La magistrada del Tribunal Supremo ha decidido archivar la causa abierta por terrorismo contra Carles Puigdemont en 'Tsunami Democràtic' después de que la Audiencia Nacional haya decretado que una de las prórrogas del juez Manuel García Castellón fue ilegal. La magistrada Susana Polo entiende que antes de esa prórroga irregular no había “ninguna investigación” en torno a Puigdemont, ninguno de los investigados había sido llamado a declarar, lo que “impide que las actuaciones puedan continuar por los trámites del procedimiento abreviado”. El archivo del caso se extiende a Rubén Wagensberg, otro de los investigados en esta causa que gira en torno a las protestas masivas en Cataluña contra la sentencia del procés del Tribunal Supremo.
La Audiencia Nacional decretó ayer que el juez Manuel García Castellón había alargado de forma ilegal en 2021 la causa en la que investigaba la organización de estas protestas y los disturbios. Las consecuencias llegaron pocas horas después, con el propio instructor archivando el caso. La decisión de la sala invalidaba, en la práctica, todas las pruebas puestas en marcha desde ese momento. A Carles Puigdemont, por ejemplo, no se le atribuyó la condición de investigado hasta finales de 2023, en plenas negociaciones por la ley de amnistía.
La última palabra del caso del expresident la tenía la magistrada Susana Polo, del Tribunal Supremo que se hizo cargo de su caso por su aforamiento de eurodiputado. La respuesta ha llegado esta misma mañana: la nulidad de la prórroga ilegal de 2021 se extiende hasta su imputación actual por terrorismo. Antes de esa prórroga, dice Polo, “no se llevó a efecto ninguna investigación de la causa” sobre la posible implicación de Puigdemont. Eso “impide”, añade la jueza, que estas actuaciones puedan desembocar en un juicio.
El Tribunal Supremo ha examinado en las últimas semanas la aplicación de la ley de amnistía a las distintas causas relacionadas con el procés tramitadas en su Sala de lo Penal. El juez Pablo Llarena, instructor de la causa principal, anunció en un auto que no la norma no perdona el delito de malversación de caudales públicos atribuido al expresident, decisión que ha sido recurrida por la Fiscalía. La sala que juzgó el procés, por su parte, entiende lo mismo con respecto a los líderes políticos catalanes que fueron condenados en 2019.
Solo quedaba por conocer la decisión de la magistrada Susana Polo, instructora de la ramificación de Tsunami Democràtic enviada al Tribunal Supremo por el juez García Castellón con Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg como implicados. La magistrada recuerda que todo lo que hizo el juez después de vencer el plazo en 2021 no es válido: “Deben ser apartados del proceso y no servirán para conformar la decisión sobre la prosecución de las actuaciones”.
Carles Puigdemont, por tanto, ya no está acusado de terrorismo y las dos diligencias penales que permanecen abiertas contra él son la causa principal del procés y la investigación sobre la trama rusa. En cuanto a la primera, el juez Llarena ha entendido que la malversación no es amnistiable y le ha mantenido además en búsqueda y captura dentro de España. En cuanto a la segunda causa, el magistrado Aguirre también ha rechazado aplicar la ley de perdón y ha enviado el caso al Tribunal Supremo.