AERTE , la patronal de la dependencia de la Comunidad Valenciana, no quiere que la Generalitat siga favoreciendo las cuentas de las residencias de la familia de Juan Cotino, expresidenta de las Corts Valencianes, y otras empresas del sector. La Asociación ha solicitado a la Conselleria de Bienestar Social brevedad y claridad para determinar cómo se sacarán a concurso público y abierto 3.000 plazas concertadas para que los mayores dependientes puedan elegir centro.
La patronal, en un comunicado, considera “de una gravedad extrema” que, pese a los informes en contra de la abogacía de la Generalitat y el Consell Jurídic Consultiu, se sigan “derivando personas en exclusiva hacia” los llamados “centros de accesibilidad social”, empresas privadas que tienen garantizado por ley ingresos públicos. Básicamente, estas residencias reciben dinero de la Generalitat por acoger a ancianos en sus instalaciones cuando hay centros públicos sin ocupar .
AERTE considera que este sistema es lesivo para otras empresas privadas excluidas del sistema e incluso para los centros de la Generalitat o los ayuntamientos, ya que muchos tienen plazas disponibles. Entre las empresas beneficiadas por el sistema estarían Savia, propiedad de los Cotino y el constructor Enrique Ortiz, La Saleta, Solimar o Novaire.
Solimar está presidida por Eugenio Pérez Mifsud, exalcade de Tavernes de Valldigna por el PP y comisionado de la Generalitat para la Copa del América 2007 y Novaire es de OHL, la empresa del Ibex 35 propiedad de Juan Villar Mir, imputado por supuestas donaciones ilegales al PP. La familia Cotino y Ortiz también están supuestamente relacionados con la financiación irregular de ese partido.
Informes contrarios a un sistema viejo
El sistema por el que la Generalitat beneficiaría a las empresas de la accesibilidad nace en 2001, aunque es en 2007, con Juan Cotino de conseller de Bienestar Social, cuando los beneficios de estas empresas se disparan. Ahora, tras varios informes contrarios y en medio de una lucha empresarial, la conselleria ha mostrado su voluntad de cambiarlo. AERTE considera que ese concurso pondrá fin “a una situación irregular de más de cinco años de desigualdades”. Es una “decisión valiente”, “tomada a pesar de las presiones” que podría romper el lucrativo “monopolio de plazas concertadas” que existe ahora.