La adjudicación de 48 millones que la UCO vincula en el 'caso Azud' con pagos al PSPV: regalos y un mail “confidencial”

Un regalo navideño de una empresa contratista ha situado al expresidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el socialista Juan José Moragues, como imputado en la pieza separada 7 del 'caso Azud', que investiga los pagos en B de la trama a las campañas electorales del PSPV-PSOE en 2007 y 2008. El hilo del que estiró la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil parte de un documento “especialmente revelador” intervenido en la vivienda del exresponsable de Finanzas del PSPV-PSOE investigado en la trama, José María Cataluña. Concretamente en un sobre con el logotipo de los socialistas valencianos localizado por los agentes en el dormitorio de su domicilio en Gilet (Valencia).

El sobre contenía dos hojas. En el primer documento aparecen anotaciones cuyo encabezado resalta: “Adjudicación sin IVA tramo E”, en relación a la licitación de las obras del nuevo trazado del Júcar-Vinalopó por parte de la empresa pública Aguas del Júcar SA. El texto incluye, según la UCO, un “reparto de porcentajes” que distingue entre una supuesta facturación en A y en B, asociada a las iniciales de las empresas Acciona y Construcciones Luján.

Ambas empresas fueron adjudicatarias del tramo más caro, por un total de 48 millones de euros. Mientras que Construcciones Luján abonó gastos electorales del PSPV, tal como ha acreditado la UCO en esta pieza separada, la instrucción también investiga en la pieza principal una presunta mordida de Acciona, por valor de 2,2 millones de euros y repartida entre el abogado José María Corbín, cuñado de Rita Barberá, y su socio Diego Elum, a cuenta de la gestión del saneamiento en Valencia.

Un “porcentaje” del 1,26%

El documento intervenido a Cataluña refiere un apartado A vinculado a una “factura a cobrar a UTE (condición de adjudicación)” mientras que el B alude a una “factura a recuperar en proyecto (teóricamente)”. “Sobre el importe de adjudicación de un contrato público”, indica el informe de la UCO incorporado a la pieza 7 del 'caso Azud', “se calcula un porcentaje de aproximadamente el 5%” a cobrar a las empresas como “condición de adjudicación”. Sobre este mismo importe, también figura un “porcentaje del 1,26%” que debe ser desembolsado por la adjudicataria.

En el segundo documento del sobre, esta vez manuscrito, aparece una lista de 10 empresas, nueve de las cuales resultan adjudicatarias de los millonarios contratos de los cinco tramos en los que se dividieron las obras del trazado del Júcar-Vinalopó.

En otro documento hallado en un segundo registro de la vivienda del extesorero socialista, para cada tramo aparece una empresa y un importe correspondiente. El tramo E se adjudicó por 48,4 millones de euros a la UTE formada por Acciona Infraestructuras SA y Construcciones Luján SA.

La UCO vincula estas anotaciones con presuntas comisiones que, en última instancia, se habrían destinado al pago de gastos electorales del PSPV-PSOE. Así, la constructora de Javier Luján, que también estuvo implicada en el 'caso Taula', abonó 120.060 euros a una de las empresas encargadas de elaborar material electoral de los socialistas para las elecciones municipales y autonómicas de 2007, como parte de los abonos en B que investiga la instrucción. El pago de las facturas coincidió en el tiempo con la licitación de las obras del tramo E.

Además, un correo electrónico de la empresa de Jaime Febrer, considerado el corruptor del 'caso Azud', enviado al letrado José Luis Vera, presunto enlace de la trama con instituciones controladas por los socialistas, hace referencia (como “tema pendiente”) a una “comida” con Juan José Moragues, entonces presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). En las anotaciones de José María Cataluña también aparece una referencia a “Marugán” vinculada a cuatro mercantiles, entre ellas a Construcciones Luján.

El expresidente de la CHJ, marido de la exalcaldesa socialista de Gandia Pepa Frau, también recibió un regalo navideño valorado en 450 euros por parte de una de las dos empresas adjudicataria del tramo E de las obras, según revela la UCO.

Regalos navideños a funcionarios

Los investigadores de la Guardia Civil localizaron en el registro de la empresa Acciona un correo electrónico con “una etiqueta de carácter confidencial”, con fecha del 28 de noviembre de 2006, en el que dos directivos aluden a los regalos de navidad. En el intercambio de e-mails se recoge la tabla de regalos del año anterior (un total de 496 presentes por un valor total de 112.950 euros) y piden un “reestudio” de los presentes navideños “en función de las prioridades comerciales”.

La lista de regalos “especiales” de la delegación de la empresa en Valencia reseña 73 obsequios a personas pertenecientes o vinculadas a administraciones públicas por un valor total de 31.050 euros.

Otro correo electrónico, remitido el 2 de mayo de 2006 por Juan José Fernández González (entonces directivo en Valencia de Acciona y actualmente investigado en la causa), reseña las impresiones que le ha causado una reunión con Juan José Moragues y con José María Marugán, entonces consejero delegado de Aguas del Júcar y también investigado en la pieza 7. El e-mail, tal como destaca la UCO, se envía “20 días antes de que finalice el periodo para presentar las ofertas”.

El directivo de Acciona dice que ha asistido al encuentro con “el ánimo de hacerles ver que nos han de adjudicar el tramo más grande”. Juan José Fernández relata que sus interlocutores socialistas agradecieron la “disciplina” de Acciona al presentarse en UTE con Construcciones Luján. En la conversación se alude a la posibilidad de que se adjudicara el tramo E (el más caro) a cambio de algún tipo de operación (“el mejor regalo que podemos hacerles”, dice el directivo).

A pesar de que Marugán les habría “dejado meridianamente claro” que la intención de Aguas del Júcar era adjudicarles el tramo B (“el de menor importe”, lamenta Fernández), la adjudicación final fue del tramo E (el más caro de los cinco).

La UCO detecta que en la reunión se habrían tratado cuestiones que “nada parecen tener que ver con el contrato objeto de licitación”. “Del contenido de estos correos”, agrega el informe de la Guardia Civil, “se evidencia la aparente existencia de condicionantes y criterios ajenos a los principios rectores de la contratación y a los intereses de la administración pública que podrían haber tenido incidencia en la licitación que se investiga”.