La acusación popular del 'caso Taula', que ejerce la entidad Acción Cívica contra la Corrupción, ha pedido que no se archive la instrucción de la pieza separada relativa al presunto saqueo de la empresa pública Ciegsa, dedicada a la construcción de colegios. Se opone así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción que consideraba que los hechos presuntamente delictivos estaban prescritos.
El escrito reprocha al Ministerio Público que no tuviera en cuenta el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que “correlaciona las adjudicaciones de las obras el dinero recibido” por la trama. Los investigadores del Instituto Armado también establecían “irregularidades en las contrataciones y la consecuente malversación del dinero público”.
“Entendemos lógico que, si no se ha tomado en cuenta la investigación y el concienzudo trabajo de la UCO de la Guardia Civil (...), el Ministerio Fiscal haya llegado a una conclusión errónea”, agrega Acción Cívica contra la Corrupción.
Anticorrupción consideraba que el presunto delito de cohecho, supuestamente cometido entre 2005 y 2006, está prescrito. La pieza separada relativa a Ciegsa nació de las grabaciones secretas efectuadas por Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero' de las que se desprendería que junto con Alfonso Rus, expresidente popular de la Diputación de Valencia, “cobraron ciertas cantidades de dinero” de algunas adjudicaciones públicas para ola construcción de colegios, según Anticorrupción.
Sin embargo, no se puede establecer una “perfecta correlación entre el dinero recibido y una concreta obra adjudicada”, afirma el escrito del fiscal Fernando Maldonado, que “ni cita siquiera” el informe de la UCO, según reprocha la acusación popular.
Acción Cívica considera que los hechos no han prescrito “teniendo en cuenta que han pasado casi cuatro años de las últimas diligencias practicadas”. “Tanto la unidad de investigación de la UCO, como juez instructor y el Ministerio Fiscal (hasta ahora), han afirmado desde la formación de esta pieza separada que existían indicios de la comisión de los delitos de cohecho, prevaricación y malversación”, recuerda la acusación popular.
El escrito lamenta que la “comisión de unos graves delitos” puede quedar impune“ por la ”falta de persecución penal y una eficiente judicialización“.