Víctimas del franquismo piden al Gobierno declarar la comisaría de Via Laietana “lugar de memoria democrática”

La lucha por reconvertir la comisaría de Via Laietana de Barcelona, sede actual de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Catalunya, en un espacio de memoria histórica tiene un nuevo capítulo. Entidades y represaliados por la dictadura han iniciado este jueves los trámites para forzar al Gobierno a declarar la conocida como 'casa de los horrores', donde decenas de antifranquistas fueron torturados, como “lugar de memoria democrática” y convertirla de una vez por todas en un lugar de recuerdo, alejado de sus actuales usos policiales.

La acción busca una respuesta del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos a una larga reivindicación del Parlament y las entidades de memoria histórica. Hasta ahora los sucesivos Ejecutivos tanto del PSOE como del PP han vetado que Via Laietana sea un espacio de memoria de la represión franquista. Pero a juicio de las entidades, la nueva ley de memoria democrática abre una rendija.

Así lo han planteado este jueves ante la Delegación del Gobierno asociaciones como Ateneu Memòria Popular, Fundació Cipriano García-CCOO, Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme, Amical de Mauthausen, Amical de les Brigades Internacionals e Irídia. En paralelo, la nueva consellera de Justicia, Gemma Ubasart, ya apostó por trabajar de forma discreta para que el Ejecutivo se avenga a trasladar a la Policía del edificio y reconvertirlo en memorial.

Las entidades han planteado al Gobierno la declaración de Via Laietana como “lugar de memoria democrática” porque el Ejecutivo no lo ha hecho de oficio. La nueva norma permite a cualquier entidad memorialística reclamar la inscripción de un espacio de represión franquista en el inventario de lugares de memoria democrática, lo que obliga a las autoridades a “garantizar su perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada”. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática tiene hasta un año para responder a las entidades.

Via Laietana fue uno de los escenarios donde la Brigada Político Social de la Policía franquista desplegó todas sus herramientas de tortura. Sobresalieron en este campo los temidos hermanos Creix. Tal y como relata en su querella Carles Vallejo, uno de los represaliados del tardofranquismo, fue sometido a distintas técnicas de tortura física y psicológica para extraerle información sobre las actividades de los trabajadores en SEAT, el PSUC y CCOO.

Hubo torturas físicas: lo golpearon y le dieron patadas en varias partes del cuerpo; lo ataron en una silla por las rodillas manteniéndole acuclillado durante horas; le sometieron a las denominadas “ruedas”, en que Vallejo fue situado en el centro de unos cinco o seis agentes de policía puestos en círculo y que lo agredían por turnos; y fue sometido a asfixia mediante el método de “la bolsa”.

“Queremos que Via Laietana se convierta en un lugar de memoria y la ley nos permite exigirlo”, ha asegura la presidenta de l'Ateneu Memòria Popular, Angelina Puig.

El edificio que todavía a día de hoy alberga Jefatura Superior de la Policía Nacional en Catalunya fue construido en 1929 y ocupa 4.578 metros cuadrados repartidos en planta baja más cinco pisos y sótanos. En la presentación de su solicitud, las entidades han adjuntado varios estudios históricos, patrimoniales y arquitectónicos para poner en evidencia que el edificio cumple con todas las condiciones para ser considerado espacio de memoria democrática según lo recogido en la ley.

El Ayuntamiento de Barcelona ya tiene desde hace meses informes con propuestas para convertir el edificio en espacio de memoria. El concejal de Ciutat Vella y de Memoria Democrática, Jordi Rabassa, ha remarcado la colaboración entre el consistorio y las entidades: “Tenemos acuerdo y consenso ciudadano de que la Jefatura debe dejar de ser lo que es hoy; no tiene ningún sentido a estas alturas siga siendo una comisaría de policía cuando fue el epicentro de la represión franquista en la ciudad”.

Rabassa ha recordado que el plenario municipal ha votado a que el espacio deje de ser policial y ha incidido en que cumple todos los requisitos de la ley para ser un espacio de memoria democrática. “Uno de los objetivos del gobierno municipal es hacerlo realidad lo antes posible, y ahora solo falta que el Gobiern haga lo imprescindible, lo que dice la ley y es de sentido común”, ha remachado.