El proyecto del servicio de odontología público que ideó Ada Colau para Barcelona ha quedado definitivamente enterrado. El Tribunal Supremo no ha admitido el recurso del Ayuntamiento y de la entidad Foment de Ciutat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que tumbó el plan al considerar que era una invasión de competencias sobre la Generalitat.
El plan, anunciado en 2019 –al final del primer mandato de los Comuns en el Gobierno municipal–, nunca se llegó a poner en marcha. Tras recurrirlo en los tribunales las clínicas privadas, un juzgado de primera instancia lo anuló en abril de 2021. Luego llegó la sentencia del TSJC en 2022. Y ahora la providencia del Supremo, adelantada por La Vanguardia y confirmada por este diario, que supone el fin del recorrido judicial de estra propuesta.
El plan del Gobierno de Colau contemplaba un modelo de dentista municipal para toda la población, un servicio universal con precios entre un 15% y un 40% inferiores a los del sector privado.
En paralelo, el consistorio puso en marcha también un servicio de dentista gratuito para personas en situación de vulnerabilidad. Este permanece activo. En diciembre de 2021 había realizado más de 24.000 visitas a cerca de 3.000 personas en cuatro puntos de atención.
Desde el año 2022, con el desarrollo de ley de la atención pública de la salud bucodental, algunos de los tratamientos empezaron a formar parte de la cartera del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) para la población en situación de vulnerabilidad y el programa pasó a ser cofinanciado.