Ciencia, programas y promesas electorales: ¿hablamos de lo que importa?

Durante esta campaña electoral todos los candidatos han reiterado su apuesta por la ciencia y la innovación. Han insistido en que la I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) es un sector clave para recuperar la economía española, cambiar el modelo económico y dejar atrás la crisis para siempre. Así lo reconocen los programas electorales de todos los partidos con representación parlamentaria. Sin embargo, las ideas que cada partido tiene sobre cómo, cuánto y cuándo invertir en I+D+i han estado ausentes en los debates a tres, a cuatro o a siete que tanta expectación como desilusión han generado. Por ejemplo, la ciencia se mencionó sólo dos veces, y de forma pasajera, en el único debate entre los cuatro candidatos presidenciales de los partidos mayoritarios.

Dada la gran cantidad de talento investigador desaprovechado (o, directamente, emigrado) tras el periodo de fuerte desinversión que ha caracterizado a la legislatura pasada, un esfuerzo bien planificado en investigación básica y aplicada es sin duda imprescindible (aunque no suficiente) para renovar un modelo productivo arcaico centrado en el pelotazo urbanístico, la producción agraria y el turismo. Es por ello que todos los partidos coinciden en mencionar la investigación y la innovación en su propaganda electoral. Sin embargo, sus programas, discursos y debates se limitan muchas veces a declaraciones genéricas de buenas intenciones, que no se concretan en una apuesta real por el I+D+i español. En este post complementamos la información proporcionada por los análisis de Ciencia con Futuro para las elecciones del pasado 20 de Diciembre y la convocatoria del 26 de Junio con una revisión de algunos de los aspectos clave de las propuestas de los principales partidos.

En un comunicado reciente, la COSCE (Confederación de Sociedades Científicas de España) identifica, entre otras, seis medidas clave para recuperar la ciencia e innovación en España: (1) aumentar inversión pública en I+D+i, pero cambiar también su estructura; (2) crear y consolidar un organismo independiente que administre dicha inversión; (3) crear un modelo estable de captación y recuperación de talento; (4) mejorar la transferencia de conocimiento al tejido productivo; (5) mejorar y reforzar el sistema de evaluación; y (6) realizar una reforma en profundidad de la estructura de gestión de universidades y organismos públicos de investigación. Estos seis ejes, junto con la necesidad de (7) estructura profesional de la carrera científica y (8) rendición de cuentas, proporcionan un marco sobre el que evaluar las propuestas que aparecen en los programas de los cuatro principales partidos: Partido Popular, PSOE, Unidos Podemos (UP, basado en el de Podemos, el de Izquierda Unida y el acuerdo electoral entre estos partidos y Equo) y Ciudadanos. No analizamos las propuestas de partidos nacionalistas catalanes y vascos porque se centran en fortalecer las estructuras de ciencia e innovación en sus respectivos ámbitos territoriales, que ya cuentan con apuestas decididas promovidas por sus gobiernos territoriales, y que de hecho pueden servir en parte de modelo para el desarrollo del tejido de I+D+i del resto del estado. Tampoco analizamos las medidas encaminadas a la diseminación del conocimiento científico a la sociedad, que necesitarían de un enfoque aparte.

Todos los partidos proponen aumentar la inversión actual progresivamente hasta el 3% del PIB. Sin embargo, mientras que Ciudadanos y Unidos Podemos pretenden alcanzar este nivel en 2020, el PSOE cifra la inversión al final de la legislatura en el 2.5%, y el PP en un 2%, en este último caso “si las condiciones lo permiten”. Todos los partidos apuestan porque esta inversión sea pública y privada, pero mientras que C’s se centra en desarrollar la (muy necesaria) ley del mecenazgo para impulsar la inversión privada, UP y PSOE indican claramente que gran parte de dicha inversión será pública, al menos al principio, especificando además que será de carácter civil. Podemos e IU incluso establecen la obligatoriedad de ejecutar todo el presupuesto de I+D+i, evitando las trampas presupuestarias de ejecutar sólo una parte para reducir el déficit final del estado. Esta coalición también separa la inversión pública (de alrededor del 2% del PIB según su acuerdo electoral) de los créditos a empresas, mientras que el PSOE restringe estos últimos.

A pesar del énfasis en aumentar el nivel de gasto en investigación, las asociaciones y plataformas de científicos insisten en la necesidad de asegurar que dicha inversión sea estable (continuada en el tiempo e independiente de los ciclos electorales) mediante la creación de un fondo estable de inversión. Por desgracia, esa reivindicación ha tenido poco eco. Tan sólo se menciona la capacidad de la nueva agencia estatal de investigación de gestionar financiación plurianual (por ejemplo, en el programa del PP). Ni PP, ni PSOE ni Unidos Podemos se detienen a definir las competencias de dicha agencia. Es aquí donde el programa de C’s se distingue, abogando porque dicha agencia sea independiente (adscrita a la presidencia del gobierno) y no se encargue sólo de administrar los fondos públicos de investigación, sino que también evalúe el desempeño de universidades, hospitales y organismos públicos de investigación (OPIs).

La captación y consolidación de recursos humanos es otra de las prioridades expresadas por todos los partidos. En los programas de PP y C’s se habla de planes de choque genéricos, sin desarrollarlos más allá de una simplificación en los procesos selectivos para facilitar el acceso de investigadores provenientes del extranjero. Esto incluye la propuesta de una cuota del 1% para investigador permanente internacional en el caso de C’s que probablemente ya se cumpla en gran parte de los OPIs y universidades españolas. En contraste, UP y PSOE presentan baterías de medidas bien desarrolladas y de recorrido claro que, si son implementadas, incrementarán y mejorarán de manera significativa el tejido investigador, paliando al menos en parte los efectos de la fuerte reducción que ha sufrido el colectivo investigador en los últimos seis años. El PSOE propone incorporar, basándose en criterios de excelencia, 10.000 investigadores durante la legislatura, con énfasis en los investigadores en fases iniciales de su carrera. Mientras que Podemos apuesta por duplicar las convocatorias de contratos postdoctorales; crear un programa de atracción de jóvenes investigadores que puedan liderar nuevos laboratorios y grupos de investigación, ligados a procesos claros de consolidación de quienes muestren un desempeño adecuado; implantar políticas de género e igualdad en la contratación; crea un observatorio de transparencia, que vele tanto por el acceso meritocrático como por las condiciones laborales en los centros de investigación; y flexibilizar la carrera docente e investigadora. Algunos de estos aspectos también están presentes de manera genérica en el programa de C’s, por lo que a priori no debería ser difícil consensuar buena parte de estas medidas entre varios de los partidos principales.

La reestructuración de la carrera científica recibe bastante menos atención que la atracción y consolidación de investigadores, excepto en el caso de C’s y Podemos. Las dos formaciones apuestan por desarrollar una carrera científica basada en el mérito, que mejore la flexibilidad en la contratación y permita concursos más abiertos (algo que mencionan todos los partidos) y, en el caso de C’s, la creación de plazas de tipo tenure track que permitan consolidarse como funcionarios a los investigadores contratados que pasen su correspondiente evaluación. Sin embargo, C’s centra su atención en la necesidad de eliminar los vicios del sistema actual, asumiendo el criterio de calidad y mérito en vez del de continuismo o de derechos adquiridos. Por el contrario, UP se centra en desarrollar una propuesta de carrera científica única basada en una progresión laboral meritocrática predecible. Este diseño de carrera única permitiría la movilidad entre instituciones (algo también contemplado por el PSOE) mediante la unificación de los procesos de contratación de universidades y OPIs, teniendo en cuenta las particularidades de docentes universitarios, investigadores de OPIs e investigadores de hospitales. Podemos recoge además la necesidad de establecer carreras independientes para el personal técnico y los gestores de I+D+i.

La transferencia de los resultados de la investigación básica al tejido productivo mediante la innovación es otra de las preocupaciones generales de todos los programas. Todos contemplan el impulso de la cooperación público-privada. Sin embargo, mientras que el PP lo fía al favorecimiento de las relaciones entre universidades, OPIs y empresas, el resto de partidos propone crear nodos de colaboración entre grandes empresas, PYMES y departamentos de investigación en diferentes regiones de España. Aunque estas propuestas se basan en los mismos modelos (p.e. Fraunhofer Institutes en Alemania), Podemos propone crear polos de crecimiento y desarrollo regionales asociados a universidades y centros de investigación ya existente, mientras que PSOE y C’s proponen la creación de institutos tecnológicos y de innovación industrial con financiación mixta público-privada. Los dos últimos partidos presentan propuestas relativamente similares en este apartado, seguramente debido a los acuerdos alcanzados durante el fallido pacto de investidura.

El acceso a las patentes obtenidas con fondos públicos tan sólo se contempla en los programas de PSOE y UP. Los primeros pretenden hacer obligatoria al cabo de tres años la cesión al dominio público de la propiedad intelectual que no haya sido explotada, siempre que sea vinculada a iniciativas generadoras de empleo (algo que ya es práctica habitual en las principales OPIs). La coalición de izquierdas va más allá: según el programa de IU, se pretende garantizar el uso y difusión libre del resultado de investigaciones financiadas con fondos públicos, así como las relacionadas con necesidades básicas, como medicamentos. El programa de Podemos modera esta última medida, ligándola a la implementación de precios justos en los medicamentos. En este apartado es necesario ponderar que el libre acceso a las patentes puede conllevar que las empresas utilicen los resultados de investigación pública sin ningún tipo de control o retribución a las arcas del estado. Un pequeño control de las patentes puede ser necesario para liberar de manera gratuita en aplicaciones de interés general, pero asegurar un retorno justo al sistema público de investigación de los beneficios que obtenga el sector privado de su aplicación comercial.

Otro aspecto clave es mejorar la estructura organizativa del sistema de I+D+i español. Todos los partidos incluyen propuestas para mejorarla. Todos reconocen que la rigidez y la burocracia de los procesos de control de gasto y contratación lastran la competitividad internacional de universidades y OPIs, cargando de trabajo administrativo innecesario a gestores e investigadores, y ralentizando e incluso impidiendo realizar los gastos lógicos para la consecución de los proyectos de investigación. El PP y el PSOE se limitan a hacer hacer declaraciones genéricas de intenciones para revisar y simplificar los procedimientos administrativos asociados a I+D. C’s y UP, por el contrario, además de minimizar los procedimientos burocráticos proponen mejorar la gobernanza de la investigación española, aunque con las diferentes perspectivas que pasamos a detallar.

Por un lado, tanto C’s como PSOE y Unidos Podemos pretenden potenciar un sistema sólido de evaluación y rendición de cuentas, en el que se ligue el rendimiento de cuentas a la financiación que reciben instituciones y grupos de investigación. Además, C’s pretende otorgar financiación adicional a centros de excelencia, y crear un comité asesor de ciencia y tecnología que, ligado a presidencia, diseñe la estrategia científica del estado.

La propuesta de UP, en cambio, es más detallada, y se centra en “democratizar” el sistema de I+D+i español. Esto incluye medidas para favorecer políticas de transparencia e independencia en la gestión de universidades y OPIs, mejoras en la rendición de cuentas, políticas de igualdad en el acceso a la carrera investigadora, y penalización de los procesos de decisión y las estructuras jerárquicas piramidales, trasladando al estado la responsabilidad de monitorizar las designaciones (y destituciones). Estos procesos se acompañan de la creación de un observatorio de defensa de la transparencia en OPIs y universidades, encargado también de controlar las condiciones laborales de los investigadores y docentes.

Resulta claro que las fuerzas políticas emergentes presentan propuestas con un mayor grado de desarrollo. Aunque presentan diferencias obvias, que atienden a modelos diferentes de país y, por lo tanto, a papeles ligeramente diferentes de la I+D+i, también coinciden en gran cantidad de puntos. En muchas ocasiones estos puntos coincidentes se encuentran también en el programa del PSOE, que según el análisis de Ciencia con Futuro es el más completo de todos, una opinión que no compartimos. Y, a veces, estos puntos también aparecen en el programa del PP, que es sin lugar a dudas el más vago e impreciso de todos.

La viabilidad de las propuestas de los nuevos partidos dependerá de su grado de desarrollo durante una eventual legislatura en la que participen en el gobierno, y de su financiación. Tanto C’s como UP presentan memorias económicas bien desarrolladas, por lo que si los argumentos a partir de los que construyen sus presupuestos se demuestran válidos, la disponibilidad presupuestaria para aplicar sus programas de I+D+i podría estar garantizada. Otra cosa es el grado de éxito que obtengan. Es muy probable que la intención de UP de quebrar la estructura de funcionamiento piramidal de muchos departamentos universitarios e institutos de investigación necesite de algo más que una mera supervisión de los nombramientos por el consejo de transparencia. Del mismo modo, la capacidad de desarrollar innovación de la gran mayoría de las empresas españolas es tan limitada que muy pocas están actualmente en condiciones de apoyar la financiación de los institutos público-privados de la manera en que propone C’s. Por ello, aun teniendo orientaciones muy positivas para el sistema de I+D+i español, ambos objetivos necesitan de una apuesta estratégica a un plazo bastante más largo que una sola legislatura.

En cualquier caso, con que sólo la mitad de las medidas propuestas por cualquiera de estos partidos se llevara a cabo, el sistema de investigación español mostraría una clara mejoría. Incluso con la más sencilla de incrementar el nivel de inversión. Pero cuando uno ve lo que algunos partidos han prometido primero e incumplido después, no queda mucho margen para el optimismo. Podríamos argumentar que los nuevos partidos sí parecen preocuparse más por este tema, pero si juzgamos la importancia de los temas por el tiempo que se les concede en los debates televisados entre líderes políticos, la planificación de la I+D+i en nuestro país no parece ni mínimamente prioritaria con la honrosa excepción del minuto final de Alberto Garzón en el debate de economía realizado en la Sexta. Debemos plantearnos si la I+D+i es un tema más o si es realmente tan importante como decimos unos y otros. Si lo es, no podemos conformarnos con promesas volátiles.

Como llamada a la esperanza, tanto C’s como PSOE y UP proponen el establecimiento de una mesa o pacto estatal por la ciencia, reeditando el que ya se firmó en la pasada legislatura entre todas las fuerzas políticas menos el PP. Ya hemos comentado en otro post que el nivel de consenso en los cambios que necesita el CSIC, el organismo público de investigación más grande del país, es muy elevado. La revisión de sus programas sugiere que PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos podrían ponerse de acuerdo fácilmente en multitud de aspectos y recabar el apoyo de otras fuerzas para alcanzar un acuerdo transversal sobre ciencia y tecnología que fuera uno de los ejes de consenso durante la próxima legislatura.

Tal vez sea posible. Como dijo Albert Einstein, “si lo puedes imaginar, lo puedes lograr”.

Feliz jornada de reflexión.

Durante esta campaña electoral todos los candidatos han reiterado su apuesta por la ciencia y la innovación. Han insistido en que la I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) es un sector clave para recuperar la economía española, cambiar el modelo económico y dejar atrás la crisis para siempre. Así lo reconocen los programas electorales de todos los partidos con representación parlamentaria. Sin embargo, las ideas que cada partido tiene sobre cómo, cuánto y cuándo invertir en I+D+i han estado ausentes en los debates a tres, a cuatro o a siete que tanta expectación como desilusión han generado. Por ejemplo, la ciencia se mencionó sólo dos veces, y de forma pasajera, en el único debate entre los cuatro candidatos presidenciales de los partidos mayoritarios.

Dada la gran cantidad de talento investigador desaprovechado (o, directamente, emigrado) tras el periodo de fuerte desinversión que ha caracterizado a la legislatura pasada, un esfuerzo bien planificado en investigación básica y aplicada es sin duda imprescindible (aunque no suficiente) para renovar un modelo productivo arcaico centrado en el pelotazo urbanístico, la producción agraria y el turismo. Es por ello que todos los partidos coinciden en mencionar la investigación y la innovación en su propaganda electoral. Sin embargo, sus programas, discursos y debates se limitan muchas veces a declaraciones genéricas de buenas intenciones, que no se concretan en una apuesta real por el I+D+i español. En este post complementamos la información proporcionada por los análisis de Ciencia con Futuro para las elecciones del pasado 20 de Diciembre y la convocatoria del 26 de Junio con una revisión de algunos de los aspectos clave de las propuestas de los principales partidos.