Vino a decir Freud que si dos están siempre de acuerdo significa que uno de ellos piensa por ambos. No ocurre eso en el Gobierno valenciano. Como se ha demostrado esta semana, los dos socios, el PSPV-PSOE y Compromís, discrepan sobre la posición que el Ejecutivo que comparten debe mantener en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que la Generalitat Valenciana ha acabado votando a favor del objetivo de déficit del Gobierno de Pedro Sánchez, modificando así la abstención mantenida en una reunión anterior.
Esa discrepancia ha abierto la primera crisis de importancia en el gobierno del Pacto del Botánico esta legislatura. Presionado por la necesidad de alinearse con el Gobierno central de su mismo signo político, el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, que negoció personalmente el asunto, decidió considerar suficiente contrapartida que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asumiera buena parte de la deuda todavía pendiente en Valencia por la celebración de la Copa América (350 millones de euros de cerca de 460) y que la ampliación del margen de déficit y una devolución del IVA retenido en la época de Rajoy permitan elevar a unos 850 millones el cómputo de recursos suplementarios para las arcas valencianas.
Pero Puig no consultó la propuesta ni comunicó a sus socios el cambio de voto. Eso hizo que la líder de Compromís, la vicepresidenta Mónica Oltra, pusiera el grito en el cielo por lo que calificó de decisión “unilateral” y consideró una deslealtad contraria a los usos y costumbres de un pacto que ha funcionado hasta ahora mejor de lo que muchos pronosticaban. La queja ha sido secundada por Antonio Estañ, el líder de Podemos que apoya desde las Corts Valencianes al Gobierno autonómico y que coincide con Oltra en advertir de que el valenciano no es un “gobierno socialista”, sino de coalición.
Para los valencianos, la posición en el Consejo de Política Fiscal y Financiera resulta clave porque es allí donde debe sustanciarse una reforma del sistema de financiación autonómica de cuya reivindicación han hecho bandera el Gobierno del Botánico y la práctica totalidad de la sociedad estos últimos años, tras constatar que la Comunidad Valenciana resulta la peor tratada por un modelo todavía vigente pese a estar caducado. Las repercusiones de la infrafinanciación son graves sobre la prestación de servicios públicos y escandalosas en términos de endeudamiento.
La reforma de la financiación ha sido una de las principales banderas valencianas frente al Gobierno de Mariano Rajoy y, en teoría, sigue siéndolo ante el de Pedro Sánchez, que nada más llegar a la presidencia se apresuró anunciar que no se produciría esta legislatura, arrojando un cubo de agua fría sobre una reclamación con la que se había identificado reiteradamente cuando estaba en la oposición.
Mantener ese pulso no es, pues, una cuestión menor. Y Puig y Oltra, el PSPV-PSOE y Compromís, discrepan sobre cómo hacerlo. La formación valencianista no está dispuesta a apoyar las líneas macroeconómicas del Gobierno si no hay movimientos palpables hacia una “reparación” del problema financiero de la Generalitat. Y se dispone a hacer valer sus votos en el Congreso para conseguir cosas tangibles. Su portavoz, Joan Baldoví, reclama a la ministra de Hacienda una negociación, que incluye un calendario de la reforma y medidas que supondrían unos 1.800 millones para la Comunidad Valenciana, si quiere contar con el apoyo de Compromís para sacar adelante el cuadro general de sus cuentas.
Compromís no va a seguir a los diputados socialistas para votar a favor. Pero tampoco a Podemos. Gobernar en minoría es difícil, pero resulta inviable a corto plazo sin construir alianzas. Y el PSOE y Unidos Podemos han emprendido, por fin, una negociación para buscar un acuerdo de legislatura cuya aritmética, pese al apoyo seguro del PNV, será insuficiente sin la concurrencia de los dos grupos catalanes, ERC y PDeCAT, o de uno de ellos y Compromís.
A diferencia de En Comú o la Marea, Compromís no es una “confluencia” de Podemos. Ya existía antes y tiene en su territorio un peso político superior al de la formación morada. Las afinidades son grandes, hasta el extremo de que concurrieron juntos a las elecciones generales, más bien el partido de Oltra con Podemos que al contrario. Aun así, desde el principio actúan por separado en el Congreso.
Efectivamente, Pedro Sánchez necesita a Compromís en Madrid. No tanto como Ximo Puig en Valencia, donde el presidente de la Generalitat amaga con responder a la crisis convocando unas elecciones anticipadas que no se sabe muy bien qué podrían resolver. Pero el Gobierno necesita a esos cuatro diputados. La reivindicación valenciana forma parte, por tanto, de la ecuación de gobernabilidad de este nuevo escenario pluripartidista y plurinacional de la política española. Rajoy gobernó en minoría sin llegar a estabilizar apoyos suficientes. Sánchez tendrá que combinar más factores, pero dispone también de más opciones. Sus relaciones con Compromís son buenas desde que los valencianistas trataron de llevar a Podemos al voto favorable en su primera investidura fallida.
La negociación y el pacto, como el gobierno en coalición, exigen práctica, más en una cultura política en la que perviven muchos esquemas del bipartidismo. A menudo, no importa tanto estar de acuerdo en todo como marchar por el mismo camino.