El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha presentado una querella ante la Sala Penal del Tribunal Supremo por un presunto delito de “prevaricación por omisión” contra el hasta este viernes presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. La presenta por la negativa del Gobierno de publicar el nombramiento del primer Govern que conformó el president, que incluía a exconsellers en la cárcel y huidos a Bélgica.
En un comunicado, el Govern ha explicado que el presidente ha formalizado la querella que ya anunció hace unos días. Torra considera que el Rajoy y Santamaría prevaricaron impidiendo la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de los consellers, puesto que los juristas de la Generalitat dictaminaron que se trataba de un “acto debido”, es decir, que era de obligado cumplimiento por parte del Gobierno.
En la querella se argumenta así que la decisión de no publicar los nombramientos se hizo en base “a una decisión arbitraria, extralimitadora de competencias y sin ningún amparo legal, contraviniendo de esta forma la ejecución de un acto reglado, debido y obligatorio”. En el primer Govern dibujado por Torra figuraban los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull, presos en la cárcel de Estremera, y Lluís Puig y Toni Comín, huidos a Bruselas desde su cese en octubre.
Torra denuncia asimismo que se vulneraron sus derechos políticos como presidente de la Generalitat, y que su querella no impide que los exconsellers afectados por el bloqueo del Rajoy emprendan también acciones legales. Turull, Rull, Puig y Comín fueron sustituidos por Àngels Chacón, Damià Calvet, Laura Borràs, Alba Vergés, lo que ha permitido que finalmente el Gobierno publicara su nombramiento este mismo viernes en el DOGC y permita así el levantamiento del 155.
El escrito de la querella insta además a la Sala Penal del Supremo a incoar diligencias como la declaración de los querellados en calidad de investigados, así como la de Roberto Bermúdez de Castro, secretario de Estado para las administraciones públicas, como testimonio.