Este 17 de agosto no será un aniversario cualquiera para las víctimas del atentado de la Rambla y Cambrils, sino el primero tras la sentencia. En mayo pasado la Audiencia Nacional condenó a los tres miembros de la célula yihadista establecida en Ripoll, en un fallo judicial que, finalmente, ponía por primera vez negro sobre blanco los nombres de las 338 víctimas totales de aquellas dos fatídicas jornadas, en las que fueron asesinadas 16 personas. La lucha de los afectados y sus familiares había durado más de tres años en los que muchos de ellos habían denunciado el olvido, la desatención institucional y la dificultad para ser reconocidas.
Las 338 personas que aparecen en la sentencia vivirán este martes el primer 17A como víctimas oficiales pero, cuarto años después, la mayoría de ellas aún mantienen buena parte de sus reivindicaciones. En la víspera de este aniversario, la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por el Terrorismo (UAVAT) ha denunciado que, por el momento, solo se han concedido el 22% de las indemnizaciones. Según los cálculos de la entidad, más de dos meses después de que la Audiencia Nacional las reconociera como víctimas en el fallo, aún hay 248 personas de las que no consta información sobre si han recibido o no la compensación que les correspondería por ley.
Para la presidenta de la asociación, Sara Bosch, que cuatro años después la mayoría de los afectados no haya recibido del Ministerio del Interior una reparación como víctima es “una negligencia de base”. A su juicio, el reconocimiento y reparto de las compensaciones “debe ser una tarea proactiva y se debe hacer antes de que la sentencia sea firme”. Así lo ha reclamado la presidenta en una rueda de prensa, en la que ha exigido además que se revisen los protocolos para evitar el abandono institucional que sienten muchos de los afectados en este tipo de atentados.
Los problemas respecto a la concesión de indemnizaciones y compensaciones a las víctimas del 17A son numerosos y tienen diferente alcance según los casos, según explica Antonio García, abogado de la Asociación 11M, que se personó como acusación popular y también en nombre de un colectivo de 74 de las víctimas de los atentados. “El procedimiento para las indemnizaciones es terrorífico porque en la instrucción con las víctimas se hizo un cajón de sastre y se actuó sin diligencia desde el primer día”, denuncia el abogado. García indica además que mientras que algunos de los damnificados desde el principio fueron reconocidos y sus daños personales y materiales fueron cuantificados, otros ni siquiera hoy cuentan con informe forense y, a lo sumo, su nombre solo aparece en la sentencia.
“Algunas víctimas han recurrido para reclamar que se fijen las indemnizaciones de cada persona en la propia sentencia, pero yo diría que eso no va a suceder”, pronostica García. Por esta razón, el abogado de la acusación teme que los resarcimientos aún pueden tardar “mucho tiempo” en llegar. Para empezar, deberá haber una sentencia firme, pues esta ha sido una de las razones aducidas por el Ministerio para no comenzar aún a reparar a los afectados.
Pero, para que la sentencia sea firme, primero deben resolverse los recursos interpuestos por varios de los afectados, entre ellos la propia acusación popular de la Asociación 11M. Una vez se resuelvan, llegará el momento de centrarse en la parte de las indemnizaciones. “Habrá que entrar en procedimientos administrativos casi individuales para cada víctima, hacer una valoración respecto a lo que aparece en la sentencia y, para quien no tenga informe forense, habrá que proporcionársele uno, en el que se le valore rigurosamente daños físicos y psicológicos, consecuencias que ha tenido, pérdidas económicas…”, asegura el abogado, que culpa de esta situación a la instrucción llevada a cabo por la Audiencia Nacional.
En la misma línea va la denuncia de la UAVAT, que ha sido una de las entidades más críticas con el trato dado por las instituciones a las víctimas del atentado de la Rambla. El pasado 30 de mayo, poco después de conocerse la condena, la presidenta de la asociación ya subrayó que el fallo ponía en evidencia las “carencias graves” en la relación entre los afectados y la administración. “En el presente sumario las víctimas han sido las grandes olvidadas”, escribió en la sentencia el magistrado Alfonso Guevara, presidente de la sala. Una afirmación que alivió a las asociaciones de afectados pero que, según denuncian, no ha servido para mejorar la situación.
Recursos para reclamar condenas por asesinato
Otra de las cuestiones que las víctimas llevan señalando desde que se dictó la sentencia es el sentimiento agridulce por el hecho de que finalmente no haya condenas por asesinato. En concreto, la Audiencia Nacional condenó a 53 años y medio de cárcel a Mohamed Houli Chemlal y a 46 y medio a Driss Oukabir por pertenencia a organización terrorista, fabricación de explosivos y estragos en tentativa, y a otros 8 años a Said Ben Lazza por colaboración con organización terrorista. Sin embargo, la Sala de lo Penal absolvió a los dos primeros de hasta de 14 delitos de asesinato, en diferentes grados, por los que venían acusados por los familiares de las víctimas.
Ahora algunas acusaciones han interpuesto recursos para tratar de mejorar esa parte de la sentencia, entre ellos los abogados de la Asociación 11M. “No pedimos la nulidad de la sentencia, pedimos la nulidad del argumento jurídico primero, que dice que no puede juzgarse a los acusados por los hechos de Cambrils y las Ramblas porque no fueron procesados por ello, es decir, no se incluyeron inicialmente esos delitos”, explica el abogado García. “Pero nosotros no nos estamos inventando los hechos, están descritos en la sentencia, que establece un relato de hechos probados en el que aparecen ambos como cooperadores necesarios o, al menos, como cómplices”, indica.
La cuestión sobre los delitos de asesinato ha sido un constante debate jurídico entre las diferentes acusaciones. Tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Generalitat, ambos personados, acabaron prefiriendo no acusar por estos tipos penales por razones técnicas. Otras partes optaron por otro camino. Será la Sala de Apelación quien acabe resolviendo esta petición. Con todo, para García está claro que Houli Chemlal y Driss Oukabir fueron cooperadores necesarios, entre otras cosas porque fue el segundo quien alquiló el vehículo del atentado en vista de que los demás no podían hacerlo. “La furgoneta no hubiera podido entrar en las Ramblas sin la intervención de Oukabir”, resume el abogado, que considera que si los terroristas fueran de ETA sí hubieran sido condenados por delitos de asesinato.