Hace ya tres décadas, cuando entrabas en la Facultad de Periodismo de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), pronto te encontrabas alguna compañera que te advertía de los comentarios sexistas (eso en el mejor de los casos) de un profesor de periodismo cultural. Comentarios que, según circulaba por los pasillos, eran del tipo ‘que la haya aprobado en la cama no significa que la apruebe en clase’ o ‘además de saber francés, usted tiene cara de saber hacer un francés’.
En 1995 se le acabó abriendo un expediente disciplinario y le suspendieron durante 15 días. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) lo anuló cuatro años después porque las ofensas que realizó el docente no aparecían en la resolución administrativa. Siguió dando clases y atribuyendo las quejas a estudiantes que no conseguían aprobar. Murió en 2016 y en los obituarios se destacó que fue un gran intelectual.
Vanessa Springora describe en ‘El consentimiento’ la relación que mantuvo durante 13 años con el escritor Gabriel Matzneff. Cuando empezó, ella tenía 14 años. Él, 50. Matzneff, como otros intelectuales franceses, consideraba que la pedofilia era una forma de liberación de la opresión paterna. Incluso cuando esta barbaridad dejó de ser defendida, el escritor siguió publicando y solo a raíz del escándalo que provocó el libro de Springora se impuso la desaprobación pública que merecía la apología del abuso de menores que llevaba años incluyendo en sus libros.
¿Acaso un intelectual o un catedrático de la disciplina que sea no puede ser un depredador sexual? Es evidente que sí, pero es algo que en las universidades todavía intentan tapar todo lo que pueden. El último ejemplo es el del catedrático de Física de la UAB Àlvar Sánchez, condenado por acosar durante dos años a su doctoranda. La joven investigadora denunció los hechos ante el Observatorio de Igualdad de la Autònoma en septiembre de 2018 y llevó el caso a la justicia. Aunque ya existía una primera sentencia condenatoria, Sánchez siguió dando clases como si nada.
La Audiencia de Barcelona ratificó la condena en febrero pero hasta que el compañero Pol Pareja ha publicado este lunes la información del caso, revelando que el catedrático continuaba acudiendo a diario a su puesto en la facultad, no se le ha apartado. El mismo lunes estaba en el laboratorio con alumnos y alumnas pese a que la UAB, amparándose de manera incomprensible en la ley de protección de datos, evitó respondernos si Sánchez todavía estaba impartiendo clases. ¿Si en elDiario.es no hubiésemos desvelado el caso, el catedrático continuaría hoy ejerciendo de profesor?
Desde la Autónoma aseguran que se enteraron de la sentencia gracias a la información que publicamos. Sostienen también que no le habían suspendido hasta el fallo de la Audiencia Provincial porque la sentencia inicial, de un juzgado penal de Sabadell, podía verse modificada tras el recurso del catedrático. Ahora solo le queda la opción de presentar un recurso extraordinario de casación ante el Tribunal Supremo, en el que no se entrará a valorar los hechos probados en el fallo anterior.
El Periódico de Catalunya publicó en enero del 2022 un amplio reportaje en el que 25 profesoras e investigadoras de diferentes universidades públicas españolas rompían por primera vez su silencio para denunciar el acoso y la violencia machista que habían sufrido. Tras leer sus testimonios, una de las conclusiones era que las universidades funcionaban como un ecosistema en el que imperaban el miedo y la jerarquía.
Es este hábitat perverso el que ha permitido que en la Pompeu Fabra, otro catedrático, Rafael Maldonado, haya impuesto durante dos décadas un sistema que hasta 17 antiguas investigadoras (la mayoría son mujeres) del centro de neurofarmacología que dirige califican de “terror”. A algunas se les prescribieron ansiolíticos y antidepresivos y media docena de ellas siguen aún bajo tratamiento psicológico, según hemos podido comprobar en elDiario.es.
Era un abuso laboral que la universidad conocía al menos desde diciembre del 2017. Había recibido denuncias y lo único que hizo fue informar de que existía un protocolo por si querían utilizarlo. Es una respuesta que no llega ni a administrativa y que a la Pompeu Fabra le sirvió para guardarse las espaldas y no averiguar qué ha estado pasando en ese centro durante tantos años. Especialmente indignante es lo que relatan cuatro investigadoras que denunciaron internamente al catedrático. La primera respuesta que obtuvieron fue que, en el caso de tres de ellas, ya hacía un año que no tenían ninguna relación laboral con la universidad y que, por tanto, el centro no podía actuar. También el Ministerio de Ciencia e Innovación tuvo conocimiento en noviembre de 2021 de lo que ocurría en Neurophar. Tampoco hizo nada.
Hay investigadoras que lo dejaron porque no aguantaron más mientras Maldonado sigue yendo al laboratorio y ejerciendo de catedrático. Tiene abierto un expediente sancionador desde hace un mes pero aún no se ha resuelto. La única esperanza después de una gestión tan nefasta es que la nueva rectora, que acaba de acceder al cargo, ha solicitado que se tramite “con la máxima celeridad posible”.
Ejemplos como estos dan la razón a quienes consideran que la universidad se resiste a dejar de ser una institución medieval donde el orden viene impuesto por las categorías y en el que existen nombres intocables, hagan lo que hagan. La obligación de los centros es acabar con este modelo y no basta con decir que se ha avanzado mucho gracias a los protocolos para prevenir y actuar contra el acoso. Si en los rectorados y decanatos no lo entienden, las víctimas deberán contar con el apoyo necesario desde fuera para que denunciar no sea solo cosa de valientes. En este diario lo tenemos claro.
Si tienes más datos sobre estos casos o conoces otros similares, puedes escribirnos a pistas@eldiario.es
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