Al margen de la ley

Que una importante política española se haya dado a la fuga para intentar evitar una multa de tráfico confirma, por si cabía alguna duda o aún guardábamos alguna esperanza, que vivimos en un país relajado ante la ley. O como algunos lo denominan en clave de humor o de denuncia, una república bananera. España es un país donde el comportamiento de la clase política, en lugar de dar ejemplo de civismo, nos incita al fraude y al engaño, dando a entender que éstos son hechos cotidianos, comportamientos sin importancia ni consecuencias. Desgraciadamente, no sólo nos incita la clase política a quebrantar las normas con su ejemplo. Las instituciones van mucho más lejos y nos empujan sin pudor a la trampa. Y el ámbito de la financiación y gestión de la investigación científica no escapa a esta cruel y bochornosa realidad.

La financiación de proyectos de investigación es un tema sensible que se vuelve escabroso, especialmente en esta época de recortes que vivimos. La financiación es ahora más que nunca incierta, escasa y tardía. Como consecuencia, los científicos (como tantos otros colectivos) buscamos dinero debajo de las piedras para financiar la investigación, para prorrogar contratos de estudiantes que terminan el doctorado y no tienen forma de seguir investigando, de investigadores postdoctorales con más experiencia que no encuentran alternativa para cuando se termina su contrato.

En este contexto, el 20 de enero de 2014, el BOJA publicó (páginas 19-21) un extracto del contenido de la Resolución de 16 de diciembre de 2013 por la que se conceden incentivos por valor de 835.921,91 euros a los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. ¿Por fin buenas noticias? Sólo a medias: la resolución se refiere a la convocatoria de 2011 y, por tanto, tal y como especifica la orden de 11 de diciembre de 2007, publicada en el BOJA de 5 de enero de 2008, que regula las solicitudes y la concesión de dichos incentivos, los fondos concedidos deben gastarse durante el año en que se solicitaron y el siguiente: es decir, los fondos concedidos en la resolución de 16 de diciembre de 2013 tenían que haberse gastado antes del 31 de diciembre de 2012. (La resolución provisional había aparecido en BOJA en octubre de 2013.)

¿Kafkiano? Ni siquiera. Simplemente bananero. La orden que regula la concesión de los incentivos estipula que “el plazo máximo para dictar resolución será de tres meses, contados desde la fecha de finalización del plazo para presentar solicitudes” (31 de marzo de 2011), y que “se podrá entender desestimada la solicitud” si no se ha dictado resolución en ese plazo. ¿Por qué, entonces, resuelve la Junta de Andalucía conceder los incentivos con 27 meses de retraso? Respuesta conspiratoria: para tener un presupuesto de investigación aparente sin que le cueste. Respuesta ingenua: porque está haciendo malabares presupuestarios para poder financiar la investigación.

La respuesta conspiratoria parecería paranoica si no fuera porque tiene claros precedentes. El presupuesto estatal de I+D+i se divide en operaciones financieras (créditos) y no financieras (subvenciones). Gran parte de la partida dedicada a operaciones financieras no se ejecuta, porque nadie solicita los créditos. Pese a ello, es la partida dedicada a subvenciones, que se ejecuta en su casi totalidad, la que ha sufrido los recortes en los últimos presupuestos. El gobierno puede así presumir de dedicar miles de millones de euros a la investigación sin que le cueste un céntimo (en 2011, por ejemplo, quedaron sin ejecutar más de 3.000 millones de euros – y la pauta se repite).

La respuesta ingenua parecería ñoña si no fuera porque, en comparación con otras comunidades autónomas, Andalucía está haciendo esfuerzos considerables por apoyar la investigación: en el 2011, el presupuesto de Andalucía para investigación fue el 1.13% de su PIB, sólo por detrás del País Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña. Entre estos extremos, existen innumerables respuestas posibles, como que la Junta de Andalucía esté intentando obtener facturas del 2011 para justificar sus propios presupuestos ante la Unión Europea.

Cualquiera que sea el motivo por el que la Junta de Andalucía concede estos incentivos con más de dos años de retraso, lo cierto es que está invitando a la trampa. Los incentivos se dividen en tres partidas: 146.816,96 euros para material inventariable, 463.168,11 para gastos de funcionamiento, y 225.936,84 para contratar personal de apoyo. Las partidas correspondientes a material inventariable y a gastos de funcionamiento se pueden justificar (es decir: los centros pueden aceptar los incentivos y pretender que los han utilizado para realizar gastos que se financiaron con otros fondos – siempre y cuando las facturas correspondientes no se hayan utilizado en la justificación de otros proyectos).

La partida correspondiente a contratación de personal de apoyo, sin embargo, no es justificable y debe devolverse íntegramente a la Junta: la justificación de este tipo de gasto requiere la presentación de un contrato “por obra o servicio determinado” referido expresamente a la subvención que lo financia. Evidentemente, era imposible en 2011 y 2012 hacer contratos de personal con cargo a una subvención que no se resolvería provisionalmente hasta octubre de 2013.

La decisión de aceptar o rechazar las ayudas concedidas se convierte en un complejo problema de contabilidad y su gestión en una pesadilla para los gerentes de los centros que deciden aceptar los incentivos. Lo esencial, sin embargo, es que la Junta de Andalucía está ocasionando un gran perjuicio a la sociedad al institucionalizar la picaresca. Si los mismos gobiernos nos acostumbran a las maniobras de legalidad dudosa, ¿a quién le sorprenden la economía sumergida o la evasión fiscal?

Más allá del absurdo contable y legal en el que esta resolución sume a científicos y administrativos, es pertinente una reflexión más profunda sobre el respeto a la legalidad en nuestro país. ¿Cómo podemos interpretar las señales que con esta resolución nos envía el gobierno? Parece que nos dijeran que no es posible hacer un sistema legal que funcione, que sólo tienen lugar en esta sociedad los que tengan más pillería, influencias y ases bajo la manga. Pero estamos seguros de que las cosas no tienen que ser así y confiamos en que, algún día, la frase “mientras hay vida hay esperanza” perderá su ambigüedad actual.

Que una importante política española se haya dado a la fuga para intentar evitar una multa de tráfico confirma, por si cabía alguna duda o aún guardábamos alguna esperanza, que vivimos en un país relajado ante la ley. O como algunos lo denominan en clave de humor o de denuncia, una república bananera. España es un país donde el comportamiento de la clase política, en lugar de dar ejemplo de civismo, nos incita al fraude y al engaño, dando a entender que éstos son hechos cotidianos, comportamientos sin importancia ni consecuencias. Desgraciadamente, no sólo nos incita la clase política a quebrantar las normas con su ejemplo. Las instituciones van mucho más lejos y nos empujan sin pudor a la trampa. Y el ámbito de la financiación y gestión de la investigación científica no escapa a esta cruel y bochornosa realidad.

La financiación de proyectos de investigación es un tema sensible que se vuelve escabroso, especialmente en esta época de recortes que vivimos. La financiación es ahora más que nunca incierta, escasa y tardía. Como consecuencia, los científicos (como tantos otros colectivos) buscamos dinero debajo de las piedras para financiar la investigación, para prorrogar contratos de estudiantes que terminan el doctorado y no tienen forma de seguir investigando, de investigadores postdoctorales con más experiencia que no encuentran alternativa para cuando se termina su contrato.