Tras la primera denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude (AVA) de un aspirante a la cobertura de plazas de Policía Local en Benidorm mediante un proceso de consolidación de empleo temporal, el organismo que dirige Joan Llinares recibió 17 denuncias adicionales. El agente que tenía las respuestas en otros proceso de selección para el mismo cuerpo policial —absuelto por la sección décima de la Audiencia Provincial de Alicante a pesar de haberse “acreditado” que tuvo acceso a las respuestas correctas antes del examen— fue uno de los afortunados que superó la prueba.
En el análisis de las 18 denuncias, Antifraude destaca la “especial relevancia” de la “sospecha de realización de filtraciones de información privilegiada en favor de determinados opositores participantes en el proceso selectivo”. La AVA inició las pesquisas, en un principio. ante las “determinadas irregularidades para favorecer presuntamente a los agentes de la policía local interinos que ya prestan servicios (...) en la superación de las pruebas”.
Dos de los aspirantes, reza la denuncia inicial, fueron calificados como no aptos en el primer informe psicológico del 8 de abril del 2021 a consecuencia de un error en sus respectivos códigos anonimizadores. El Órgano Técnico de Selección adoptó un acuerdo que permitía la revisión de una prueba sin previa solicitud por escrito en el tiempo establecido.
A pesar de que se siguió el mismo criterio con otros aspirantes, “no consta que se haya publicado o dado publicidad a dicha decisión, aunque consta que se ha dado publicidad a la decisión mediante la publicación del acto administrativo resultante de la aplicación de dicha decisión, sin que se hubieran presentado alegaciones al mismo, por lo que se respetó el derecho de los i interesados”. Además, tampoco contaba que “se haya otorgado nuevo plazo al resto de aspirantes”, concluye Antifraude.
Del total de aspirantes presentados, agrega la AVA, 62 “pertenecen o han pertenecido al Cuerpo de Policía Local de Benidorm, de los cuales 26 resultaron aptos y 36 no aptos”. Aunque la agencia no ha hallado prueba so indicios de la posible existencia de fraude o corrupción, sí que considera que “se ha producido déficit en el adecuado cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y sus principios generales” en materia de acceso al empleo público.
El cambio de criterio del órgano técnico de selección , “así como la no concesión explícita de un nuevo plazo para todos los aspirantes”, es un “supuesto de irregularidad no invalidante” ya que es un vicio que no priva al acto de aquellos requisitos indispensables para que alcance su fin, ni produce indefensión al interesado (no se presentaron alegaciones ni recursos a la publicación del listado de aspirantes que resultaron aptos en el test de personalidad).
No obstante, agrega Antifraude en las conclusiones definitivas de su investigación, “la correcta tramitación con el fin de aumentar las garantías de los aspirantes en el proceso selectivo debería haber implicado la publicación explícita del acuerdo del órgano técnico de selección”, además de “la concesión explícita de un nuevo plazo a la totalidad de los aspirantes, con el fin de que pudieran ejercitar las acciones que en derecho les correspondiesen”.
La AVA ha recomendado al Ayuntamiento de Benidorm que dicte instrucciones internas para que los tribunales de selección “ante cambios de criterios sobrevenidos” publiciten explícitamente las modificaciones, concediendo un plazo expreso a todos los aspirantes en el proceso selectivo“ y que los justifiquen de forma motivada ”incorporando a las correspondientes actas los informes de los asesores técnicos que soporten las decisiones“.
La investigación de Antifraude, una de las 79 convocatorias relacionadas con la cobertura de puestos de Policía Local en municipios valencianos, desvela que el agente J. J. M. N. superó la prueba denunciada por hasta 18 opositores. Se trata del mismo policía que contaba con las respuestas del examen antes de otra prueba y que fue absuelto al no haberse podido acreditar que el presidente del tribunal le pasó las respuestas.
A pesar de la absolución, la sección décima de la Audiencia Provincial de Alicante no albergaba “ninguna duda” de que el policía “dispuso de la información sobre las respuestas del examen”, tal como abundaban los testigos que aseguraron que el opositor, incluso antes de que fuera repartido el cuestionario, “comenzaba a contestar las preguntas de las que aún no disponía”. Más al sur, en Alicante, unas recientes pruebas de selección han sido cuestionadas al haber obtenido las mejores notas aspirantes vinculados masivamente a cargos políticos y mandos policiales.