Una inversión de 142 millones de euros procedentes en su mayoría de fondos europeos están en riesgo de perderse por la inacción del Gobierno valenciano que dirige Carlos Mazón. En febrero del pasado año, la entonces ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y el entonces vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, firmaron un acuerdo con 23 ayuntamientos para la rehabilitación de barrios, tanto viviendas como viales, con el mencionado importe.
Se trata de ayudas destinadas al desarrollo de actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (2021-2026), financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.
El llamado Programa de Barrios, traducido en cifras, implicaba la rehabilitación de más 90.000 metros cuadrados de muchos pueblos y ciudades de todo la Comunitat Valenciana, mejorando más de 7.000 viviendas. Para ello, un total de 23 ayuntamientos elaboraron y presentaron sus proyectos, cuya ejecución se debe completar antes del año 2026 para no perder las ayudas europeas, salvo que se concediera una prórroga.
Sin embargo, a preguntas de elDiario.es, la actual Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que dirige la vicepresidenta del PP, Susana Camarero, no ha dado respuesta alguna sobre el estado de tramitación de estos proyectos, ni desde el pasado mes de julio cuando tomaron posesión del cargo se ha dado información al respecto.
23 municipios de la Comunitat Valenciana beneficiados
Durante el pasado mandato, en una primera resolución de la Generalitat Valenciana se aprobaron ayudas a 14 municipios por valor de 84.725.011 euros.
Los municipios a los que se destina la financiación son Castelló de la Plana, con una aportación de 9.999.825 euros; Alicante, con 9.996.012 euros; Elche, con 9.963.980 euros; València, con 9.735.524 euros; Alcoy, con 7.500.000 euros; Torrevieja, con 7.498.986 euros; Gandia, con 6.380.170 euros; Picassent, con 2.345.869 euros; Petrer, con 2.439.295 euros; la Vall d´Uixó, con 2.488.137 euros; Oliva, con 3.745.211 euros; Sant Joan d'Alacant, con 4.963.110 euros; Altea, con 4.925.184 euros, y Burjassot, con 2.743.703 euros.
En diciembre de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la aprobación de un incremento de la financiación en la dotación presupuestaria de más de 58.123.653 euros, pasando de 84.725.011 euros a 142.848.665 euros, repartidos entre los ejercicios 2022 a 2026 de manera plurianual, lo que posibilitaba completar la concesión de ayudas.
Con ello se ha logrado cubrir la totalidad de los 31 expedientes referentes a las intervenciones de rehabilitación en barrios vulnerables de los 23 municipios que cumplieron con las bases reguladoras de la convocatoria.
Los ayuntamientos de la provincia de Alicante que resultaron beneficiados en esta segunda fase fueron los municipios de Aspe (dos solicitudes que suman 3.172.670,04 euros) y Alcoy, que agregó así un nuevo entorno para rehabilitar (1.696.330,10 euros) al ya aprobado.
De la provincia de Castellón se atendieron las solicitudes de Almassora (3.882.693 euros), Morella (538.629 euros) y una actuación más de Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) de Castelló de la Plana (4.097.733 euros), que había quedado como supletoria en la primera concesión.
Por lo que respecta a la provincia de Valencia, se concedieron subvenciones a los municipios de Alberic (4.272.337 euros), Énova (1.349.314 euros), Mislata (4.999.954 euros), Picanya (4.184.217 euros), Rafelbunyol (2.448.428 euros), Sagunto (7.499.914 euros), además de tres nuevos ERRP delimitados por València (importe total de 3.983.027 euros) y uno más en Gandía (905.700 euros).
El 10 de enero del pasado año, la Generalitat y los 23 ayuntamientos suscribieron el acuerdo bilateral para la puesta en marcha de los proyectos, de los que no se ha vuelto a dar información.