El Parlamento valenciano ya tiene su veredicto sobre las causas del accidente de metro en Valencia en julio de 2006. El siniestro, el peor en la historia del transporte público en España, dejó 43 muertos y 47 heridos y, durante diez años, ningún responsable. Ahora ya hay 13: el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, el entonces conseller de Agricultura, Juan Cotino, y otros 11 cargos políticos o técnicos.
La comisión, con el apoyo de todos los grupos excepto el PP, establece que la línea 1 de Metro Valencia no era segura, que el gobierno del PP urdió una trama para ocultar la verdad, que no trató con dignidad a las víctimas y que la televisión pública valenciana tapó y manipuló la información sobre el siniestro.
Ana Barceló, la portavoz del PSPV-PSOE en la comisión, resumió la postura de los cuatro grupos que han colaborado durante los trabajos de la comisión, el socialista, Compromís, Ciudadanos y Podemos: “El PP abandonó el transporte público mientras invertía en grandes fastos. Camps no trató con con humanidad ni con sensibilidad a las víctimas. Al contrario, montó un operativo para tapar la verdad y no deslucir la visita del Papa” Benedicto XVI, que se produjo días después del accidente.
Isaura Navarro, de Compromís, fue más lejos: el PP no quiso investigar “porque hacerlo significaba colaborar en su imputación”. “El accidente fue previsible y evitable con una simple baliza que evitara el exceso de velocidad”. Diez años más tarde, el lema de las víctimas, que no han dejado de pedir justicia desde 2006, ha cambiado, de “43 muertos+47 heridos= 0 responsables” ha pasado a ser “43 muertos+43 heridos= 13 responsables”.
En la misma línea se expresaron, en una sesión parlamentaria con presencia de las víctimas y marcada por las lágrimas y la emoción, Alexis Marí (Ciudadanos) y Fabiola Meco (Podemos). La voz discrepante -expresada con un voto particular al dictamen aprobado- la puso el PP. Sin querer entrar en el debate, y mostrando su apoyo a las víctimas, el diputado Alfredo Castelló tildó la comisión de “tribunal de excepción” con conclusiones inconsistentes, no argumentadas e inoportunas.
Castelló sí ha reconocido “errores” de su partido en la gestión política del siniestro. El pleno de las Corts Valencianes, que debatirá el dictamen de la comisión este mes de julio, lo ratificará entonces. Tras el análisis de cientos de documentos, 150 horas de audiencia, la comparecencia de 73 personas y 20 sesiones de trabajo, nunca más se podrá hablar, una década después, de “cero responsables”.