¿Una oportunidad perdida para reflotar la ciencia española?

La ciencia española permanece desde hace años en un punto muerto como resultado de la decadencia inducida por males crónicos como la ausencia de una inversión suficiente y estable, el anquilosamiento y la burocratización de una estructura de gestión cada vez más ineficiente, la incapacidad para catalizar una verdadera asociación entre los sectores público y privado, y la contribución testimonial de las empresas al gasto total de I+D+i del país. A pesar de estas limitaciones, el sistema científico español mantiene a duras penas un honroso desempeño global, apoyado en el elevado nivel científico, la motivación incombustible y el sacrificio personal de los investigadores y académicos. 

La crisis del Covid-19 ha puesto en evidencia tanto las carencias sistémicas como la fortaleza que puede sacar, reinventándose, el personal científico y técnico. Se ha hecho mucho y muy rápido, con grandes esfuerzos de gestión creativa (para sortear los sempiternos obstáculos burocráticos) y de coordinación científica (para aprovechar la creciente interdisciplinariedad de nuestros investigadores), aunque también han aflorado las largas sombras que lastran la capacidad global del sistema. Los grandes avances alcanzados en muy poco tiempo en aspectos tan variopintos como el desarrollo de vacunas, la detección del virus en el ambiente, o los programas de modelado espacial del riesgo de contagios, se han obtenido forzando al sistema de I+D+i a dar respuestas rápidas en ausencia de un tejido previo suficientemente sólido. En esta situación de estrés el sistema científico ha alcanzado rápidamente sus límites, evidenciando una vez más las serias dificultades para el desarrollo de productos y aplicaciones prácticas a partir de las innovaciones propias que tenemos en este país. 

El emperador de la ciencia española ha demostrado estar tan desnudo y sin traje como los emperadores de los sistemas de salud y de cuidados a personas dependientes.

Por eso, la comunidad científica española y la sociedad en su conjunto esperaba con ansiedad un cambio de rumbo decidido. Un cambio que habría sido posible con la puesta en marcha de un auténtico plan de choque para recuperar la I+D+i (un plan anunciado este jueves por cierto), la delineación de la nueva Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 en el Ministerio de Ciencia e Innovación, y el nuevo Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) que desarrolla el Ministerio de Universidades. 

Sin embargo, el plan de choque, anunciado a bombo y platillo, tiene una financiación tan magra que solo invita al desánimo: 1.056 millones de euros (M€), en un país que vio descender su inversión en I+D+i hasta 1.880 M€ anuales entre 2008 y 2014, y que en 2018 apenas alcanzaba a igualar el gasto de 2008. Aunque es cierto que el diagnóstico ofrecido por el preámbulo del Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación es sumamente esperanzador, los fondos dedicados a financiarlo se limitan a un mero aumento del 0.085% del PIB. Una cifra muy poco ambiciosa y muy alejada de la necesaria para reflotar la ciencia de un país cuya intensidad de gasto (el 1.24%) está a años luz del objetivo comunitario de alcanzar un 2% en 2020. Mil millones de euros de inversión de urgencia, no sostenida en el tiempo, para paliar una emergencia excepcional tras una década larga de desinversión anual cercana al doble de esa misma cantidad, sin contar con la descapitalización de infraestructuras, equipamientos y personal que ha supuesto esa década de penurias. Unas cantidades que palidecen por ejemplo en una comparación directa con los 3750 millones de euros destinados al Plan Impulso para subsidiar la compra de automóviles.

Es cierto que el documento del plan de choque presenta algunos diagnósticos e ideas esperanzadoras. Pero se queda muy corto en el eje principal que es la transformación de la estructura del sistema científico. Y eso a pesar de las propuestas claras de reforma que se repiten a lo largo de multitud de foros de discusión sobre la ciencia española, y que han puesto sobre la mesa del Ministerio de Ciencia e Innovación informes como el del Grupo de Trabajo Multidisciplinar sobre Cambios en el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es por lo tanto muy preocupante el desinterés del plan de choque por el peor lastre de la I+D+i española: los obstáculos burocráticos a la ejecución del gasto, que llevan más de una década convirtiendo los presupuestos en papel mojado - y que ni siquiera reciben una mención fugaz en la introducción del documento. Estos obstáculos ya eran desmedidos e inmanejables antes de 2008, pero se multiplicaron entonces siguiendo la oleada de recortes, cuando los cuerpos administrativos de ministerios, universidades y OPIs articularon un discurso que, buscando proteger sus prerrogativas, criminalizaba a los ejecutores del gasto - animados por unos gobiernos (regionales y central) que descubrieron enseguida que era mucho más sencillo y aséptico limitarse a impedir o dificultar muchísimo la ejecución de los presupuestos que recortar más estos presupuestos, y los resultados de cara a las arcas del Estado eran los mismos: ahorro.

La distribución de gastos del plan de choque también arroja luces y sombras. Por un lado, una quinta parte de esa cantidad (215,3 millones de euros) se dirige a reforzar rápidamente la investigación biomédica y en salud pública, algo que parece lógico en el actual contexto de urgencia. Además, se limita la inversión en créditos a empresas a tan solo un tercio del presupuesto total. Esta partida ha demostrado ser la más propensa a las trampas contables, tanto por su falta de ejecución (que redujo la ejecución presupuestaria a mínimos históricos de forma directamente proporcional a la cantidad adjudicada a este gasto en los presupuestos) como por la laxitud de su seguimiento científico-técnico y contable (mucho más relajado y proclive al fraude que el de la subvenciones directas) y por la relajada exigencia de devoluciones (que no se ejecutaban al declararse la empresa solicitante en quiebra). Pero, por otro lado, la distribución de partidas no parece seguir ningún esquema racional reconocible, y combina partidas excesivamente magras para temáticas urgentes y caras, con partidas inexplicablemente específicas que parecen derivar directamente de cesiones a lobbies o grupos de presión o interés particulares, o que hace pensar incluso en la existencia de partidas económicas ya comprometidas previamente. 

Estas partidas contrastan con el pequeño aumento en la financiación de investigación a través del presupuesto para proyectos del Plan Nacional de I+D+i. O con el ligero aumento destinado a recursos humanos y “atracción de talento”, algo especialmente sangrante en la semana en que se han publicado los resultados de las convocatorias nacionales de contratos para doctores Juan de la Cierva, Torres Quevedo y Ramón y Cajal, con tasas de éxito inferiores al 15% a pesar de la indudable calidad de los candidatos y candidatas que se presentan todos los años. Con el presupuesto asignado, la tasa de éxito del programa estrella Ramón y Cajal, que busca atraer a investigadores experimentados para que formen sus propios grupos de investigación, no llegará a doblar la paupérrima tasa de éxito actual de menos del 10%. Sobre todo si realmente se está pensando en un plan de choque que retenga al menos la gran base de científicos de primer nivel que estarían dispuestos a formar parte del sistema científico español con el estímulo de una carrera profesional clara y estable, y niveles adecuados de financiación. 

Si el plan de choque desanima por su magra inversión, los borradores de la estrategia de I+D+I y del estatuto del PDI (Personal Docente e Investigador) que han circulado los ministerios correspondientes representan un jarro de agua fría para quienes aún confiaban en la posibilidad de implementar un sistema científico que responda a las necesidades de cambio de modelo productivo y social del país. El borrador de la Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación es completamente insuficiente y decepcionante, mientras que el del Estatuto del PDI no viene a solucionar ningún problema real ni afronta siquiera los más acuciantes de la universidad española.

Particularmente preocupante es la forma de abordar el problema de la contratación y evaluación con consecuencias del personal de la universidad y OPIs. Es cierto que el plan de choque presenta una novedad significativa en este sentido, con la promesa de creación de una figura de contratos de tenure-track que permitan la estabilización a medio plazo de los investigadores, siempre que superen una serie de evaluaciones periódicas de su desempeño. Esta idea de contratos que llevan a la estabilización ya estaba presente en los contratos Ramón y Cajal, mediante las ayudas a la contratación de investigadores que superaran la evaluación I3. Y también se realiza de facto en muchas universidades españolas mediante la concatenación de contratos de Profesor/a Ayudante Doctor (por tiempo definido) y Profesor/a Contratado Doctor (indefinido). En ambos casos, la estabilización depende de convocatorias abiertas, que tergiversan el sentido de los concursos públicos, a la vez que crean inseguridad jurídica en la progresión de la carrera profesional. Esto crea un serie de vicios que se convierten en los principales lastres del sistema, como la endogamia crónica, la maraña de obstáculos presupuestarios y burocráticos que impiden la atracción de talento internacional, y el crecimiento de la brecha entre los “excelentes” (a quienes se ofrece todo), los “estabilizados” (a quienes no se ofrecen medios para trabajar pero no se les exige que los busquen) y los “precarios” (a quienes se mantiene como fuerza productiva en condiciones poco menos que infames). 

Desgraciadamente, en lugar de abordar estos problemas, la redacción actual del estatuto del PDI y de la estrategia española de Ciencia, Tecnología e Innovación se proponen reforzarlos - en nombre de una “exigencia de responsabilidades” que, aparentemente, sólo puede ejercerse sobre el personal contratado. Esto podría haberse solucionado mediante un sistema claro y coherente de tenure-track y evaluaciones continuas, llevadas a cabo de manera externa a la Universidad. Sin embargo, esta medida no aparece en el borrador de Estatuto del PDI. En este borrador sí que se regula el estatus del Profesor/a Asociado (profesionales de otros ámbitos que dan un número reducido de clases en la universidad) y se elimina de facto la figura de Ayudante Doctor. Pero en lugar de crear un sistema de tenure-track para el profesorado universitario (que recordemos que también tienen la investigación entre sus funciones básicas), la redacción actual del estatuto se limita a crear una carrera de contratados indefinidos equivalente a la actual que incluye las categorías de funcionarios de Profesor/a Titular y Catedrática/o de Universidad. Y aunque prima que en los concursos y oposiciones el jurado esté compuesto por más miembros externos a la universidad que internos, deja en las universidades (y sus departamentos) la potestad de regular dichos concursos. 

Si el sistema administrativo y judicial no ha sido capaz de garantizar la limpieza de los procesos selectivos bajo el sistema altamente regulado de oposiciones, imaginen lo que va a ser con sistemas de contratación mucho más relajados y menos transparentes. Y si tampoco ha conseguido controlar el nepotismo y el abuso de autoridad, imaginen cuando catedráticos vitalicios reinen sobre profesores e investigadores que dependen de ellos para renovar sus contratos. Los borradores abandonan toda pretensión de combatir la endogamia, de implementar un control estricto de la limpieza en los procesos de acceso a la función pública, y de introducir una evaluación plurianual de la productividad y calidad de los investigadores funcionarios que tenga consecuencias sobre las promociones, los salarios - y, en caso necesario y con las necesarias garantías, el despido. Sistemas así funcionan ya en democracias consolidadas, como por ejemplo en los Países Bajos, por lo que no son ninguna utopía. Sea el gobierno de izquierdas o de derechas, aquí parece que todo se soluciona con la varita mágica de la desfuncionarización.

Una carrera científica que funcione de verdad, atraiga talento y evite la endogamia en el sistema científico y universitario español debe incluir tanto evaluaciones externas periódicas, como categorías profesionales equivalentes para investigadores y docentes, de manera que se facilite tanto la equidad salarial como la movilidad transversal entre instituciones académicas, ya a sean investigadores de OPIs o PDI de universidades. Además, debe afrontar el estatus y la progresión profesional de los técnicos de investigación y tecnólogos, proporcionando niveles semejantes y la posibilidad de avanzar en la carrera en función de sus logros y aportes a la investigación. Dicha homogeneización debe definirse además para todos los estadios de la carrera investigadora, desde los contratos predoctorales hasta catedráticas y profesoras de investigación, y extenderse a contratos ofrecidos por cualquier administración o entidad pública, con la posible salvedad de suplementos para trabajadores de centros radicados en las ciudades o regiones con el coste de vida más elevado.

Finalmente, de los tres documentos que analizamos tan sólo el borrador del Estatuto del PDI contempla medidas específicas para disminuir la brecha de género. La progresión de las mujeres en la carrera investigadora es mucho más difícil que la de los hombres, pasándose de porcentajes de entre el 60 y el 50% de mujeres con contratos predoctorales al 40% en los contratos Ramón y Cajal o en el personal investigador del CSIC, y de poco más del 25% de Profesoras de Investigación en esta institución. Es difícil evaluar qué medidas pueden funcionar mejor para paliar esta brecha persistente en nuestro sistema científico, pero limitar el abordaje de este problema en la Estrategia de Ciencia 2021-2027 a su inclusión dentro de un eje estratégico (el 14) que busca promover el espíritu crítico sobre diferentes problemas sociales no parece una apuesta decidida por paliar este problema. Como tampoco lo es no incluir ninguna medida para paliar el impacto que ha tenido el confinamiento en el rendimiento de investigadoras/es con niños pequeños y/o a cargo de personas dependientes.

Vista la evidencia, parece claro que la pandemia no ha servido para dar a la ciencia el valor que se merece. Pese a compartir el diagnóstico que hemos delineado en este artículo, ni la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 ni el Estatuto del Personal Docente e Investigador afrontan en profundidad y con el necesario rigor los problemas estructurales de nuestro sistema de ciencia, innovación y universidades. Los planes y reformas propuestos son profundamente decepcionantes, ya que no inciden de manera significativa en las tres grandes carencias del sistema español de I+D+i: la mala gestión del propio sistema, su nula capacidad de atraer y retener talento mediante empleo de calidad, y la endémica falta de financiación. Aunque las cantidades que es necesario invertir para dar un vuelco a nuestro sistema de I+D+i son irrisorias comparadas con la inversión en el resto de partidas presupuestarias, podría ser hasta comprensible que la financiación se resintiera durante la crisis económica post-Covid en la que estamos entrando. Pero lo que nos parece inexcusable es la ausencia de medidas decididas para desencallar la gestión de la ciencia, para estructurar la carrera científica y para poner coto por fin a la endogamia. Es inexcusable porque tan sólo requieren voluntad política y conocimiento del sistema, no financiación extra o adicional. Sin ellas nos quedamos una vez más con una profunda y descorazonadora sensación de tiempo perdido. Y eso es muy difícil de explicar, y muy difícil de digerir por un colectivo cada vez más desanimado y exhausto. El presunto plan de choque es triste, decepcionante y terriblemente inexplicable.

“Texto elaborado por Joaquín Hortal, Fernando Valladares, Adrián Escudero y Luis Santamaría.”