La vía del arbitraje para solucionar el conflicto del Metro no convence a la CGT
Horas después de una jornada de huelga en el Metro de Barcelona seguida, según los sindicatos, por el 95% de los trabajadores, Mercedes Vidal, concejal de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, movía ficha. En una rueda de prensa inesperada afirmaba que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), empresa pública propietaria del Metro, accedía a someterse al resultado de un arbitraje para solucionar la negociación del convenio. El anuncio se hacía justo después de conocerse la propuesta hecha por el Departament de Treball. Poco más tarde, CGT, el sindicato mayoritario en el comité de empresa, rechazaba la idea de someter «a un tercero» la solución al conflicto. Las espadas siguen, pues, desenvainadas.
La acción de Vidal se puede interpretar como un movimiento más en el tablero de ajedrez en que se ha convertido la negociación del convenio colectivo del Metro. Visto desde un punto de vista estratégico parece más un desafío que quisiera desacreditar al contrincante, que un intento serio de cerrar con un acuerdo las conversaciones y evitar una radicalización de las huelgas. Unos paro que podrían pasar de afectar cada lunes no festivo a afectar en fechas tan señaladas como La Mercè, patrona de Barcelona, o la Fiesta Nacional de Catalunya, el 11 de septiembre.
La oferta de dejar en manos de los árbitros un acuerdo en Metro se produce cuando las dos partes estaban citadas por los responsables de mediaciónde Treball para avanzar en un pacto, ya que el pasado jueves el consejero delegado de Metro, Enric Cañas, hizo una propuesta verbal que una parte de los negociadores consideró suficientemente interesante para pedir que la hiciera por escrito y así poder someterla a la asamblea de trabajadores de Metro. Pero para que un arbitraje funcione debe ser aceptado por las dos partes.
El sindicato con más representación en el comité de empresa de Metro: CGT, ya ha respondido. Rechazó someter la solución al conflicto al veredicto de un tercero: el equipo de arbitraje de la Generalitat, y se ha mantenido en la línea de buscar un acuerdo en una negociación entre las partes interesadas.
Presión política
Hay otro elemento que puede explicar la apuesta de la concejala: la presión política desatada en los últimos días para reclamar un pacto que desactive la huelga. Además del comité de empresa, donde hay sindicatos que no son precisamente enemigos del sector político que representa Vidal, han pedido su dimisión la CUP, y el pasado lunes las juventudes del PDCAT exigieron también el cese de la regidora. Además ERC, exigió en el marco de su posición en el Ayuntamiento de Barcelona, «responsabilidades» ante el hecho de que no se logra una salida al conflicto. Y por último, el PP ha pedido transparencia en TMB.
Ante todas estas reivindicaciones Vidal ha manifestado en varias entrevistas que la falta de acuerdo se debe a que la llamada ley Montoro imposibilita subir salarios en la línea que piden los trabajadores de Metro. Pero los sindicatos afirman a su vez, que los salarios, a pesar de ser importantes, no forman parte de su reclamación más sentida. Esta es poner freno a la precariedad en el trabajo y la contratación de empresas externas para hacer trabajos que podría asumir la plantilla. Recuerdan, además, que Barcelona en Comú, la candidatura municipal con la que consiguieron la alcaldía Ada Colau, y su cargo Mercedes Vidal, incluía en su programa luchar contra la precariedad y las externalizaciones.
También Vidal se ha escudado en la ley de transparencia para no facilitar ni la identidad ni los salarios que se pagan a algunos de los empleados de TMB que se contrataron fuera del convenio. Esta es una reclamación que los trabajadores hacen siempre que pueden, porque consideran que hay un gran desequilibrio entre el hecho de que los empleados regulares tengan el salario congelado desde hace años y que no se conozca cuánto se paga a esta parte de la plantilla.
Un directivo «apolítico»
Unos y otros parecen haber abandonado la idea de hacer un acuerdo transaccionado, donde se produzcan cesiones por ambas partes, y haber optado por aplastar al adversario. Así, de forma paralela a las movilizaciones se producen todo tipo de incidentes que parecen destinados a desprestigiar la contraparte ante los usuarios, desde filtrar salarios, a recordar los incumplimientos de programa electoral y la situación de falta de personal que afecta a muchas estaciones de Metro.
Un hecho que destacan muchos observadores del conflicto es que mientras el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona está formado por personas con una limpia trayectoria izquierdista: Vidal recibió el carnet del partido comunista de manos del secretario general, Joan Josep Nuet, y Ada Colau tiene antecedentes de un gran activismo en la calle, las negociaciones para la renovación del convenio las comanda Marc Grau, director de Metro de Barcelona. Esta persona tiene una biografía muy diferente: ingeniero por la UPC, con un posgrado de la escuela de negocios IESE. Fue directivo de la empresa metalúrgica Celsa, consejero delegado de Farobel y durante más de 10 años presidente de Quelcom +, una asociación de empresarios y profesionales que se definen como «apolíticos».
