El magnate John McAfee se quitó la vida en prisión el pasado 23 de junio. En dos semanas se han producido otros dos suicidios en centros penitenciarios catalanes de presos menos mediáticos: Mohamed murió tras incendiar su celda hace diez días, y Ana se colgó de su celda de aislamiento este domingo. Esta escalada ha puesto en alerta a los centros penitenciarios y a la Generalitat, que se ha comprometido a mejorar a mejorar el tratamiento y la detección de los problemas de salud mental entre la población reclusa.
En el caso de Ana, su pena no era larga –27 meses– pero se encontraba en aislamiento, un régimen con el que se castiga el mal comportamiento de los presos, que pueden llegar a pasar más de 21 horas diarias encerrados y sin compañía. Sus efectos sobre la salud mental de los internos son devastadores, más teniendo en cuenta las trayectorias vitales complejas de buena parte de la población reclusa. Ana había agredido a su abuela y sus padres también habían estado en prisión. No formaba parte del programa de prevención de suicidios de la cárcel. La defensa de McAfee viene asegurando que el interno “no dio signos externos” de querer quitarse la vida.
La consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, ha valorado este lunes que “quizás” Ana no debería haber sido encerrada en prisión sino seguir un tratamiento psiquiátrico. En su primera comparecencia parlamentaria de la legislatura, Ciuró ha reconocido que la cárcel no es una excepción al incremento de los problemas ligados a la salud mental de la sociedad, que la pandemia ha incrementado, y ha abogado por intentar buscar soluciones junto a la conselleria de Salud. Hasta el pasado mes de mayo, según las estadísticas oficiales, tres internos se habían suicidado en las cárceles catalanas después de que el año pasado se alcanzara la cifra récord de 11 suicidios. En el lustro anterior la cifra se había movido entre los siete y ocho anuales.
Sindicatos de prisiones y entidades en defensa de los derechos humanos coinciden en que hacen falta más profesionales e instalaciones. “Si el Govern detecta que hay un problema, tiene que poner dinero: hemos perdido 500 efectivos en los últimos años y hace falta más personal sanitario específico para el tratamiento de los problemas de salud mental”, asevera Xavier Martínez, de UGT Presons. “Podemos hablar de los protocolos y los programas de prevención de suicidios, pero la realidad es que sin más profesionales no se puede hacer un buen seguimiento de los internos”, resume la abogada penitenciaria Mireia Salazar, del centro Irídia.
Martínez también hace hincapié en la complejidad del departamento de mujeres de la cárcel de Brians 1, el centro donde cumplía condena Ana. En esta cárcel, relata Martínez, conviven presas de perfiles muy diferentes, con condenas muy variadas, con buen y mal comportamiento y que encaran de forma muy diversa la rehabilitación, lo que dificulta la seguridad y la gestión del departamento. Por ello el representante sindical reclama que no haya más demoras en la construcción de la nueva cárcel de mujeres de la Zona Franca de Barcelona, un proyecto que acumula años de retraso y que ahora está previsto para el 2027.
“Cada vez hay más problemas de salud mental y menos recursos, lugares específicos y habilitados para ubicar correctamente a los centenares de internos que los sufren, y nos encontramos con que se tienen que compartir espacios, lo que conlleva graves problemas de seguridad”, denuncia Martínez. Las estadísticas públicas de la conselleria de Justicia muestran cuántos internos tienen sida, hepatitis o tuberculosis, pero no detallan problemas de salud mental.
Por su lado, Salazar pide poner el foco en el régimen cerrado. “El aislamiento genera graves consecuencias físicas y mentales, hace falta dejarlo atrás porque es obsoleto. El problema está en el propio mecanismo, cualquier cambio difícilmente será suficiente y hay que poner fin al aislamiento penitenciario”, razona. En su último informe sobre las cárceles catalanas, el Consejo de Europa pidió a la Generalitat dar “pasos adicionales” en relación al régimen de aislamiento “para promover un régimen más individualizado y para ayudar a los presos a reintegrarse en la población carcelaria convencional”.
A falta de la concreción presupuestaria, Ciuró ha adelantado que la intención de su departamento es “hacer más” y revisar el programa de prevención de suicidios. Sí ha avanzado la consellera que promoverá un plan de ejecución de pena específico para la población penitenciaria joven y para las mujeres presas ante la “realidad muy diferente” que viven respecto a los internos hombres. “Todas las vidas tienen igual valor, sean o no conocidas”, ha concluido la consellera.