Los conductores de Uber y Cabify han protagonizado su primera manifestación en Catalunya. Lo han hecho acompañados de algunos de los directivos de las empresas que les contratan y gestionan las flotas de vehículos con licencia VTC, y que consideran que su actividad se ve amenazada con el nuevo decreto que prepara la Generalitat. Tras una pancarta en la que se leía Todos tenemos derecho a trabajar, han salido de la avenida Diagonal, donde mantienen aparcados sus cientos de coches desde el lunes, hasta las puertas del Palau de la Generalitat.
“Nos da miedo acabar en el paro, algunos tenemos hijos y si se aprueba el decreto tal como está redactado, el negocio no funcionará”, comenta Denis Delgado, que trabaja para Tibus S.A., una de las empresas de VTC que utiliza la ‘app’ de Uber. Él lleva dos meses en el sector, con contrato y sueldo de 1.100 euros netos. Desde la empresa, explica, les han trasladado mensajes de calma, pero ningún conductor es ajeno a las amenazas públicas de estas firmas para abandonar la ciudad a partir de la semana que viene.
Uno de los argumentos más recurrentes entre los manifestantes es que su intención no es quitar el trabajo a los taxistas, sino compartir el mercado con ellos. “Hay clientes para todos, más aún ahora con el turismo que hay en Barcelona”, comenta Delgado. “Podemos convivir con el taxi, no nos metemos con ellos”, insiste.
La manifestación, que ha congregado a centenares de conductores y ha recorrido las calles céntricas de la ciudad por las aceras y respetando semáforos, ha estado precedido por un acto de los responsables de Vector Ronda, la mayor empresa de VTC en Barcelona. Los directivos han alertado nuevamente de que la reserva con 15 minutos de antelación de sus vehículos –o de una hora, si Ada Colau lo amplía en Barcelona–, supondrá el fin de su negocio. De hecho, han informado de que han empezado a no renovar los contratos temporales que vencían esta misma semana de algunos de sus trabajadores.
“Nuestro servicio deja de tener sentido, no tenemos otra alternativa que irnos”, ha señalado Miguel Ángel Toledo, consejero delegado de Vector Ronda. Su empresa concentra el 26% de las 2.293 licencias que de VTC que hay actualmente en Catalunya y da trabajo, según ha asegurado, a más de 1.000 personas. Si el decreto sale adelante, ha remarcado que exigirán responsabilidades “administrativas, personales y penales” a los miembros del Govern. Entre estas medidas, reclamarán más de 1.000 millones en indemnizaciones, según ha venido insistiendo la patronal del sector, Unauto.
A lo largo de la manifestación, los conductores de VTC han mostrado su rechazo a los taxistas, a quienes acusan de haber chantajeado al Govern con el colapso de la ciudad durante sus seis días de huelga y con ataques a sus coches. “Cuando salimos a hacer nuestro turno nos preguntamos qué nos va a pasar, la presión es insoportable, yo he llegado a atender a 15 compañeros por ataques de ansiedad”, ha manifestado un conductor de Vector, Juan Ignacio Jordá, en referencia a las agresiones protagonizadas por algunos taxistas.
Si el Govern sigue el calendario tal como está previsto, el martes se aprobará el decreto que regula las VTC y el jueves ya estará en vigor. Además de fijar una precontratación de 15 minutos, también prohibirá a las 'app' de Uber y Cabify que sus clientes puedan geolocalizar los vehículos y obligará a los coches a estacionar fuera de la vía pública mientras no presten ningún servicio. Todas estas medidas han sido valoradas por empresarios y trabajadores del sector como una concesión a los taxistas y un ataque directo al modelo de negocio de las nuevas plataformas de transporte.