No fue solo Villarejo. El Gobierno de Mariano Rajoy investigó al margen de la ley y orquestó campañas contra los partidos independentistas durante al menos cinco años, entre 2012 y 2016, a través de diferentes cuerpos policiales, sirviéndose de los dosieres con acusaciones falsas que elaboraba un grupo de mandos policiales corruptos, pero también con información confidencial que suministraban otros ministerios, entre ellos el de Hacienda. Todo ese material acababa en las portadas de determinados periódicos madrileños como paso previo a que algunos fiscales o incluso denunciantes anónimos lo presentasen en los juzgados para alimentar seriales mediáticos contra los adversarios del PP.
La guerra sucia se inauguró pocos meses después de instalarse Mariano Rajoy en la Moncloa y se dirigió contra políticos y partidos nacionalistas catalanes tras la primera Diada multitudinaria, en 2012, cinco años antes del referéndum convocado por Carles Puigdemont.
Todas aquellas prácticas han dejado huellas en el Ministerio del Interior y algunos testigos. Una investigación conjunta de elDiario.es y La Vanguardia revela a partir de documentos que llegaron al despacho de Jorge Fernández Díaz y testimonios inéditos la forma de actuar de un Gobierno que dilapidó recursos públicos para hacer frente a los adversarios del PP: medios humanos, materiales e incluso dinero de los fondos reservados para pagar a confidentes por informaciones muchas veces contaminadas o directamente falsas con las que intentar destruir a sus rivales, a través de campañas que se intensificaban a las puertas de los procesos electorales. Todo con el objetivo de manipular a la opinión pública.
En esta primera entrega, elDiario.es y La Vanguardia revelan documentos que elaboraron diferentes unidades policiales y que llegaron a la cúpula del Ministerio del Interior, cuando lo dirigía Jorge Fernández Díaz, pese a que este negó airadamente en el Congreso haber tenido acceso a esa documentación. Según fuentes involucradas en el caso, algunas de esas notas informativas que elaboraron diferentes unidades policiales habrían acabado en el despacho de Mariano Rajoy. Esas mismas fuentes explicaron que el procedimiento para entregar documentación delicada al presidente del Gobierno de entonces pasaba por enviar un sobre blanco cerrado, sin asunto ni remitente ni destinatario que llegaba a Moncloa a través de los escoltas.
Esta investigación pone a disposición de los lectores los documentos íntegros con la información en bruto que llegaba al despacho del ministro del Interior y que después acababa publicada en distintos medios de comunicación.
Esas “notas informativas” arrancaron en 2012 y se alargaron durante varios años a través de distintos equipos policiales que remitían de forma periódica al ministro Jorge Fernández Díaz con los avances de sus investigaciones prospectivas, realizadas al margen de la ley, sin que existiese un control judicial y sin que figurasen en los planes de trabajo de las diferentes unidades operativas de la Policía.
A pesar de que varios testigos, entre ellos dos ministros relevantes de su gabinete, el propio Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal admitieron en conversaciones privadas (sin saber que estaban siendo grabados) que Mariano Rajoy estaba al tanto de estas prácticas, el expresidente nunca fue llamado a declarar en ninguna de las investigaciones abiertas en los tribunales españoles sobre la policía política. Tampoco por las gestiones que realizó su entonces jefe de gabinete, Jorge Moragas, para poner en contacto a su amiga Victoria Álvarez, antigua amante de un hijo de Pujol, y que acabó siendo clave para la elaboración de dosieres contra la familia del expresident tras cobrar decenas de miles de euros de los fondos reservados. Esas informaciones, a veces ciertas con datos confidenciales que se lograban al margen del control de los jueces, y a veces directamente falsas, acabaron publicadas en las portadas de varios medios de comunicación.
Los únicos cargos políticos camino del banquillo (y solo en el caso de la destrucción de pruebas sobre la corrupción del PP) son su ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y quien fue primero su jefe de gabinete y a partir de 2013 secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Para cada uno de ellos la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel en la Operación Kitchen, que indaga sobre las maniobras de aquel gobierno para tratar de borrar las pruebas de la financiación irregular del PP y de los pagos de empresarios al partido a cambio de adjudicaciones en el Gobierno de Aznar. Ambos han remitido escritos a la Audiencia Nacional para que se juzgue también al PP, principal beneficiario de las maniobras para ocultar su corrupción.
Por la publicación de noticias falsas sobre supuestas cuentas en paraísos fiscales, hipotéticos fraudes a Hacienda o mordidas millonarias que algunas unidades policiales atribuyeron en informes trampa a dirigentes como Artur Mas, al exalcalde de Barcelona Xavier Trias y a otros políticos nacionalistas, nadie ha sido imputado. Ni siquiera ha habido dimisiones relacionadas con estos escándalos pese a las evidencias que apuntan a que de esas prácticas tenía conocimiento, cuando no las auspiciaba directamente, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, amigo íntimo del entonces presidente, Mariano Rajoy.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, pese a situarse en el epicentro de muchas de esas maniobras con sus continuos encargos a Villarejo contra el independentismo y para hacer desaparecer pruebas contra el PP también ha salido ilesa. Manuel García Castellón, un controvertido magistrado de la Audiencia Nacional que debe a gobiernos del PP sus años de juez de enlace en París y Roma, dos de las plazas más codiciadas y con mejores sueldos en la judicatura, decidió exonerarla de cualquier responsabilidad, pese a las grabaciones que ha escuchado todo el país en las que Cospedal pedía al comisario hacer desaparecer “la libretita” de Luis Bárcenas donde el tesorero fue registrando a mano durante años la contabilidad en negro del partido. Cuando esas grabaciones se hicieron públicas a través de El País, la fiscalía anticorrupción reprochó al juez en el recurso donde pedía investigar a Cospedal, que hubiese establecido “una ”infranqueable línea roja“ para proteger a la dirección del partido.
Las operaciones de las cloacas del Estado se intensificaron a partir de una reunión celebrada el 12 de septiembre de 2012 en el Ministerio del Interior y desvelada hace unos meses por La Vanguardia en la que Jorge Fernández Díaz, con las portadas de la marcha multitudinaria del día anterior todavía frescas, manifiesta su preocupación por la situación en Catalunya y da a entender que combatir al independentismo debe ser una prioridad también para la policía.
Es ahí donde emerge el comisario Villarejo, un tenebroso e hiperactivo agente que llevaba años mezclando su actividad profesional y sus contactos fruto de varias décadas en el cuerpo para construir un lucrativo negocio de venta de información y encargos mafiosos que le realizaban empresarios en dificultades. Por ellos el pasado julio ha recibido una primera condena de 19 años de cárcel. Villarejo fue siempre un policía oscuro, acostumbrado a manejarse en los márgenes de la ley o directamente fuera de ella, entre supuestas operaciones especiales. A comienzos de 2012 había empezado a tejer relación con la cúpula del Ministerio del Interior en la primera época de Rajoy. Lo introdujo Juan Cotino, exdirector de la policía en el Gobierno de José María Aznar, un dirigente fallecido en 2020 que en aquellos años era todavía influyente en el PP. Fue Cotino quien le recomendó a Fernández Díaz tener de mano al comisario como informador, al margen de la cadena de mando.
Informes sin firma ni sello contra los independentistas
El ministro encargó a su entonces jefe de gabinete, Francisco Martínez, hacer de enlace con Villarejo para recopilar esa información, y Martínez dio entonces la orden de que cualquier dato relevante se entregase por escrito. Esa fue la vía de entrada de Villarejo con los mandos más altos de Interior y el modo en que nacieron las “notas informativas”, una especie de informes de inteligencia sin firma ni sello, en los que Villarejo fue mezclando rumores, información averiada y recortes de sumarios que investigaban algunos juzgados, todo camuflado como revelaciones que le hacían llegar supuestos agentes infiltrados durante años en el independentismo.
A lo largo de esta investigación se ha tenido acceso a más de una docena de notas que recibió Fernández Díaz en su despacho y que hoy elDiario.es y La Vanguardia publican en exclusiva. Son escritos con un lenguaje muy coloquial procedentes de distintas unidades policiales en las que Villarejo llegó a colar también maledicencias sobre otros personajes sin ninguna relación con la causa separatista a los que involucraba en supuestas ilegalidades para cumplir con los encargos que recibía de terceros que pagaban elevadas sumas de dinero a Villarejo para destruir la reputación de sus enemigos.
Para acceder a los despachos más altos del PP el comisario dispuso de otro atajo: el empresario Ignacio López del Hierro, viejo conocido suyo, y marido de la número dos del partido, María Dolores de Cospedal.
La primera nota de la que hay constancia que llegase al despacho de Fernández Díaz la hizo llegar Villarejo a través de la secretaria del Director Adjunto Operativo de la Policía, Eugenio Pino, otro miembro destacado de la brigada política también imputado por las mismas prácticas. Bebía de apuntes anteriores realizados por agentes de la UDEF y está fechada el 18 de octubre de 2012, un mes y una semana después de la diada que desbordó las calles de Catalunya y tres semanas más tarde de que Artur Mas convocase elecciones en Catalunya, tras rechazar Rajoy su propuesta de pacto fiscal. Se dirigía contra el propio Mas y estaba escrita para dinamitar su campaña electoral. La elaboración de la nota informativa, la publicación de sus conclusiones en la portada de El Mundo a unas horas de las elecciones catalanas y la forma en que todos los participantes se lavaron las manos cuando semejantes conjeturas se desmoronaron revelan a la perfección la forma de operar del entramado político-policial.
En noviembre de 2012 se sucedían días frenéticos en la política catalana, con el nacionalismo más movilizado que nunca en las calles y los puentes de CiU y el Gobierno central completamente rotos. Mientras Catalunya se preparaba para una nueva campaña electoral, en Madrid un grupo de políticos y mandos de las fuerzas del orden diseñaban una estrategia parapolicial con el objetivo de desactivar al nacionalismo catalán. Un plan al margen de la ley orquestado en las entrañas del Ministerio del Interior pero que ha dejado mucho rastro.
Se sabe, porque así lo escribió Villarejo en sus agendas, que el 10 de octubre de 2012 Eugenio Pino, al frente de la Dirección Adjunta Operativa de la policía, había encargado al comisario investigar asuntos turbios de Convergència para filtrarlos a la prensa. Y que ese mismo lunes, el jefe de gabinete del ministro, Francisco Martínez, habla también con Villarejo, según figura en las agendas de este, acerca del mismo tema.
Ocho días después, el 18 de octubre de 2012, llega la primera información por escrito de Villarejo a la cúpula del Ministerio del Interior: un documento de dos folios y medio, sin sello ni firma, muy alejado del estilo y el lenguaje de los atestados policiales, donde el comisario se escuda en “fuentes de toda solvencia con las que se mantienen relaciones desde hace más de 15 años”, para lanzar una serie de acusaciones sobre corrupción de Convergència y supuestas cuentas en Liechtensetein de Artur Mas, entonces presidente de la Generalitat, de su propio padre, y de Pujol. La “nota informativa” relacionaba con supuestas mordidas del 4% para Convergencia en la adjudicación de obras del Palau de la Música. La publicación del atestado en El Mundo acabó resultando una bomba en la precampaña pero meses después se volvió contra el propio Ministerio del Interior.
En su introducción Villarejo señalaba “la dificultad extrema” para investigar en Catalunya, “toda vez que casi todo el mundo se resiste a colaborar y actúan con un código de silencio, similar al que puede imperar en sociedades de complicidad mafiosa como Sicilia” (sic).
Y en el último apartado el comisario se dedicaba a señalar supuestos temores que habría detectado en Convergència: “Todo el staff de CDC teme un ataque en pleno proceso electoral en medios de comunicación donde se hagan públicas las graves corrupciones que afectan a sus dirigentes. Ahora han conseguido usar la mordaza en los medios locales aunque no pueden garantizar lo mismo a los medios nacionales”.
Once días después, el 29 de octubre, los fiscales que investigaban el caso Palau, sobre las adjudicaciones irregulares de obras, reciben una visita insólita en Barcelona. El comisario de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas, y el director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, José Luis Olivera, se presentan en sus despachos para reclamar un registro de la sede de Convergència Democràtica de Catalunya. Lo hacen pese a no tener ninguna jurisdicción sobre el caso, sin mandato judicial, y apelando a supuestas revelaciones de confidentes anónimos que apuntaban a la financiación irregular del partido y el desvío de fondos a algunos dirigentes. Comparecen sin aportar más pruebas que unos cuantos corta-pega de sumarios judiciales. Los fiscales consideraron la visita una injerencia y no solo descartaron la entrada y registro en la sede del partido, sino que comunicaron esa intromisión al juez del caso.
El 14 de noviembre, la Unidad Contra la Delincuencia Fiscal y Económica de la Policía tramita un informe con otra denuncia anónima de un supuesto empresario retirado que sin ofrecer ninguna pista concreta afirmaba haber hecho donaciones a la fundación que se investigaba y que en realidad eran mordidas para lograr contratos del Palau. El escrito volvía a vincular a Artur Mas con sobornos y comisiones ilegales. Y elevaba el porcentaje de las comisiones al doble de lo que decía la nota de Villarejo.
El 16 de noviembre de 2012, cuando faltaba poco más de una semana para las elecciones catalanas, el contenido de aquella primera nota informativa de Villarejo redactada apenas un mes antes, llega a la prensa nacional. El diario El Mundo titula en portada: La policía vincula cuentas en Suiza de Pujol y Mas con la corrupción de CiU. La exclusiva se trataba de sustentar en un hipotético informe de la Unidad contra la Delincuencia Fiscal y Financiera, pero el documento pese a llevar un sello de la UDEF, no tenía firma. Mas compareció ese mismo día para denunciar que había sido víctima de un montaje.
Durante unos días se especuló con que se podía haber publicado “un borrador”. Cuando la información se reveló falsa, el responsable de la UDEF testificó en un juzgado de Barcelona que no era un trabajo de su equipo. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, salió a la palestra para anunciar una investigación interna destinada a “evitar que se produzcan este tipo de filtraciones”. Meses más tarde ese expediente interno se cerró en falso. Cuando el entonces portavoz de CiU Jordi Jané preguntó en marzo de 2013 a Fernández Díaz si conoció la existencia del informe falso antes de su publicación en El Mundo, el ministro contestó airado en el Congreso: “Eso me ofende, me ofende la pregunta. Es como decir que consentí o propicié su publicación y eso es una ofensa. Le ruego que lo retire”.
“Hay que informar solo al número 1”
Los apuntes en las agendas de Villarejo de aquella época y los testimonios recabados a lo largo de esta investigación evidencian sin embargo que la estrategia de buscar basura de los contrincantes del PP para embarrar la campaña venía de muy arriba. Durante aquellas semanas, apunta en sus diarios el comisario, el DAO de la Policía, Eugenio Pino le pidió buscar cuentas en el extranjero para filtrar a la prensa (el 22 de octubre). El comisario escribe: “Hay que informar de los hallazgos solo al número 1”. Se refiere al ministro Jorge Fernández Díaz.
Otro apunte del día siguiente (23 de octubre de 2012) refleja una conversación con Francisco Martínez donde el comisario le dice que el marido de Cospedal hará de intermediario para una cita con la 'número dos' del PP. Debajo Villarejo escribe: “campaña a muerte contra C”. Alude a Convergència.
¿Qué hacía la secretaria general del partido dando instrucciones a un comisario para perseguir a rivales políticos? Es una pregunta que ningún juez se ha atrevido a hacer a quien era la 'número dos' del PP.
En cualquier caso, el plan es seguido a rajatabla en las semanas posteriores. El 26 de octubre se produce la reunión de Villarejo con Cospedal, donde se prepara el primer encuentro del comisario con Alicia Sánchez Camacho, donde la entonces líder del PP catalán da una lista al comisario de los dirigentes que debía investigar y donde incluye junto a los Pujol, a la familia Sumarroca, al exjefe de policía de Catalunya, o al entonces directivo de La Caixa, Jaume Giró, que años más tarde acabaría como conseller de Economía por Junts en el Govern de Pere Aragonès. En esa mesa se habla ya de Victoria Álvarez, la ex amante de Jordi Pujol Ferrusola, una amiga de Jorge Moragas, entonces jefe de gabinete de Rajoy, que pasaría a cobrar dinero de los fondos reservados a cambio de delatar al hijo del expresident, a quien acusó de viajar a Andorra cargado de sacas de dinero para blanquearlo. Hoy Jordi Pujol junior se encuentra a la espera de juicio: la fiscalía le acusa de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil y delito contra la Hacienda Pública.
Solo unas semanas más tarde de la cita con Victoria Álvarez, Villarejo apunta en su diario que Cospedal le hizo un primer pago de 100.000 euros para premiar la declaración de otro personaje controvertido, el empresario Javier De la Rosa, a cambio de que este acuse a Pujol de manejar cuentas en el extranjero, cosa que hizo.
En esos encuentros con el comisario, la líder del PP catalán incluye en la lista por su cuenta otro objetivo al que investigar: Sandro Rosell, presidente del Barça, al que se culpaba de haberse posicionado del lado del nacionalismo.
Rosell atribuye todo lo que le vino después a esa instrucción y denunció en un juzgado de Madrid a los mismos cargos policiales que le endosaron en un informe económico bienes ocultos, cuentas y sumarios en el extranjero que no existían. Asegura haber sufrido más de 70 inspecciones de Hacienda, y visitas de los inspectores a la cárcel de Soto del Real, donde pasó dos años en prisión preventiva, tras una controvertida instrucción de la jueza Carmen Lamela. El pasado septiembre la Audiencia de Barcelona ratificó la absolución en su juicio por delito fiscal. Es la quinta causa judicial de la que sale indemne.
Información de Hacienda en manos de Villarejo
Pero además de confidentes de reputación dudosa y de examantes con sed de venganza, las notas informativas de ese cuerpo parapolicial que trataba de combatir el independentismo bebían en otro tipo de fuentes, como revela otro documento registrado en Interior, que lleva en el encabezamiento la fecha de 30 de octubre de 2012 y que se titula “Josep Pujol Ferrola. Europraxis”. Se trata de otra nota informativa que especula sobre la venta de la consultora Europraxis fundada por el hijo del expresident a Indra, y donde supuestamente se embolsó seis millones de euros. En el segundo folio de ese dosier, Villarejo escribe: “En noviembre 2012 JOSEP ha regularizado su cuenta suiza”. Fuentes involucradas en aquellas maniobras atribuyen el baile en la fecha que encabeza la hoja informativa a que el informe pudo iniciarse ese día y concluirse varias semanas después. Pero la pregunta clave es cómo podía saber Villarejo que Josep Pujol Ferrusola se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno de Rajoy si esa información solo la tenía el Ministerio de Hacienda y la unidad de antiblanqueo. Solo año y pico después la conoció la opinión pública, cuando la publicó el diario El Mundo, tras otra filtración, y afectaba a otro de los hijos del expresident: Oleguer.
Las fuentes consultadas señalan que durante aquella época el departamento de Cristóbal Montoro se mostró “muy activo” en todo lo que tenía que ver con la investigación a dirigentes nacionalistas y apuntan que algunas de las publicaciones de información confidencial sobre contribuyentes catalanes salieron de la cúpula de su ministerio.
Según la documentación recabada en esta investigación conjunta de elDiario.es y La Vanguardia, al despacho de Jorge Fernández Díaz siguieron llegando esas notas informativas cuando ya había pruebas de que varias de ellas eran falsas e incluso después de que el ministro se mostrase indignado en el Congreso cuando se le preguntó si conocía esos informes apócrifos. Fuentes involucradas en aquellas maniobras han explicado cómo funcionaba el tráfico de dosieres entre los implicados en la llamada Operación Cataluña.
Esos informes apócrifos los facilitaba la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, con el hiperactivo Eugenio Pino al frente, pero también llegaban directamente al ministro a través de su jefe de gabinete, Francisco Martínez. Fueron decenas las “notas informativas” elaboradas entre 2012 y 2016. En su elaboración participaron además de Villarejo y su red, unidades policiales como la UDEF, que persigue la delincuencia Fiscal y Financiera, la Comisaría General de Información, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado y la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía, que entonces dirigía Enrique García Castaño, colaborador, amigo de Villarejo y también imputado en Kitchen para el que la Fiscalía pide 12 años de prisión. Sus causas están en suspenso tras sufrir un ictus. La Brigada Provincial de Información de Barcelona era la última pata del operativo que reportaba ese tipo de informaciones al DAO y que acababan sobre la mesa de Fernández Díaz. También hay informadores como el que fue director de la Agencia Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, que se ofrece a surtir de material a la cúpula de Interior para atacar a políticos de Convergencia y de ERC. Muchos de sus datos se revelaron falsos.
“El Estado español está en guerra”
El 21 de noviembre de 2012 esa factoría de informes contra los rivales políticos del PP invocó el hombre de Hervé Falciani, el empleado del banco HSBC que hizo pública una lista de más de 130.000 cuentas bancarias secretas de defraudadores fiscales, para dar credibilidad a sus atestados. La nota informativa encabezada con el sello de “secreto” concluía que Pujol figuraba en la lista Falciani, que había llegado a las autoridades españolas gracias a Francia. El dato se publicó en la prensa pero también era falso.
En el Ministerio del Interior también quedaron huellas de la utilización de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, que entonces dirigía Marcelino Martín Blas para perseguir a políticos y partidos nacionalistas catalanes. Martín Blas, que acabó muy enfrentado a Villarejo por rencillas entre comisarios, fue el mismo mando policial que advirtió en una cita celebrada en junio de 2014 en el hotel Villa Magna de Madrid al consejero delegado de la Banca Privada de Andorra, Joan Pau Miquel: “El Estado español está en guerra y le requiere información bancaria relativa al nacionalismo catalán”.
Se trata de uno de los episodios más escandalosos de la Operación Cataluña. El 1 de julio de 2014 una nueva nota informativa llega al despacho del ministro del Interior. No es un documento más, como demuestra el encabezamiento: DINERO OFFSHORE FAMILIA PUJOL. El documento establece que la fiabilidad de la información es muy alta y contiene “datos recogidos de fuentes fiables y solventes”. El escrito no lleva esta vez las iniciales F/V con las que firma Villarejo ni acaba con el clásico “fin de la cita” con el que acostumbraba a cerrar el comisario sus informes. Son seis páginas, sin membrete ni firma, en las que figuran pantallazos sobre supuestos movimientos de cientos de miles de euros de la pareja del expresident Jordi Pujol, Marta Ferrusola, y sus hijos Marta, Mireia, Pere y Oleguer, a quienes se presenta como titulares de cuentas en la entidad andorrana en la que figuraban ingresos por valor de 3,4 millones de euros.
La nota informativa señala que la familia del expresident podría estar blanqueando “ingentes cantidades de dinero en efectivo procedentes de todo tipo de acciones presumiblemente delictivas”. Pero añade algo más. Admite que “parte de estas informaciones” las habrían facilitado los propios responsables de la Banca Privada de Andorra, “de manera forzada y obligados por los las circunstancias ante el temor de poder perder la licencia de banca para ejercer en España como banca privada, a través de la marca Banca Madrid”. El escrito policial concluye que los responsables del banco “han optado por aceptar prestar colaboración con las autoridades judiciales y/o fiscales españolas”.
Solo seis días más tarde de que ese documento se reciba en el despacho del ministro del Interior, el diario El Mundo publica los mismos pantallazos con los movimientos de cuenta de la familia Pujol. El 25 de julio el expresident realiza una histórica confesión en la que admitió haber ocultado patrimonio que atribuyó a una herencia de su padre fallecido en 1980, el mismo año que asumió la presidencia de la Generalitat, que ostentaría hasta 2003. El escándalo sacude la política catalana y la de todo el país. El matrimonio que gobernó la autonomía durante más de dos décadas todavía está a la espera de juicio.
Pero la relevancia de esa nota informativa del 1 de julio de 2014 trasciende a la trayectoria del político más importante de Catalunya en las últimas décadas. Porque deja por escrito indicios de que autoridades españolas amenazaron a los responsables del banco andorrano si no facilitaban información confidencial sobre los Pujol.
Esa denuncia es la que instruye la juez de Andorra Stephanie García, quien ya ha comunicado al presidente Mariano Rajoy su condición de investigado, junto al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez y a quien fue director de la Policía Ignacio Cosidó. El DAO de aquella época Eugenio Pino y el inspector Bonifacio Díez también también fueron citados por la juez andorrana pero no se presentaron. En esa causa los responsables del Banco de Andorra acusan al Gobierno de Rajoy de extorsionarlos para lograr información comprometedora de los Pujol, de remitir información falsa a la oficina de control de delitos financieros de Estados Unidos hasta lograr la clausura del banco y de “intimidar” al Gobierno andorrano y a sus ministros durante una visita presidencial al Principado en 2015 para precipitar el cierre del banco.
La de Andorra es la única causa en la que un juez ha asociado el nombre de Mariano Rajoy a la Operación Cataluña, algo que no ha sucedido en ningún tribunal español. El futuro de esa investigación es incierto.