubiladas o a punto de retirarse que tenían el deseo de impulsar un proyecto de 17 viviendas en el que hubiese zonas comunes adaptadas a su estilo de vida. 

Las relaciones con estos cooperativistas se han ido enrareciendo durante el último año y hay varios socios que han abandonado el proyecto y están a la espera de recuperar su dinero. Todos invirtieron 45.000 euros y algunos incluso más, al comprar títulos participativos de la promoción. “Me dio la sensación de que la gestión era poco transparente”, señala Núria Viladomiu, licenciada en Economía y una de las que se echó atrás.

Carbó insiste en que de los 156 socios de Cohousing Barcelona son solo unos pocos los que están enfrentados con él. “Estamos hablando de un 3% de los socios de una cooperativa que mueve millones de euros”, asegura. Algunos socios de Arenys consultados, que piden no ser citados porque todavía tienen su dinero invertido en el proyecto, acusan a Cohousing Barcelona de ser una empresa inmobiliaria “disfrazada” de cooperativa de vivienda. Recuerdan, además, que no les quedan tantos años de vida como para acudir a los tribunales en un proceso que se alargará demasiado tiempo. La confianza está rota y temen perder su dinero invertido como les pasó a los vecinos de Tarragona hace 20 años.

“Me levanto cada día de madrugada para trabajar, cumplo con todas las leyes”, recordaba el mes pasado Pacheco en Tarragona, frente al edificio construido en el lugar donde tenía que estar su casa. “Es lamentable que nadie nos haya dado explicaciones ni compensado por todo lo que ocurrió”.