Cuando el TSJ valenciano mandó sentar en el banquillo en 2011 al entonces presidente Francisco Camps propició su dimisión, pero en realidad le hizo un gran favor. Por una parte, al llevarlo a juicio ante un jurado popular hizo posible que fuese absuelto de la acusación de cohecho impropio pese a que otros fueron condenados al reconocer que habían recibido regalos de la trama Gürtel. Por otra parte, aquel denominado juicio de los trajes desconectaba los obsequios realizados por la organización corrupta del resto de delitos, mucho más graves, que todavía se instruyen (como la millonaria mordida en la organización de la visita del Papa a Valencia o los contratos de Álvaro Pérez, El Bigotes, con la Generalitat Valenciana) o que ya han sido juzgados con condenas notables (como la financiación ilegal del PP o la adjudicación de los pabellones de la Comunidad Valenciana en Fitur).
Francisco Camps ha logrado escapar hasta ahora de toda acción judicial sobre Gürtel gracias a que el TSJ valenciano se negó en su momento a considerar el de los trajes como un caso vinculado al resto de la investigación que le fue trasladada desde la Audiencia Nacional.
No ha sido el único “favor” del TSJ a Camps, claramente beneficiado de su aforamiento, porque también evitó en 2013 que le imputaran en el caso Nóos, a él y a la entonces alcaldesa de Valencia Rita Barberá, cuando rechazó hacerse cargo de la parte de la causa que envió el juez de Palma José Castro. Eso llevó a una nueva paradoja, la de que fuesen condenados, además del cuñado del rey, Iñaki Urdangarín, cargos relevantes del PP de las Islas Baleares, como el mismo expresidente Jaume Matas, y no los políticos valencianos que protagonizaron hechos similares.
A Camps se le acusó sin éxito en 2011 de cohecho impropio y ahora la jueza de Madrid Carmen Rodríguez-Medel envía al Tribunal Supremo el caso del máster que afecta al nuevo presidente del PP, Pablo Casado, con esa misma acusación, reforzada por la de prevaricación administrativa, por haberse dejado regalar un título universitario en función de su condición de político.
El cohecho impropio es una variante del soborno que no exige que se produzcan contrapartidas concretas a cambio de regalos o favores, ya que persigue la simple compra “genérica” de la voluntad de personas con responsabilidades públicas.
Es ilustrativo el recorrido de los trajes de Camps al máster de Casado porque han pasado muchas cosas en la sociedad española, en la política y en los tribunales, pero parece que los dirigentes del PP más jóvenes no han modificado los viejos hábitos y viven bajo la sospecha de los mismos delitos.
Casado, que se benefició del máster cuando estallaba el caso Gürtel, no ha tenido tiempo, ni oportunidad, se supone, de ir más allá del cohecho impropio y de la prevaricación cometida en la Universidad Rey Juan Carlos para hacerle un favor. Sin embargo, Camps superó en sus años de gobierno muchos límites porque se sintió poderoso, capaz de cualquier cosa, impune en definitiva. Hizo cosas de las que está ahora imputado, como la organización de la Fórmula 1 en Valencia y la visita de Benedicto XVI a Valencia, y otras de las que se ha librado porque, en el fondo, es un tipo con suerte.
Es bastante dudoso que un jurado popular absolviera a estas alturas a Casado o a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, ya caída en desgracia por otro máster, como aquel jurado valenciano a Camps en su momento por cinco votos a cuatro. También puede ocurrir que el Tribunal Supremo se centre en la prevaricación administrativa de la que supuestamente fue beneficiario y opte por descartar la acusación de cohecho impropio, que pondría en manos “no profesionales” el veredicto.
Decían que lo de Camps “solo eran tres trajes” y dicen ahora que Casado “hizo lo que se le pidió” con el máster, que “todo quedará en nada” y que “el PP está curtido ya en lidiar con persecuciones injustificadas”. Es cierto que una parte de la organización, la que perdió el reciente congreso, mantiene silencio, seguramente más que otra cosa por conveniencia, pero lo que resulta alarmante, después de unos años en los que la derecha española ha dejado un paisaje desolador de corrupción, es comprobar hasta qué punto un PP incorregible todavía tolera comportamientos impropios sobre los que poco a poco se estrechan las resoluciones judiciales. Por ahora, no hay catarsis, ni propósito de enmienda, ni nada que se le parezca.