Un 84,5% de las personas que residen en el País Valenciano y que no han sido nacidas aquí saben hablar “poco” o “nada” en valenciano. Así lo muestra el informe sobre el estado de la lengua de Plataforma per la Llengua, que apunta sobre este conocimiento insuficiente de la lengua propia de los recién llegados que un 45,8% dice que no sabe hablar nada, y el 38,7% que solo “un poco”.
Respecto de la comprensión oral del valenciano, el 43,1% de las personas encuestadas que han nacido fuera del país afirma que entiende el valenciano “bastante bien” o “perfectamente”, mientras que el 15,8% afirma que no lo entiende “nada”, y el 41,0% que solo “un poco”.
Ante este situación Plataforma per la Llengua explica que el conocimiento del valenciano entre las personas de origen foráneo “sería fácilmente mejorable si la difusión de la lengua propia del territorio fuera una prioridad de la Administración en las actividades que se dirigen a la población adulta venida de fuera”.
Esta situación se produce en un contexto en el que en la zona valencianohablante del País Valenciano únicamente un 28,1% de los habitantes se consideran usuarios habituales de la lengua, el que supone un total de 1.237.659 personas.
Justicia
Uno de los apartados especialmente que se ha destacado en el informe es la presencia y uso del valenciano en los órganos judiciales, situación que califica como “alarmante” puesto que en territorio valenciano tan solo hay un juzgado de los 214 que emplea con normalidad la lengua propia del país. Se trata del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Montcada, presidido por el juez Joaquim Bosch, especialista en Derecho Civil valenciano y ex portavoz de la organización Jueces para la Democracia.
Plataforma per la Llengua asegura que la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública del País Valenciano no ofrece datos totales sobre el número de sentencias o documentos judiciales que se redactan en valenciano. Tampoco hay a estas alturas ninguna oferta de cursos de formación en valenciano para los funcionarios de la Administración de Justicia. Añaden además que “en varias ocasiones se han denunciado vulneraciones de derechos lingüísticos porque los órganos judiciales denegaban traducciones al valenciano con el argumento que había que evitar dilaciones indebidas, una práctica totalmente ilegal.