Cientos de millones de euros están en juego. Y empresarios, consultores, ‘conseguidores’ o abogados están movilizados para maximizar ganancias o minimizar las pérdidas. ¿El campo de batalla? La Generalitat, la conselleria de Bienestar Social exactamente. ¿El botín para el ganador? Parte del ingente negocio generado por la atención en residencias y otros centros de asistencia a ancianos. ¿El desencadenante de la guerra? El trato de favor dispensado por la Generalitat a varias empresas del sector, entre ellas, la de la familia de Juan Cotino, el que fuera todopoderoso miembro del sector cristiano del PP valenciano.
Cotino lo ha sido casi todo en política. Concejal con Rita Barberá en los 90, fue director general de la Policía con José María Aznar y conseller en varios gobiernos de la Generalitat. Dejó la política en 2014, cuando era presidente de les Corts Valencianes, acosado por varios escándalos. Sorprendentemente, su gestión al frente de Bienestar Social no es uno de ellos. En 2007, introdujo varias novedades en el sector que beneficiaron a varias empresas, entre ellas un grupo de residencias propiedad de su sobrino, Vicente Cotino, y Enrique Ortiz, el empresario más poderoso de Alicante.
Savia, La Saleta, Solimar o Novaire reciben desde entonces financiación pública por acoger a ancianos en sus instalaciones cuando hay centros públicos sin ocupar e, incluso, residencias públicas cerradas. Solimar está presidida por Eugenio Pérez Mifsud, exalcade de Tavernes de Valldigna por el PP y comisionado de la Generalitat para la Copa del América 2007 y Novaire es de la empresa del Ibex 35 propiedad de Juan Villar Mir, imputado por supuestas donaciones ilegales al PP. La familia Cotino y Ortiz también están supuestamente relacionados con la financiación irregular de ese partido.
El negocio generado por las decisiones de Cotino con las llamadas plazas de accesibilidad es notable. Savia incrementó un 182% en tres años las estancias pagadas con dinero público, que además eran más rentables. Varias decisiones del conseller mejoraron la rentabilidad de estas empresas, que vieron aumentada la subvención que percibían. El negocio iba viento en popa: con Cotino en Bienestar Social, entre 2006 y 2009, la empresa de su familia multiplicó por cuatro sus ingresos procedentes de la Generalitat: de 11,2 a 40,5 millones de euros.
Desde entonces, y a pesar de la morosidad crónica de la administración valenciana, el negocio ha seguido siendo rentable. Las empresas de las plazas de accesibilidad han cobrado en ocasiones antes que otras del sector de propiedad pública pero gestión privada. Y los intentos de cambiar el sistema han fracasado. El anterior conseller de Bienestar Social, Jorge Cabré, fue destituido tras comunicar oficialmente su intención de reducir las plazas de accesibilidad. El chiringuito, sin embargo, no se sostiene. Mucho menos cuando la viabilidad del resto del sector está amenazada.
Trato de privilegio
La abogacía de la Generalitat ha emitido un duro informe contra las plazas de accesibilidad. Entre otros argumentos, sostiene que el modelo impulsado por Cotino concede un «injustificado trato de privilegio de unos empresarios frente a otros“ y ”es claramente atentatoria al principio de igualdad al impedir de forma injustificada la futura libre concurrencia“. Y, en consecuencia, la Generalitat, según el vicepresidente, José Ciscar, prepara ”un proceso abierto, transparente que pueda permitir el mayor número de operadores posibles y dar el mejor servicio a las personas“. Según fuentes del sector, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, está encima del asunto.
Savia y el resto de empresas beneficiadas por el modelo Cotino están presionando a la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana. Incluso amenazan con llevarla a los tribunales. La patronal del sector, Aerte, apoya un concurso abierto al que todas las empresas puedan acudir en igualdad de condiciones. Otros operadores creen que la iniciativa privada debería ser utilizada, salvo excepciones, sólo cuando las plazas públicas estén cubiertas. Y ese no es el caso ahora. Mientras, en Bienestar Social guardan silencio. Para algunos, prudencia. Para otros, miedo. Salvar a los amigos de Cotino y muchos millones de euros están en juego.