El “infierno” de Nadia Memouri empezó hace cinco años. Así define esta mujer barcelonesa su situación habitacional, que se descontroló en 2017, cuando le llegó la primera notificación de desahucio. Nadia vivía con sus dos hijas y su marido, que estaba en paro como ella, en un piso del barrio de Ciutat Vella de Barcelona que había sido su hogar durante 20 años. “Sin trabajo, con dos hijas... Dejamos de poder pagar”, recuerda Nadia.
Fue en julio cuando llegó la carta de expulsión y, paralelamente a eso, la familia presentó toda la documentación necesaria para acceder a la llamada mesa de emergencia, una herramienta pública para facilitar un alquiler social para las personas en riesgo de exclusión residencial. Pero no se les facilitó ningún piso protegido cuando llegó la fecha del primer desahucio. Ni del segundo. Ni del tercero.
“Pudimos ir parando los desahucios porque juntamos más de 100 personas frente la puerta”, afirma, agradecida a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la que forma parte. Pero la cosa cambió en septiembre de 2018, cuando le notificaron un desahucio con fecha abierta, que suponía que, en cualquier momento durante un periodo de dos semanas, podían acudir a echarla de su casa. “No nos vimos con fuerzas de aguantar aquello, así que pactamos una entrega de llaves”, explica.
Un año y dos meses después de ser aceptados en la mesa de emergencia, Nadia y su familia seguían en la lista de espera, motivo por el cual tuvieron que acceder a un piso puente para no quedarse en la calle. Se trata de viviendas que ofrecen los ayuntamientos a personas que han sido desahuciadas y donde pueden estar durante un tiempo limitado, hasta que se soluciona su situación. Pero el caso de Nadia no se solucionaba. “Fueron unos meses horribles, nos enviaron a Trinitat Vella, a la otra punta de la ciudad, sin red y lejos de la familia y amigos”, recuerda.
Más de 21 desahucios al día desde 2016
Tuvieron que esperar 26 meses, hasta octubre de 2019, para que les dieran un piso protegido con alquiler social. Esta larga espera es irregular y contraviene la ley 24/2015, conocida como la ley catalana contra los desahucios, que estipula que las administraciones deben asegurar una vivienda a cualquier persona vulnerable que haya sido expulsada de su hogar. A pesar de ser una espera que va contra la legislación, también es “común y usual”, asegura Gabrielle D'Adda, miembro de la PAH, que calcula que hay hasta 1.600 familias en la lista de espera en Barcelona, donde el tiempo que se tiene que aguardar, de media, es precisamente de 26,8 meses. Esta cifra supera con mucho la media catalana, que se sitúa en 8,9 meses.
Así se constata en el informe 'Estado de la exclusión residencial', elaborado por la PAH, el Observatori DESC, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y Enginyers Sense Fronteras (ESF), que expone también que desde 2017 ha habido en Catalunya 8.449 solicitudes a la mesa de emergencia, de las cuales se ha desestimado el 40%.
Las largas listas de espera en la mesa de emergencia son solo algunas de las irregularidades que las oenegés han detectado en la aplicación de la ley 24/2015 que, aunque fue aprobada hace siete años, ha estado en vigor sólo la mitad de este tiempo, puesto que ha sido recurrida y parada por diversas instancias judiciales. El texto, que fue impulsado por entidades de la sociedad civil, prevé la protección de las familias en riesgo de vulnerabilidad y garantiza soluciones para que ninguna se tenga que quedar en la calle o sufra cortes de suministro por impago.
Por eso, las entidades consideran “alarmante” que desde 2016 se hayan producido en Catalunya 54.300 desahucios, más de 21 al día. Esta cifra, si se lee conjuntamente con la de una lista de espera creciente en la mesa de emergencia, denota “falta de voluntad política para exigir a bancos y grandes tenedores la responsabilidad de no dejar a nadie en la calle”, asegura D'Adda. Y es que, según la ley, los grandes tenedores están obligados a ofrecer un alquiler social cuando reclaman el desahucio de un piso suyo. Pero esto sólo se ha llevado a cabo en 5.300 casos.
Un 50% más de riesgo de depresión
“A pesar de que se ha torpedeado mucho, hemos podido demostrar que la ley podría salvar a muchas familias de situaciones límite”, dice una ONG. También lo considera así Nadia, que se lamenta de que, a pesar de tener una ampara legal para no perder su casa, se vio inmersa en un proceso “largo y doloroso”. Y no lo fue sólo para ella, sino que sus hijas también sufrieron las consecuencias.
“Fueron meses muy estresantes y, aunque intenté no llevármelo a casa, ellas lo notaron”, dice Nadia, en referencia a sus hijas, que ahora tienen 11 y 14 años. La angustia y la inestabilidad derivada de la situación hicieron que las pequeñas desarrollaran problemas emocionales. “A las dos les han diagnosticado TDAH: la mayor, además, tuvo problemas para comer y la pequeña tuvo comportamientos agresivos en el colegio”, recuerda Nadia.
Afectaciones como estas son muy frecuentes en las víctimas de pobreza habitacional y energética, tal como demuestra una parte del informe en la que ha participado la Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPB). Según la investigación, el 74,4% de hombres y el 78,4% de mujeres que se han enfrentado a estas situaciones han sufrido malestar psicológico. Y el 52,2% y 52,3%, respectivamente, han sufrido depresión. Estos datos se traducen en que, frente a situaciones de emergencia por falta de vivienda, el riesgo a sufrir depresión se dobla.
Esto también afecta a niños y niñas, puesto que los índices de sufrir un estado de salud 'regular o malo' se multiplican por siete en aquellos que se enfrentan a desahucios o pobreza energética. “Encontramos problemas respiratorios y cardiovasculares, además de claras afectaciones en la salud mental. Hay que dejar claro que vivir en condiciones que no son adecuadas tiene consecuencias graves”, asegura Ana Novoa, médica y técnica de la ASPB.
Así lo corrobora Nadia, quien asegura que su estado de salud y el de sus hijas mejoró a partir de octubre de 2019, cuando acabaron los 26 meses de espera y pudo conseguir su vivienda social. Pero esa mejoría podría no durar. Estas viviendas tienen un alquiler equivalente al 18% de la renta cuando se trata de soluciones de emergencia. Esto supone que, de los 1.090 euros que cobra Nadia por la Renta Mínima Garantizada, paga 196 de alquiler.
Desde hace unos meses, el restante ya no le es suficiente para llegar a final de mes. “Aunque sé que de este piso no me van a echar, estoy cansada de sentir que esta rueda de precariedad no para nunca”, se lamenta Nadia quien, debido a sus experiencias previas, asegura haber perdido toda la confianza en las leyes que deberían protegerla.