Renace el caso de la restauración de los libros antiguos de Luis Caruana Font de Mora en el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración (Ivacor). La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha revocado, tras los recursos de la Fiscalía y del sindicato CGT que ejerce la acusación popular, el auto de sobreseimiento libre que dictó el titular del Juzgado de Instrucción número 4 y procesa a la exresponsable del Ivacor, Carmen Pérez, y a la actual directora Gemma Contreras por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.
El auto de la Audiencia convierte en provisional el sobreseimiento acordado sobre Caruana, propietario de la docena de libros antiguos restaurados y del que “no puede estimarse que haya incurrido en ninguna responsabilidad penal”. Sobre Pérez y Contreras, “no puede descartarse en este momento procesal la comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos que se imputan por las acusaciones”, señala el auto adelantado por Las Provincias y al que también ha tenido acceso este diario.
Si bien la Audiencia de Valencia no cuestiona que el pago de la restauración de los libros antiguos se ajustara al precio de mercado, tal como atestiguaron dos peritos, sí que cuestiona la forma de subcontratar a dos restauradoras externas al Ivacor. De la docena de libros restaurados, solo dos lo fueron directamente por el instituto público valenciano. El resto de trabajos fueron facturados por Dicarta SC, una sociedad creada por las dos restauradoras externas.
En algunos casos, el importe pagado es inferior al presupuestado y, además, Caruana tampoco habría ingresado a Hacienda el importe de las retenciones del IRPF de algunas facturas, sin que eso tenga que ver con esta causa penal. El auto se centra en la contratación de dos técnicas externas al Ivacor, según sus responsables, por la sobrecarga de trabajo de la entidad. “Se prescindió total y absolutamente de todo procedimiento administrativo”, señalan los magistrados.
La externalización reviste “especial gravedad” porque supuso un perjuicio económico para la entidad pública. “No solo se omitió el preceptivo expediente administrativo para llevar a cabo la contratación sino que se prescindió del mismo contrato”, agrega el auto. Así, los trabajos de restauración se adjudicaron verbalmente “y se dispuso que se facturaran al margen del Ivacor”.
La Audiencia de Valencia considera que “de ninguna manera puede calificarse como penalmente irrelevante una actuación administrativa que prescinde de los procedimientos legalmente establecidos hasta el punto de concretar contratos verbales con personas o entidades ajenas a la entidad”.
El organismo público solo facturó por la restauración de dos libros, sin percibir cantidad alguna por los 10 restantes, a pesar de que nunca salieron de las instalaciones del Ivacor. Los servicios que presta el instituto, recuerda el auto, “no deben ser gratuitos para los particulares que se lucran con los mismos”. “Menos aún”, continúa, “cuando esos servicios no se limitan a un asesoramiento general, sino que conllevan una actuación concreta y efectiva, con utilización de medios personales y materiales del Ivacor”.
Todas las restauraciones se hicieron en las dependencias del Ivacor contando con sus medios materiales. El instituto encargado de la restauración destinó sus medios humanos y materiales al examen de los libros, a la evaluación de los trabajos a realizar y a la confección de un presupuesto, por lo que supuso un coste económico para el Ivacor “en beneficio exclusivo de un particular” (de ahí el presunto delito de malversación de caudales públicos que se imputa a Pérez y Contreras).
Gemma Contreras, entonces directora del departamento de Obra Gráfica y candidata socialista al Ayuntamiento de València, fue quien tomó la mayor parte de las decisiones respecto a estos trabajos mientras que la entonces directora Carmen Pérez “conoció y aceptó, al menos en parte” la actuación de su subordinada, actual directora, y además firmó gran parte de los documentos.