El Tribunal de Cuentas no devolverá los cinco millones que pagó de multa Artur Mas por el 9-N

Las multas millonarias que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a los dirigentes soberanistas por el procés en el último lustro no se devolverán. Así queda fijado en la ley de amnistía, que incluye el olvido penal y contable pero no la devolución de las cantidades ya pagadas en casos con sentencia firme, como fue el relativo a la votación del 9 de noviembre de 2014. En esta causa las multas ascendieron a 12 millones de euros para Mas –que fue el condenado a más responsabilidad contable, con 4,95 millones– y una decena de exaltos cargos.

Distinta situación puede derivarse de la otra gran causa abierta en el Tribunal de Cuentas y que todavía está pendiente de juicio. La Fiscalía reclama a los expresidentes Mas y Puigdemont así como a una trentena de encausados la devolución de 3,4 millones de euros relativos a gastos exteriores del procés y la organización del referéndum del 1-O de 2017. En este caso, los dirigentes soberanistas no han pagado todavía ninguna multa porque no han sido condenados, sino que tan solo han abonado fianzas.

La acción del ente fiscalizador en el procés ha transcurrido en paralelo a los procesos penales. El Tribunal de Cuentas ha abierto sendos procedimientos por los gastos relacionados con las dos consultas soberanistas de la pasada década, la del 9 de noviembre de 2014 y la del 1 de octubre de 2017, y ha impuesto fianzas y multas que suman 14 millones de euros.

Cabe recordar que en su sentencia a los líderes soberanistas el Tribunal Supremo rechazó imponer una indemnización a los condenados por malversación y dejó esta tarea en manos del Tribunal de Cuentas.

Al encargo del Supremo para cuantificar lo gastado por el Govern en el 1-O, se sumaron las pesquisas abiertas por el ente fiscalizador sobre los gastos exteriores del procés abiertas a raíz de un informe de fiscalización de la actividad exterior del Govern realizado en 2019 por el organismo tras solicitarlo la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas a instancias del PP y con el apoyo del PSOE y Ciudadanos.

Aunque ahora queden amnistiados los dos casos, la ley fija que no se devolverán las cantidades pagadas en concepto de multa en los procedimientos con sentencia firme, como es el del 9-N. La otra causa, relativa al 1-O, se cerrará una vez la ley quede aprobada, y las defensas trabajan con la idea de pedir la suspensión de la vista fijada para este viernes.

En este procedimiento, el Tribunal de Cuentas impuso fianzas de 5,4 millones de euros a los 34 exdirigentes y funcionarios encausados que el Govern cubrió con un fondo especial para que los procesados no tuvieran que vender propiedades o afrontarlo de su propio bolsillo. Sin embargo, el ente rechazó el aval del Govern y procedió a embargar a los encausados. Las cuantías se terminaron abonando mediante la Caja de Solidaridad con aportaciones del movimiento soberanista.

Sobre estas fianzas, la ley de amnistía establece que “se procederá” a su levantamiento, dejando vía libre a su devolución.

La causa del 9-N

La primera causa ya está sentenciada desde 2021. Pese a que el expresident Artur Mas y el resto de encausados nunca fueron imputados por malversación en su causa penal, todos ellos fueron condenados por el Tribunal de Cuentas que ascienden a 12 millones de euros. La cifra se pagó mediante la venta de propiedades y la Caja de Solidaridad.

En el procedimiento por el 9-N, el Tribunal de Cuentas condenó al expresident de la Generalitat Artur Mas a pagar 4,95 millones de euros, cifra total que el ente consideró que el Govern había destinado a la votación mediante publicidad u ordenadores para las escuelas que finalmente se usaron en los colegios. 

Mas no fue el único exdirigente que tuvo que abonar una multa millonaria en una sentencia redactada por la consejera contable y exministra de Justicia del Gobierno del PP de José María Aznar Margarita Mariscal de Gante, un ejemplo de la politización del tribunal que denunciaron las defensas. 

El exconseller de Presidència Francesc Homs fue condenado a pagar 1,98 millones; la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau, 2,8 millones; y la exvicepresidenta Joana Ortega 865.674,9 euros. Por su lado, los exaltos cargos Ignasi Genovès y Jordi Vilajoana fueron condenados a pagar 806.403 euros cada uno,  mientras que los excargos del Govern Lluis Bertran, Jaume Domingo, Josefina Valls, y Teresa Prohias tuvieron que reembolsar 698.685, 307.962, 81.143 y 21.767 euros respectivamente.