La Intervención de Santander reclama más personal para acabar con la lacra “estructural” de las facturas en el cajón del PP

La Intervención del Ayuntamiento de Santander, órgano fiscalizador de la Corporación, considera que solo un incremento de la plantilla puede evitar el retraso en la tramitación de expedientes y, con ello, la necesidad ya habitual de que el pleno reconozca extrajudicialmente facturas que no tienen el debido soporte legal, lo que se viene conociendo como facturas en el cajón.

Este es el caso de la regularización de las facturas que remite al Consistorio la empresa encargada del mantenimiento de rampas y escaleras mecánicas desde hace año y medio cuando expiró el contrato que regulaba la relación entre ambos. Desde entonces, el pleno viene legalizando el pago de estas facturas por lotes, con el consiguiente informe de la Intervención, que recuerda que el proceso no es el correcto.

La Intervención ya ha formulado reparos al pago de facturas que mantiene de forma constante el equipo de gobierno que lidera Gema Igual y advierte que, mientras falte personal, los trámites administrativos seguirán incumpliendo plazos, una dinámica “estructural” en el que está instalado el PP desde hace años.

“Teniendo en cuenta la reiteración de expedientes de reconocimiento extrajudicial de deudas tramitados en los últimos ejercicios presupuestarios debido, principalmente, a la tardía tramitación de los procedimientos de contratación, hay que concluir que estamos en presencia de un problema de carácter estructural del Ayuntamiento y hay que resolverlo dotando de medios personales (con perfiles idóneos al trabajo a realizar) a los servicios de contratación, compras y patrimonio, sin olvidar crear plazas de gestión administrativa a los servicios técnicos”, es la coletilla habitual en todo informe de la Intervención.

Además, estima que, mientras esta situación se mantenga, el Ayuntamiento de Santander deberá priorizar su política de contratación, dejando en un segundo término los relativos a prestación de servicios o realización de obras que no sean prioritarias.

“En tanto en cuanto los recursos personales sean insuficientes, habrá que planificar la contratación anteponiendo la prioridad en los contratos que respaldan servicios y obras obligatorios o que tengan prioridad por la financiación que tenga vinculada (fondos europeos, subvenciones, etc.) dejando para mejor tiempo la contratación de servicios y obras que no sean exigibles o prioritarios (esto es, que sean voluntarios)”, señala la documentación consultada por elDiario.es.

En el pleno del mes de marzo, el Ayuntamiento de Santander asumió el pago de 700.000 euros por el mantenimiento de rampas y escaleras mecánicas sin contrato, al aprobar el reconocimiento extrajudicial de las facturas. De esa cantidad, 500.000 euros han correspondido a 2024 y otros 200.000 son del final de dicho año y del actual.

TK Elevadores es la empresa encargada del mantenimiento de estas estructuras de movilidad, una vez caducado el contrato hace año y medio. Los pagos se justifican en términos de necesidad. Cuando llega al pleno el reconocimiento extrajudicial de la deuda, los servicios jurídicos consideran que los trabajos han sido efectivamente realizados por lo que, de no abonarlos, supondrían un enriquecimiento ilícito del Consistorio.