Primera respuesta de uno de los objetivos de la Operación Catalunya. El major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha anunciado este miércoles que denunciará ante la Justicia la “persecución injusta” a la que le sometió la brigada política que anidó en el Ministerio del Interior durante el primer Gobierno del PP liderado por Mariano Rajoy.
En un comunicado, Trapero reacciona a la investigación conjunta de elDiario.es y La Vanguardia, que ha documentado que el major fue uno de los objetivos de la Operación Catalunya. En una de las notas inéditas elaboradas por la trama orquestada en Interior, la policía acusó Trapero sin prueba alguna a de proteger “a la familia Jorodovich en sus temas de tráfico de drogas”.
El de Trapero es uno de los nombres de políticos y empresarios que, en base a rumores sin contrastar y falsedades, aparecen en hasta 34 investigaciones que la Dirección Adjunta de la Policía recopiló en un documento que manejó en su despacho el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
El major de la policía catalana ha anunciado que denunciará ante la Justicia la “persecución injusta” hacia su persona realizada por “individuos que no tenían habilitación legal para hacerlo” y que solo tenía por objetivo su “descrédito y neutralización”. Trapero hace hincapié en que el uso de fondos reservados agrava la trama.
El major también censura el “reflejo acrítico y colaborativo en determinados medios de comunicación” que difundieron las tesis y los informes sin contrastar de la brigada política del PP.
Además de esa mención sin contrastar a la familia Jodorovich, audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo ya habían mostrado el intento de implicar a Trapero en un caso de presunto narcotráfico, el conocido como caso Macedonia, que terminó con la absolución de todos los acusados, incluido el mosso Josep Ranea, que llegó a ingresar en prisión provisional por orden del juez de Barcelona Joaquín Aguirre.
En 2019, los Mossos enviaron un informe al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el que, gracias al audio obtenido de la investigación sobre el comisario y sus negocios, pidieron investigar la relación entre la brigada política del PP y el caso Macedonia. Sin embargo, el juez García Castellón rechazó abrir esta nueva línea de investigación del caso Villarejo.
La sentencia de la Audiencia de Barcelona que absolvió a los acusados del caso Macedonia censuró la instrucción del juez Aguirre, anuló varios de los pinchazos telefónicos acordados y llegó a una conclusión rotunda: no hubo colaboración alguna de ningún agente de la policía autonómica con la presunta trama de narcotráfico liderada en realidad por un confidente policial habitual de los Mossos, Manuel G.C.
Las magistradas descartaron el narcotráfico y constataron que todo el caso se movió en las “aguas turbias” que caracterizan las relaciones entre confidentes policiales como Manuel G.C. y los agentes en unos años (hace más de una década) en los que no existía un protocolo claro en los Mossos sobre cómo interactuar con los confidentes.
“Como funcionario, pero especialmente como ciudadano, comprobar que otros funcionarios y cargos públicos me perseguían es indignante, frustrante y decepcionante”, apostilla el major, que también reflexiona sobre el alcance de la persecución de la brigada política del PP: “Si esto se lo hicieron a un alto mando policial, qué no habrán hecho a ciudadanos anónimos”.
El major concluye su comunicado mostrando su “tristeza y preocupación” ante la “degradación institucional y de la gestión pública”. “A menudo lo que debería ser la búsqueda y defensa del interés general se sustituye por intereses perversos y personales”, destaca el major, para quien “la decencia ha abandonado el libro de estilo de algunos de sus gestores”.