En los últimos meses y especialmente en los últimos días han venido siendo noticia las negociaciones de los presupuestos de las distintas administraciones públicas. Mientras algunas como el propio Estado, la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Barcelona ya empezaron el año con los deberes hechos, otras como Catalunya parece que los han conseguido cerrar en los últimos días, y finalmente algunos, como el Ayuntamiento de Madrid incluso han renunciado ya a conseguir aprobar sus presupuestos para 2023. Parece pues generalizada la opinión que la aprobación presupuestaria es fundamental para la economía y, por tanto, para el bienestar de una sociedad pero ¿por qué? ¿Qué función cumplen los presupuestos? ¿Cuál es su importancia?
En mi experiencia, en las administraciones públicas, igual que en las empresas, los presupuestos realizan la función que el motor y el timón ejercen en las embarcaciones. Como motor porque cuanto más expansivo es el presupuesto, mayor es el alcance de las políticas públicas. Por el contrario, la falta de aprobación y consiguiente prórroga presupuestaria suponen dejar el motor al ralentí y reducen su impacto al mínimo. Como timón, a la vez, permite dirigir la ruta priorizando unas determinadas políticas en detrimento de otras.
El Ayuntamiento de Barcelona en los últimos años ha aprobado anualmente el presupuesto, su motor, incrementando el peso municipal en la economía de la ciudad del 3,5% al 4% del PIB y aumentando su potencia en más de 1.000 millones de euros desde que Ada Colau fue investida Alcaldesa de la ciudad en 2015. Ello supone un 40% más de potencia, pasando de 2.550 millones del último presupuesto del Alcalde Trias a los 3.596 millones actuales.
Esta mejora de ingresos ha sido posible por dos motivos principales. En primer lugar, un incremento de las transferencias del Estado y de los fondos europeos Next Generation, en cuya captación el Ayuntamiento de Barcelona ha sido especialmente eficaz. En segundo lugar, por una apuesta por una fiscalidad más justa desde un punto de vista de progresividad y también de lucha contra el cambio climático.
En este sentido destaca el plan de lucha contra el fraude fiscal que ha aportado 150 millones de euros, especialmente de grandes contribuyentes y de nuevas figuras impositivas verdes, como el Recargo sobre el Impuesto Turístico (50 millones anuales), la tasa de Residuos (40 millones) o la Tasa de Reparto de Comercio Electrónico de recién aprobación. A la vez, la presión fiscal sobre la gran mayoría de la ciudadanía se ha mantenido estable y en línea con el resto de Ayuntamientos españoles.
Este enorme incremento de ingresos, sin parangón desde la transición, ha sido posible además manteniendo la solvencia de la ciudad, hasta el punto que incluso han mejorado los indicadores financieros de salud económica de una administración como el ratio de deuda sobre ingresos corrientes, un 8,5% menor que hace ocho años.
Además ha mejorado sensiblemente el promedio medio de tiempo de pago a los proveedores. El actual Ayuntamiento paga en menos de 20 días desde la recepción de la factura, dato extremadamente positivo para la economía de la ciudad. Este valor destaca sobre todo en comparación con el promedio medio de pago de las empresas del IBEX a sus proveedores, que está próximo a los 200 días, como vienen denunciando las pequeñas y medianas empresas desde hace años.
Además de esta buena salud financiera y su mejorada potencia como motor económico, el presupuesto de Barcelona también ha actuado como timón del cambio en las políticas municipales. Así, por ejemplo, las principales políticas de gasto en el último año del gobierno municipal de Convergència fueron lideradas por el gasto en servicios urbanos (340 millones de euros), seguido por las partidas de seguridad y movilidad ciudadana (284 millones) y en tercer lugar, ya a cierta distancia, por las políticas sociales y de promoción social (250 millones).
Los recursos de todas estas políticas han aumentado sensiblemente durante la Alcaldía Colau. De hecho, la única política de gasto que ha reducido su importe durante estos años ha sido la dedicada a la deuda pública. Sin embargo, en este contexto de aumento de recursos generalizado, las políticas sociales han crecido de forma mucho más intensa, siendo aupadas a la primera posición en importancia en el actual presupuesto por primera vez en la historia municipal.
Las cifras son contundentes: durante el mandato Trias las políticas sociales no alcanzaron los 1.000 millones de euros. Esta cifra mejoró hasta los 1.290 millones de euros durante el primer mandato Colau y superaran los 1.500 millones en este último mandato. Como resultado de estas políticas presupuestarias, el Ayuntamiento de Barcelona ocupa actualmente el primer puesto en inversión social por habitante de todas las capitales de provincia españolas.
Otras políticas que a través del timón presupuestario han pasado a ser determinantes para el Ayuntamiento son las de vivienda y urbanismo, con un incremento del 86% desde 2015 (subiendo también dos posiciones en el ranking de políticas municipales). Educación ha incrementado su dotación en un 60% y Transporte público un 50%.
En definitiva, un presupuesto es la base para el avance de las políticas públicas. Sin éste, el motor queda al ralentí y la embarcación a la deriva. Por ello, como se ha conseguido en el Ayuntamiento de Barcelona, es fundamental el pacto y los máximos consensos. Sólo así se puede incrementar la velocidad de crucero y actuar sobre todos los rincones de la ciudad. A la vez, dirigir el timón con convicción, según el oleaje y las necesidades de la ciudadanía, pueden llevar a favorecer con éxito las políticas sociales y de vivienda, como es el caso del gobierno de Ada Colau.