La exconsellera catalana Meritxell Serret, que volvió a España en marzo de 2021 tras varios años fugada en Bélgica, será finalmente juzgada por desobediencia en el Tribunal Superior de Catalunya. Los jueces del Tribunal Supremo han abierto juicio oral contra ella por un delito de desobediencia y han remitido el caso al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por el aforamiento que le concede su escaño en el Parlament por Esquerra Republicana.
Según informa el Tribunal Supremo, ninguna de las acusaciones ha pedido que sea juzgada por malversación de caudales públicos así que irá a juicio acusada sólo por un delito de desobediencia, lo que implica que se enfrenta a una condena de inhabilitación en caso de ser declarada culpable por los magistrados. Ella admitió ante el juez Pablo Llarena que desobedeció las órdenes del Constitucional para “sacar adelante” el referéndum.
Meritxell Serret formó parte del Govern liderado por Carles Puigdemont que en octubre de 2017 se marchó a Bruselas y no volvió a España cuando la Audiencia Nacional puso en marcha la investigación en torno al procés independentista que habían liderado. Más de tres años después de fuga fue la primera y única en volver a España después de cambiar de abogado y empezar a ser defendida por Iñigo Iruin: en marzo de 2021 apareció por sorpresa en el Tribunal Supremo y compareció ante el juez Pablo Llarena.
Un año después, se enfrenta a un juicio por desobediencia que se celebrará en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, debido a su aforamiento como diputada de ERC en el Parlament catalán. Es el mismo delito por el que tres encausados por el procés fueron condenados por la sentencia del Tribunal Supremo: Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs, condenados a un año y ocho meses de inhabilitación cada uno.
Los autos hechos públicos hoy por la sala de lo penal del Tribunal Supremo cierran la puerta a que, salvo sorpresa o cambio de última hora, sea juzgada por malversación y se enfrente, por tanto, a penas de cárcel: “No puede esta sala abrir juicio oral por otros delitos sin petición expresa” de alguna de las partes, algo que no ha sucedido: ni la Fiscalía, ni la Abogacía del Estado ni Vox han solicitado que sea juzgada por un delito que no sea desobediencia.