La práctica totalidad de las 1.428 víctimas de trata con fines de explotación sexual en España son mujeres. Prácticamente un tercio de ellas son de origen rumano. Y la gran mayoría son menores de 25 años, principalmente menores de edad. Estas son las principales conclusiones de un estudio elaborado por la Fundació Surt, especializada en cuestiones de género, a partir de los datos recogidos en el año 2014 por la Fiscalía General del Estado. Las responsables del informe, presentado este martes en el Colegio de Periodistas de Barcelona, han destacado que estas cifras son sólo “la punta del iceberg” de la explotación sexual y el tráfico de personas, actividades que mueven en España cerca de 8,3 millones de euros.
Según el estudio, elaborado en colaboración con el proyecto europeo Girl (Gender Interventions for the Rights and Liberties of Women of Trafficking Sexual Exploitation) entre el 2014 y el 2016, el patrón habitual de conducta del explotador o el traficante es entablar una “relación afectiva” con la víctima con la promesa de una vida en común en el país de destino, estableciendo una extorsión “sobre todo psicológica”.
El estudio incide en la especial vulneración de las mujeres de origen rumano, más de 500, respecto de otras nacionalidades que también son explotadas en España. De las 1.428 víctimas, el 34% eran de nacionalidad rumana. Pero no son las únicas. A bastante distancia, las siguen las mujeres de nacionalidad china (13% de los casos), dominicana (10%) y brasileña (7%). La explotación sexual, concluye el informe, es la principal finalidad de los casos de tráfico en España. Se da en un 91,6% de los casos de tráfico de personas. Ser víctima de trata con fines de explotación sexual es sinónimo de mujer: sólo el 1,3% de los casos afectan a hombres.
La trata de personas con fines sexuales afecta, según las Naciones Unidas, a más de 2,5 millones de personas en el mundo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) eleva la cifra hasta los 4,5 millones y añade que el tráfico de personas para la explotación es el tercer negocio más lucrativo del mundo (32.000 millones de euros) tras el tráfico de armas y de drogas.
La investigadora de Surt, Laura Sales, ha atribuido durante la presentación del informe esta manipulación sentimental a la “socialización de género basada en el amor romántico”: la mayoría de víctimas considera que “tener pareja es el principal objetivo en la vida”, lo que conlleva un riesgo, según destaca el estudio, de tolerar las relaciones abusivas.
Sales también ha destacado que el “amor romántico” no sólo interviene en la captación sino que también “mantiene” la explotación. Una conclusión que ha matizado durante la exposición de este martes la cónsul de Rumanía en Barcelona, Geanina Mihaela Boicu, que ha puesto el foco en los agresores, a los que ha tachado de “estafadores sentimentales”.
La captación de las víctimas, según cita el informe, se articula también a través de los “familiares, amistades o parejas”, que son los que reciben el dinero resultado de la explotación sexual. “El entorno no se preocupa del origen del dinero”, ha destacado la fundación. Las especialistas de Surt llaman a este fenómeno “la mentira nacional”.
“Puntos en común” contra las desigualdades de género
Las mujeres víctimas de la trata para explotación sexual presentan un cuadro de vulnerabilidades común: nivel de estudios y socioeconómico bajo, empleo precario o cuidados negligentes en la niñez. La Fundació Surt considera que para acabar con estas vulnerabilidades hay que evitar prácticas abusivas como la violencia física o psicológica, la retención de los documentos por parte de los agresores o la obligación de consumir drogas durante el tráfico y la estancia en el país de destino.
La Fundación Sale propone mejorar la información y la sensibilización a partir de una campaña local con el mensaje “De Rumanía a la trampa”, con el objetivo de “encontrar puntos en común” entre las mujeres rumanas y las que también sufren de otros tipo de desigualdad de género en España.
Surt también ha pedido una “mejor coordinación” entre las ONGs y los cuerpos de seguridad. Para la fundación es indispensable la aplicación de más medidas contra el tráfico desde una perspectiva de derechos humanos, además de promulgar una ley integral contra la trata que incluya “todas las modalidades de explotación sexual” y considere esta práctica como “una forma de violencia machista”.