La mayor privatización de la historia de la Generalitat ha resultado un fracaso. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado el concurso que la Generalitat celebró en 2012 para privatizar Aigües Ter-Llobregat (ATLL), la empresa pública que vende el agua a los suministradores y de la que dependen casi cinco millones de personas del área metropolitana de Barcelona.
El TSJC considera que el procedimiento de adjudicación de ATLL vulneró “los principios de publicidad, concurrencia e igualdad”, por lo que el tribunal estima que la anulación “debe extenderse al conjunto del procedimiento de contratación, puesto que se trata de un vicio producido con anterioridad a la formulación de las ofertas de los licitadores”.
El de hoy supone un nuevo capítulo en la denominada 'guerra del agua' que enfrenta a Agbar, la Generalitat y al consorcio liderado por Acciona por la gestión de ATLL. El conflicto, que dista de solucionarse a corto plazo, ha tenido consecuencias en el precio del agua que pagan los consumidores, y puede afectar a las finanzas de la Generalitat.
El origen del conflicto se remonta a finales de 2012, cuando la Generalitat encontró en la privatización de ATLL la única manera de cuadrar las cuentas. El consorcio formado por Acciona, el banco de inversión brasileño BTG Pactual y las familias Rodés y Godia-Torreblanca resultó el ganador de la mayor privatización de la historia de la Generalitat: 1.000 millones de euros, de los cuales se abonaron inicialmente cerca de 300. La privatización permitió a la Generalitat reducir 0,5 puntos el déficit de ese año y evitar que superase el límite del 2%.
Adjudicación cuestionada
Pero rápidamente Agbar, la empresa que competía con Acciona por ATLL, llevó la adjudicación al Organismo de Recursos Contractuales de la Generalitat (OARCC) alegando que la oferta de Acciona no cumplía el pliego de condiciones. En enero de 2013, el OARCC dio la razón a Agbar y decidió excluir a Acciona del procedimiento, lo que desencadenó un seguido de medidas cautelares y recursos por parte de Acciona, Agbar y la propia Generalitat.
Acciona reclama que su contrato sigue vigente, mientras que Agbar considera que la Generalitat tiene que dejar a Acciona directamente fuera de ATLL y adjudicarle la gestión de la empresa. Hoy el TSJC no ha dictaminado ni una cosa ni la otra, sino que ha optado por anular todo el procedimiento llevado a cabo por la Generalitat para privatizar ATLL. La razón principal es que unas obras que figuraban en las bases del concurso primero como orientativas al final se consideraron obligatorias.
Previsiblemente, el conflicto se tendrá que solucionar en el Tribunal Supremo. La nueva portavoz del Govern, Neus Munté, ha advertido que la sentencia del TSJC “no es el final del proceso”, y ha explicado que el Govern prevé recurrir ante el TS. El consorcio liderado por Acciona y BTG Pactual también ha anunciado su intención de recurrir.
Por su lado, el portavoz de la plataforma Aigua és Vida, Moisès Subirana, ha considerado que la sentencia abre la puerta a que la Generalitat vuelva a tomar el control de ATLL. “Ahora el Govern tiene que tomar una decisión: o vuelve a abrir un concurso para que entre una empresa privada o recupera la gestión pública del agua”, ha aseverado Subirana en declaraciones a Catalunya Plural.
Efecto sobre los consumidores
En paralelo al recorrido judicial y al cruce de acusaciones entre Agbar, Acciona y la Generalitat, la 'guerra del agua' ha tenido a los consumidores como su principal daño colateral. Desde que año 2012 se iniciara la privatización de ATLL, el precio del agua ha subido 24%. En concreto, el precio que paga un hogar catalán con un consumo medio de 12 metros cúbicos al mes ha pasado de los 1,893 a los 2,353 euros por metro cúbico. En la provincia de Barcelona la subida ha llegado al 26%.
Parte de esta subida se explica por la maniobra que la Generalitat hizo para ahorrar trabajo a la empresa adjudicataria y hacer más atractiva a ATLL para los inversores. Semanas antes que se formalizará la privatización de ATLL, el consejo de administración de la empresa pública aprobó un incremento del 70% en el canon del precio del agua que suministraba a los ayuntamientos y a otras compañías de distribución. El recibo del consumidor final se encareció hasta un 30%, dependiendo de los recursos hídricos propios que cada territorio pudo aportar para equilibrar el gasto.
La subida del recibo del agua también se explica por la tarifa con la que Acciona ganó el concurso para gestionar ATLL. Acciona ofreció una tarifa media del agua de 0,7088 euros por metro cúbico, a alcanzar en dos años, mientras que Agbar elevó la tarifa a 0,79 euros a aplicar desde 2013. En 2012, el precio estaba en 0,64 euros, por lo que la concesión encareció el recibo un 10,7%.


Por otro lado, las finanzas de la Generalitat también podrían verse afectadas por el conflicto. Durante la discusión de los presupuestos del departamento de Territorio en el Parlament el pasado mes de enero, el conseller Vila afirmó que un nuevo concurso de adjudicación de la gestión de ATLL “no sería lesivo para la hacienda pública”.
Pero aunque el nuevo concurso no afectara negativamente a las cuentas, el conflicto entre Agbar y Acciona amenaza las finanzas de la Generalitat, tanto en su déficit como por las posibles compensaciones por lucro cesante que exija Acciona. El destino de los 1.000 millones que la Generalitat se apuntó como ingresos en 2012 se convierte en incierto a medida que se escriben capítulos de la 'guerra del agua'.